Ley de peligrosidad: Régimen castrista fabrica presos comunes

La pandemia de COVID-19 ha sido de gran utilidad al régimen cubano en el plano legal: le sirvió de pantalla para retrasar la aprobación de varias leyes importantes para al ciudadanía, entre ellas la Ley de Proceso Penal. Escudándose en la pandemia, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) suspendió las sesiones en las que debió aprobar dicha norma. Entre las consecuencias está que el régimen pueda seguir sacándole el jugo a la que ha sido hasta el momento su herramienta más versátil contra los cubanos y que, según el anteproyecto de la Ley, elaborado por el Tribunal Supremo Popular (TSP), debe desaparecer: la criticada "peligrosidad predelictiva", sostiene DIARIO DE CUBA.

El 16 de junio, fue condenado bajo ese cargo a Arturo Sábado Martínez, líder juvenil del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), a un año y medio de privación de libertad. El juicio en el que fue sentenciado por "peligrosidad predelictiva" Sábado Martínez tuvo lugar cuando el Proyecto de Ley de Proceso Penal ya estaba disponible en el sitio oficial del Parlamento cubano para que la ciudadanía lo consultara y enviara opiniones y propuestas de cambio antes de su aprobación en la frustrada sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que debió comenzar el 14 de julio. La propaganda oficial ha descrito el proyecto como uno de los cuerpos legislativos más modernos. Teniendo en cuenta que el cambio más relevante que contiene con respecto a la legislación vigente es la propuesta de eliminar la radicación de denuncias policiales y el desarrollo de procesos judiciales contra cubanos a los que las autoridades consideren "potencialmente peligrosos por conducta antisocial", DIARIO DE CUBA ofreció un análisis sobre este punto.

Desterrar este procedimiento de la futura Ley de Proceso Penal implica que el derecho reprima exclusivamente acciones u omisiones delictivas y que se garantice realmente la presunción de inocencia, subraya DIARIO DE CUBA.

Pero ya en junio, días antes del juicio que terminó en la condena de Arturo Sábado Martínez por "peligrosidad predelictiva", DIARIO DE CUBA llamó la atención sobre las Disposiciones Transitorias Segunda del Anteproyecto de Ley: "Hasta tanto se dicte y ponga en vigor el nuevo Código Penal, se mantiene vigente el procedimiento que regula la (vigente) Ley de Procedimiento Penal (...) para la aplicación de medidas de seguridad predelictivas".

El procedimiento de "peligrosidad predelictiva" constituye una eficaz herramienta de control social que mantiene a centenares de cubanos en prisión, como ha denunciado Prisoners Defenders, y de la que el Ministerio del Interior (MININT) no quiere desprenderse.De desaparecer, perdería una las figuras que habitualmente utiliza para encarcelar arbitrariamente a opositores pacíficos, activistas y periodistas independientes.

DIARIO DE CUBA destaca que el Gobierno cubano no reconoce que haya presos políticos en el país. Las personas que mantiene en la cárcel por disentir han sido acusadas de delitos comunes como el desacato, la desobediencia y la alteración del orden, como ha ocurrido con los manifestantes del 11J.

Pero cuando no puede ni imputarles esos cargos, la "peligrosidad social predelictiva" resulta un comodín, porque la Seguridad del Estado no necesita que la persona delinca, la encarcela por "observar un comportamiento contrario de la moral socialista, deambular por zonas afectadas por el delito y ser proclive a la comisión de hechos delictivos en el presente", como ha hecho con el líder del Frente Juvenil de FANTU.

Si el Proyecto de Ley de Proceso Penal es aprobado con esa disposición transitoria, continuarán los encarcelamientos de opositores, activistas y periodistas independientes hasta que al régimen le acomode aprobar el nuevo Código Penal.

De acuerdo al Cronograma Legislativo, que fue modificado el 17 de diciembre de 2020, el anteproyecto del Código Penal será presentado en 2022, pero no existe garantía de que se respete ese plazo. El Gobierno ha utilizado la pandemia y otros pretextos para postergar leyes relacionadas con derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras adelanta otras previstas para fechas posteriores, según su conveniencia.

DIARIO DE CUBA enfatiza que si existiera en Cuba un sistema legislativo y judicial independiente del Estado, habría ordenado una moratoria del juzgamiento de la "peligrosidad predelictiva" sin necesidad de esperar por la aprobación del nuevo Código Penal. Por otra parte, ¿la intención del régimen será aprovechar el tiempo que resta hasta la aprobación del nuevo Código Penal para continuar encarcelando o amenazando con la cárcel a ciudadanos que le incomoden? ¿O será ganar tiempo para introducir en el Código una figura delictiva que cumpla la misma función que tiene la "peligrosidad predelictiva" dentro de la actual Ley de Procedimiento Penal?

FUENTE: DIARIO DE CUBA