El 21 de diciembre de 2024 seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de varias nacionalidades desaparecieron entre las poblaciones de Barra San José, en el municipio de Mazatán, Chiapas
Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba. Imagen referencial.
AFPVarias madres y una abuela cubanas que viajaron a México con visas humanitarias para buscar a sus familiares desaparecidos en diciembre de 2024, mientras usaban redes de tráfico de personas para llegar a la frontera de ese país con Estados Unidos, regresaron a la Isla sin haber hallado ninguna pista,
Las familias de los migrantes desaparecidos, procedentes de Cuba, Honduras y Ecuador, recorrieron durante varios días albergues, la estación migratoria, centros penitenciarios, mercados y distintos puntos de concentración de migrantes en Tapachula y Mazatán, con la esperanza de obtener alguna información que les ayudara a dar con el paradero de sus allegados, reseña el portal web Diario de Cuba según información del medio local Diario del Sur.
Todos viajaron hasta Chiapas llevando consigo fotografías, documentos y fichas de búsqueda de sus seres queridos.
El primer día, en el Albergue Belén, se encendió para ellas una luz de esperanza, cuando una persona afirmó haber visto a uno de los desaparecidos. Sin embargo, la información no pudo ser verificada, por lo que quedó como una versión, explicó Diario del Sur.
Aunque tuvieron que volver a sus países sin respuestas sobre lo ocurrido con sus familiares, las madres advirtieron que continuarán la búsqueda y exigiendo a las autoridades mexicanas investigar las desapariciones registradas en la frontera sur.
También llamaron a las autoridades federales y estatales a reforzar las investigaciones y dar con el paradero de sus familiares que se perdieron buscando el llamado sueño americano, señaló el medio mexicano.
El 21 de diciembre de 2024 seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de varias nacionalidades desaparecieron entre las poblaciones de Barra San José, en el municipio de Mazatán, Chiapas, y Juchitán, en Oaxaca, mientras eran trasladados vía marítima en un trayecto de 420 kilómetros.
Esa fue la última vez que se tuvo noticias de Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba; Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba; Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras; así como de Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años; Dayranis Tan Ramos, de 32 años; Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años, y su madre, Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, todos de Cuba.
Entre los desaparecidos en el mismo grupo aparece además el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad.
Los migrantes permanecieron varios días en una casa de color verde en Barra San José, donde los traficantes estacionaban varias camionetas.
Un grupo de alrededor de 20 personas abordó una lancha hacia Juchitán, según contaron algunos en llamadas telefónicas con sus familiares. Los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron a Cuba entre las 7:45 y las 8:21 AM de ese día para avisar que emprenderían la travesía. Nunca más hubo noticias de ellos.
Las madres buscadoras estuvieron acompañadas por miembros de la Red Regional de Familias Migrantes, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.
A inicios de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) calificó como probables crímenes de lesa humanidad las decenas de miles de desapariciones en México, a lo cual la Cancillería local reaccionó calificando el informe como "tendencioso" e infundado.
Existe una creciente presión internacional por la magnitud del fenómeno de personas desaparecidas en México, que superan las 130.000 desde 2006.
El CED anunció su decisión de elevar el asunto a la Asamblea General de la ONU apoyado en la existencia de "indicios fundados" de desapariciones forzadas en el país, incluyendo posibles casos con participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, recalcó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a nivel nacional ni desde las más altas esferas, pues basta con la existencia de patrones sistemáticos contra la población civil.
Pese a la reacción oficial, grupos de familias buscadoras de desaparecidos de la Ciudad de México sostuvieron que el documento no es "tendencioso" ni "falto de rigor", sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano "se niega a asumir".
"El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133.000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83.000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar", precisaron.
FUENTE: Diario de Cuba
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