domingo 17  de  marzo 2024
Nicaragua

La Iglesia declina invitación a participar en conversaciones entre régimen y oposición en Nicaragua

La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha expresado su agradecimiento por "ser tomada en cuenta" en el proceso, pero dijo que "siente que deben ser los laicos" quienes asuman la responsabilidad de gestionar este momento

La Iglesia católica de Nicaragua ha anunciado este viernes su decisión de no aceptar la invitación a participar en una nueva ronda de conversaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición para intentar poner fin a la crisis política que se extiende en el país desde hace cerca de un año.

En su comunicado, recogido por el diario local La Prensa, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha expresado su agradecimiento por "ser tomada en cuenta" en el proceso y ha resaltado que "espera que estas negociaciones tengan este espíritu de búsqueda de la verdad y la justicia".

Pese a ello, ha manifestado que "siente que deben ser los laicos los que asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación" y ha comunicado que "no estará presente físicamente en el foro de negociaciones".

"Acompañaremos como pastores estos momentos cruciales de nuestra patria, ejerciendo nuestra misión profética y dedicándonos 'a la oración y al ministerio de la Palabra'", ha agregado, citando así un pasaje de la Biblia.

El Ejecutivo de Nicaragua y la Alianza Cívica, que aglutina a la oposición del país, aprobaron a finales de marzo nueve de los doce puntos de una propuesta inicial durante la primera jornada del diálogo nacional.

El Ejército de Nicaragua emitió posteriormente un comunicado en el que expresa su apoyo a las negociación nacional para intentar poner fin a la crisis política del país a través de este diálogo, suspendido desde mayo de 2018, cuando las protestas derivaron en violentos enfrentamientos que, según organismos defensores de Derechos Humanos, dejaron más de 320 muertos y 600 detenidos.

Las protestas que vivió Nicaragua entre abril y julio de 2018, desencadenadas en un primer momento por un plan de reforma de la seguridad social, se han traducido en cientos de detenidos, muchos de los cuales llevan recluidos en prisión preventiva "largos periodos de tiempo", según un reciente comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

FUENTE: Con información de Europa Press

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