“Tumultuoso y fallido, el nombramiento como ministro del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tuvo, como se esperaba, el efecto de aliviar la presión que mantiene en jaque al Gobierno de su sucesora Dilma Rousseff”, apunta un despacho de la agencia dpa. “Por el contrario, ahondó la crisis y aportó incertidumbre y caos a un convulsionado Brasil”.
Su investidura como jefe de Gabinete, suspendida por una medida cautelar poco después de concretada, desató protestas en las calles y una peligrosa puja entre los poderes del Estado.
El nombramiento del ex presidente, denunciado y con un pedido de prisión preventiva en curso por su presunta participación en la red de corrupción en Petrobras, sembró sospechas de que el objetivo era que se beneficiara con el privilegio de los fueros, inherente al cargo de ministro.
Según Igor Gielow, columnista del diario Folha de São Paulo, “Lula ha aceptado el cargo más importante en el gabinete que lo convierte en un primer ministro de facto. Es un acto desesperado para supervisar el rescate de lo que queda de su proyecto”.
Un audio divulgado en la noche del miércoles sugiere que la presidenta intentó proteger a su mentor político con el cargo, lo que llevó a millares de personas a las calles.
Reportes de CNN en español apuntan que el audio quedó registrado tras una interceptación telefónica autorizada por el juez Sergio Moro, quien investiga la posible participación del exmandatario en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Un artículo de New York Times en español recuerda que Lula, de 70 años, fundador del Partido de los Trabajadores y su figura más emblemática, entra a un gobierno que enfrenta una crisis distinta cada día. “La economía brasileña resiente el efecto de la desaceleración y de los graves escándalos de corrupción. La propia Rousseff lucha por mantenerse viva políticamente mientras miles de brasileños salen a las calles para exigir su dimisión y los legisladores preparan un juicio político contra ella”.
El artículo de New York Times remarca que Luiz Inácio Lula da Silva, que fue presidente entre 2003 y 2010, es investigado por el aumento de su fortuna desde que dejó el cargo. “En un movimiento que causó un terremoto político en Brasil, fue interrogado porque dos compañías inmersas en escándalos de corrupción (OAS y Odebrecht) hicieron remodelaciones en sus propiedades”.
Pero el exmandatario brasileño insiste en que es inocente y ha dicho que las investigaciones son intentos para desestabilizar el gobierno de Rousseff y evitar que él vuelva al poder; puestoque Lula había anunciado que buscaría la presidencia en 2018.
Sin embargo, Delcídio do Amaral, senador del Partido de los Trabajadores implicado en el caso Petrobras (una gigantesca trama de corrupción de desvío de recursos de la petrolera brasileña), llegó a un acuerdo con la Fiscalía tras ofrecer su testimonio en contra de Lula y Rousseff.
“Soy el profeta del caos”, dijo Do Amaral a los periodistas después de que anunció su pacto con la Fiscalía. Do Amaral acusó al expresidente y a su sucesora de obstrucción de la justicia; y también ha señalado que el Vicepresidente Michel Temer y el líder del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), Aécio Neves, podrían estar implicados.
“Los golpes comienzan así”
En el discurso pronunciado durante el acto de investidura, celebrado en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, con seguridad reforzada y rodeado de cientos de personas pidiendo el fin del Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), Rousseff subió el tono al criticar las investigaciones y acciones policiales y judiciales que rodean a Lula, y avisó: "Los golpes comienzan así".
La presión popular en contra del Gobierno avivó a su vez el trámite relativo a un pedido de destitución de Rousseff que se tramita en el Congreso. Con la expresa intención de que el proceso se realice lo antes posible, la Cámara de Diputados instaló este jueves la comisión especial que hará el primer análisis de la petición, dando así arranque al proceso que puede costarle el cargo a Rousseff.
Ese proceso se zanja primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, a través del voto de los legisladores. Hasta hace pocos días, Rousseff contaba los votos que tenía a su favor para frenar el proceso, como quien cuenta monedas.
Ahora, está a un paso de perder los votos de su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que es además el partido con mayor bancada en ambas Cámaras, junto con el PT.
Esto ocurrió porque, además de Lula, Rousseff colocó como ministro de Aviación Civil al diputado Mauro Lopes, del PMDB.
El partido amenazó el sábado con abandonar la coalición oficialista y prohibió por 30 días -plazo en que definirá si rompe o no con el Gobierno- que sus miembros asuman un cargo en el Ejecutivo.
Pese a esa decisión, Rousseff invitó a Lopes a integrar su Gabinete, Lopes accedió y el vicepresidente Temer, presidente además del PMDB, se enojó.
Además de no asistir a la nominación de Lula y Lopes, coordinó una reunión para definir, ya no dentro de 30 días, sino en la última semana de marzo, el casi seguro divorcio con el PT.
En síntesis, pocas horas después de que Lula fuera investido ministro con la esperanza de que su influencia política diera oxígeno a un Gobierno agonizante, y después de la orden judicial para la suspensión de su nombramiento, la situación en Brasil es peor que ayer.
Las calles arden con manifestaciones que si bien no son multitudinarias como las que el domingo arrastraron a más de tres millones de personas, son de varias centenas que advierten que permanecerán en vigilia en la avenida Paulista, en Sao Paulo, y en Brasilia, para exigir la salida de Rousseff y de su eventual "primer ministro".
A su vez, en el Congreso el proceso de "impeachment" comienza con la amenaza de que el hasta hace poco principal aliado del PT se cambie de bando.
Y el Poder Judicial y el Ejecutivo intercambian graves acusaciones y ponen en tela de juicio el equilibrio que debería primar entre ellos, por el bien de las instituciones del país.
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