CARACAS. - Nicolás Maduro busca afianzar el control que mantiene sobre los venezolanos, al tiempo que intenta lograr la aceptación de facto del Parlamento designado el 6 de diciembre con la aprobación o reformas de 33 instrumentos legales entre los que se incluyen leyes comerciales, territoriales y sobre la organización y participación ciudadana basada en comunas.
En paralelo a las discusiones sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que pueda organizar elecciones, con la intención de que sean creíbles para los venezolanos y para la comunidad internacional, el régimen de Maduro se apresura para presentar un listado de leyes que se convertirán en instrumentos para liberalizar la economía, pero a la vez servirían para aumentar el control social y complacer a la izquierda comunal y algunos grupos radicales.
En esencia, con las 33 leyes que se piensan discutir o reformar existirá más control social y político y menos económico. Incluso, los analistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS sostienen que, aunque no todas las leyes terminen aprobándose, dejan muy claro cuáles son los pilares de la nueva arquitectura de poder que aspira a consolidar Maduro.
Incluso, Hugo Chávez ya intentó una reforma similar del Estado cuando en el año 2007 propuso una reforma constitucional que perseguía aumentar el control político y social; al tiempo que imponía un cambio político territorial significativo con el llamado Estado Comunal. Aunque hace 13 años esta propuesta fue rechazada en un referendo constitucional, ahora Maduro avanza sin ningún tipo de impedimentos para consolidar este cambio.
En el paquete de leyes anunciado se incluyen instrumentos con nombres particulares como la Ley para uso y disfrute del tiempo libre ante situaciones sobrevenidas que están por fuera del debate de la opinión pública y otros que generan alarma en sectores específicos. Este es el caso de la Ley de reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y medios electrónicos y de la Ley del Ciberespacio venezolano.
En estos casos particulares, Maduro adelantó durante el último trimestre del año 2020 el propósito de estos dos instrumentos: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplir unas leyes, unas obligaciones. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional. Es un tema que el movimiento Venezuela Digital debe abordar, debe estudiar, debe trabajar”.
Expertos en el área comunicacional advierten que con estos instrumentos se busca fortalecer el control en las redes sociales creando un marco legal para legitimar la censura y promover la autocensura al aumentar la persecución por las opiniones contrarias al régimen en las redes sociales.
Según Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, el fin último de la Ley del Ciberespacio es poder contar con castigos y sanciones que puedan aplicarse de forma discrecional y arbitraria que procura disuadir a la mayoría de expresarse contra el gobierno a partir de las sanciones y castigos ejemplarizantes.
Otro Estado
Mientras los periodistas y organizaciones que definen la libertad de expresión se centran en evaluar los riesgos de la Ley del Ciberespacio y la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y medios electrónicos; otros sectores de la sociedad intentan organizarse para alertar sobre los peligros de significan algunas de las leyes anunciadas por Maduro en su día a día.
Entre todas las leyes anunciadas destaca las que engloban el desarrollo del Estado Comunal.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia alerta que el proyecto de Ley de las ciudades comunales contempla un Estado paralelo al Estado democrático consagrado en la Constitución, en donde aquel tiene como fuente de inspiración la comuna, una figura a su vez sustentada en la ideología del socialismo
En varios informes de Acceso a la Justicia se alerta de que “las ciudades comunales, según el proyecto, son entidades territoriales creadas para fortalecer y establecer el Estado Comunal, Socialista y Bolivariano, que pueden recibir transferencia de las competencias municipales, estatales y nacionales (…) La propuesta se basa en el Estado Comunal y Poder Popular que el expresidente Chávez presentó en el proyecto de reforma constitucional (2007), rechazado por el pueblo mediante referendo y que luego fue reproducido en leyes por la AN (2005-2010)”.
Según este análisis, el Poder Popular depende directamente del Ejecutivo nacional, ya que la inscripción de esas entidades está sujeta a su aprobación y condiciones. “Esta Ley también pretende trasladar la prestación de servicios que corresponden al Estado hacia el ciudadano, así como recursos públicos, lo que va a crear más burocracia y gasto público, es decir, ineficiencia y corrupción (…) La aprobación de ese texto como ley consolida absolutamente el despojo de las competencias y servicios de los estados y municipios por la denominada ciudad comunal, una política que viene ejecutando el Gobierno desde hace más de una década”.
Refuerzan el control
Algunas de las leyes anunciadas por Maduro vienen a reforzar una estrategia que se impuso desde la Asamblea Nacional Constituyente, una instancia anticonstitucional que se utilizó para eliminar las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa legítimamente y por voto popular en el año 2015.
En esa Asamblea Nacional Constituyente se aprobó la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en el año 2017.
Esta normativa promulgada por una instancia que no podía dictar leyes se centra en imponer penas de hasta 20 años de cárcel por delitos como el odio; sobrepasando incluso la pena máxima establecida en el Código Penal venezolana de 16 años por el asesinato.
Entre las leyes que Maduro anunció serán reformadas se incluye justamente el Código Penal.
Otras leyes, se enfocan en limitar la acción o incluso prohibirla, de las ONG que hacen seguimiento a las violaciones de DDHH en Venezuela y cuyo trabajo se ha convertido en la fuente principal de sustento de los informes de violaciones a tratados y convenios internacionales por el régimen de Maduro.
Mientras el dictador venezolano avanza en un paquete de leyes que afiance la justificación del control político y social que ejerce sobre los venezolanos, el Tribunal Supremo de Justicia, también seleccionado por Maduro, aprobó la semana pasada la trigésima primera extensión del decreto de emergencia económica que otorga a Maduro poderes especiales para gobernar por decreto si así lo considera necesario. Estos poderes especiales se le otorgaron al mandatario en enero del año 2016.
Listado de las 33 leyes aprobadas como parte de la agenda legislativa 2021
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