CARACAS.- Nicolás Maduro está decidido a buscar recursos desde todas las fuentes posibles. El mes de febrero inició con la segunda discusión de la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Aunque este instrumento está vigente desde el año 2015, el principal cambio es que se buscar pechar las operaciones que se realizan con divisas y criptomonedas. Ayer, la Asamblea ilegítima a servicios de la dictadura aprobó la ley.
La dolarización transaccional que vive Venezuela -el entorno de Maduro la califica de comercialización en divisas- ha generado beneficios importantes, no solo al país, sino también al régimen de Maduro.
La mayoría de los economistas coinciden en que está dolarización transaccional ha ayudado a Maduro a darle impulso a la economía, estabilizar los medios de pago y adicionalmente generar certidumbre en una economía que atravesaba una hiperinflación y al mismo tiempo recesión. Ahora los agentes económicos pueden planificarse, ahorrar, etc. La comodidad de transar en divisas (sobre todo en dólares norteamericanos) fue una muy buena noticia para los venezolanos. A pesar de todo esto, desde el Ejecutivo modifica la ley para tratar de captar impuestos de dólares y en criptomoneda.
Esta medida se enfoca en dos objetivos principales: aumentar la recaudación tributaria. En este caso es relevante recordar que por el tema de las sanciones los ingresos petroleros han sido golpeados de manera importante y aunque en 2021 se obtuvo más del doble en ingresos petroleros que en 2020, el panorama de flexibilización de sanciones petroleras luce un poco complicado o al menos no de solución de corto o mediano plazo.
Fuentes del régimen sostienen que la meta es que este nuevo tributo pueda llegar a posicionarse con un 10% o más del total de la recaudación tributaria del país.
El segundo objetivo de este nuevo impuesto es mucho más preocupante. El economista Luis Oliveros explica que fuentes cercanas a Maduro hablan de que estarán buscando crear incentivos para que se recupere la demanda interna de moneda nacional, impulsando que el uso del bolívar sea más “barato” (porque no pagará impuestos) vs. el uso del dólar (que si pagará tributos).
20% de impuesto
El informe de la reforma elaborado por la Asamblea Nacional designada en 2020 indica que los pagos en divisas o criptomonedas activos que haga cualquier persona natural o jurídica, a través de la mediación de una institución financiera, tendrán un impuesto entre 2% y 8%.
No obstante, también establece que si la persona natural o jurídica paga con divisas en efectivo o criptomonedas sin utilizar una institución financiera el impuesto se ubicaría entre 2% y 20%. Por el momento, el impuesto a las transacciones en divisas y criptomonedas quedó con una alícuota se fijó en 2,5%.
Según el economista José Guerra, una alícuota que oscila entre 2% y 20%, “claramente esto va en contra de la dolarización transaccional que ha impulsado el mismo gobierno. Mientras más impuestos les ponga a las transacciones, menores van a ser las transacciones y aunque van a tratar de recaudar más, van a haber menos transacciones. Al final lo que va a ocurrir es recauden menos con esas tasas tan elevadas”.
Según los economistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS la consecuencia inmediata de este impuesto será trasladar esa carga impositiva entre los distintos actores del sistema económico, en particular aquellos que se vean sometidos al pago de este impuesto. El efecto previsible será un incremento en la inflación. Esta medida, solo puede explicarse si se considera que la motivación de la reforma está asociada con una vocación recaudadora por parte del régimen de Maduro.