En un carta, exministros de Relaciones Exteriores de la región pidieron tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática de la OEA y expresaron su "profunda preocupación" por el "ilegítimo" proceso electoral en Nicaragua. Reprudcimos la intervención del Dr. Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asitencia Electoral IDEA:

Buenas tardes a todas y todos

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Señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Josué Fiallo

Excelentísimos Embajadores, Representantes Permanents y Representantes Alternos

Señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Señora Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Senor Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Señoras y señores Embajadores

En nombre del Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, y en el mío propio, deseo agradecer esta honrosa invitación para analizar la grave situación que atraviesa Nicaragua.

Desde el programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional hemos dado un atento seguimiento a la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega desde hace diez años. Nuestro reciente Informe sobre el estado de la democracia en el mundo, da cuenta del proceso gradual y permanente de deterioro y de regresión democrática que ha sufrido este país durante la última década hasta convertirlo en un sistema autoritario.

La grave situación que vive Nicaragua no es nueva para la OEA. Es una de las que más atención ha recibido de parte de esta organización. Se han adoptado numerosas resoluciones y llevado a cabo varias gestiones con el doble objetivo de evitar, por una parte, que Nicaragua profundice su deriva autoritaria y, por la otra, ayudarla a regresar a la senda democrática.

Lamentablemente el gobierno autoritario de Nicaragua no solo ha ignorado todas estas recomendaciones sino que ha manipulado los procesos de diálogo que intentaron buscar una salida pacífica a la grave crisis, reformando la ley electoral a su favor, adoptando nuevas leyes para cerrar todos los espacios de competencia política e instaurando un estado policíaco caracterizado por una fuerte represión, grave violación de los derechos humanos y una impunidad estructural tal como lo han denunciado y documentado numerosas organizaciones de DDHH, entre ellas la CIDH, la Corte IDH y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Durante el presente año, desde IDEA Internacional hemos dado seguimiento muy de cerca al proceso electoral. Junto con el observatorio nicaraguense “Urnas Abiertas” y la Universidad Andrés Bello de Venezuela, elaboramos un detallado informe pre electoral en el que denunciamos la existencia de un plan doloso, de parte de la dictadura, para acabar con la democracia; la existencia de numerosas irregularidades en materia de integridad electoral; y, a la luz de todo estos hallazgos, propusimos suspenderlas y convocar unas nuevas elecciones con plenas garantías, advirtiendo que si éstas se llevaban a cabo en esas condiciones de marcada irregularidad las mismas carecerían de toda legitimidad y sus resultados deberían ser desconocidos.

Denunciamos asimismo la detención –entre mayo y noviembre de este año- de 40 líderes de diversos sectores, incluidos siete aspirantes presidenciales de oposición –quienes aún permanecen privados de libertad-, la cancelación de la personería jurídica de los tres principales partidos de oposición, los severos ataques a la libertad de expresión, las múltiples medidas arbitrarias adoptadas por el Consejo Supremo Electoral –órgano que está bajo control absoluto del oficialismo- y la ausencia de misiones de observación internacional independientes.

Señalamos asimismo, que además de no existir las garantías mínimas de integridad electoral, la nueva reelección de Daniel Ortega –la tercera consecutiva desde 2006 para obtener un cuarto mandato inmediato- es contraria a los principios democráticos y a la alternancia en el poder, ya que como bien señala la Corte IDH en su reciente opinión consultiva sobre las consecuencias que la reelección presidencial indefinida presenta para las democracias en los sistemas presidenciales: “la falta de limitaciones a la reelección conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder”, añadiendo que la permanencia en el ejercicio del poder de un mismo presidente por un tiempo largo puede afectar la independencia y la separación de poderes.

La misma noche de las elecciones del 7 de noviembre, emitimos una declaración firmada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Laura Chinchilla (Costa Rica), Ricardo Lagos (Chile) y Juan Manuel Santos (Colombia) y el Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciando que las elecciones se celebraron sin contar con las mínimas condiciones que establecen los estándares internacionales en materia de elecciones libres y justas, y proponiendo siete medidas concretas dirigidas a impedir a Ortega consolidar su dictadura.

Días después, y de previo al inicio del quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, desde IDEA Internacional lideramos una carta firmada por 49 ex cancilleres de la región dirigida a la Asamblea General, proponiéndole una agenda con seis medidas concretas, entre ellas, denunciar la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y desconocer sus resultados.

Constatamos, con satisfacción, que la resolución adoptada por la AG el 12 de noviembre de 201 sobre “La Situación en Nicaragua”, por amplia mayoría (25 votos a favor, 7 abstenciones y solo 1 voto en contra), es coincidente con varios de los puntos contenidos en nuestra carta arriba mencionada, especialmente en lo que refiere a que las elecciones del 7 de noviembre “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Todos estos documentos de IDEA Internacional han sido enviados oportunamente al Consejo Permanente y a la Secretaría de la OEA, y están disponibles para su consulta.

Resumiendo: la crisis que vive Nicaragua es una de las más graves desde el retorno de la democracia en nuestra región a partir de 1978. Nunca antes habíamos enfrentado una situación en la que el régimen autoritario encarcelara de previo a una elección, con tanto descaro e impunidad, a los siete principales aspirantes de la oposición, cancelara las personerías jurídicas de los tres principales partidos de oposición y sometiese al país a un estado policíaco.

Qué hacer pues frente a esta inédita y gravísima situación. Desde IDEA Internacional proponemos una agenda de cinco puntos:

1. Hay que actuar con la mayor firmeza y determinación. Mantener siempre abierta la puerta del diálogo pero acompañar la oferta de un diálogo genuino e inclusivo con un aumento de la presión internacional, que sea sostenida y contundente, sobre el régimen de Daniel Ortega para que este retome las negociaciones con los sectores de oposición democrática nicaragüense.bHay que aumentarle el costo de permanecer en el poder de manera ilegítima y disminuir, al mismo tiempo, el costo de una salida negociada, pacífica, electoral y democrática. En este sentido es muy importante vincular las sanciones políticas con las sanciones individuales y las económicas, para limitar el margen económico de la dictadura, aumentando las consecuencias económicas de la represión política, especialmente solicitar a los organismos internacionales financieros (BID, FMI, BM y BCIE) suspender todos los desembolsos de los créditos que ya están en marcha y la no aprobación de nuevos créditos hasta que el régimen ceda en su deriva autoritaria y acepte negociar de buena fe.

2. Profundizar el aislamiento internacional de la dictadura, desconociendo los resultados de las ilegítimas elecciones del pasado 7 de noviembre y exigir la realización de nuevas elecciones con plenas garantías, participación de todos los sectores sin exclusión, un órgano electoral independiente y la presencia de misiones de observación internacional calificadas.

3. Exigir la liberación inmediata de los más de 150 presos políticos –incluidos los 7 aspirantes a la presidencia. 4. Demandar el inmediato restablecimiento del orden constitucional y del estado de derecho, acompañado de la plena vigencia de los derechos humanos, dando así pleno cumplimiento a los principios contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

5. Agotar todos los procedimientos que establece la Carta Democrática Interamericana, incluido los buenos oficios, con el objetivo de alcanzar una salida negociada, pacífica, democrática y por la vía electoral en un plazo razonablemente corto y respecto del cual exista una hoja de ruta acordada entre las partes. De no prosperar esta iniciativa, proponemos se convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para aprobar la suspensión del estado de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA, conforme al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

Señoras y señores Embajadores, Representantes Permanentes y Alternos, frente a la gravedad de esta crisis no es posible aducir el argumento de la no injerencia en los asuntos internos ya que como bien ha dicho la Corte IDH: “el ejercicio efectivo de la democracia en los Estados Americanos constituye una obligación jurídica internacional y estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva”.

Tampoco es posible permitir que el régimen de Daniel Ortega consolide con total impunidad su régimen dictatorial. Esta crisis no es entre izquierda o derecha como algunos erróneamente argumentan. Es entre dictadura o democracia. Y la democracia, como bien establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Hay mucho en juego en Nicaragua. No detener la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega, además de las graves consecuencias que ello traerá para el pueblo nicaragüense –que ya está padeciendo una coyuntura muy crítica- y para la compleja situación que vive la región centroamericana (riesgo de mayor inestabilidad, aumento del flujo migratorio, potencial interrupción del comercio intrarregional, etc.) establecería un peligroso antecedente de impunidad para toda nuestro continente en un momento en que nuestras democracias atraviesan un momento particularmente crítico y desafiante.

FUENTE: IDEA

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