El funcionario también denunció que a estos ciudadanos se les niegan las visitas consulares, el derecho a la defensa y un proceso justo. Además, exigió el fin de las desapariciones forzadas y de las prácticas de torturas o tratos inhumanos, degradantes, incluyendo los actos de violencia sexual y de género.
Más allá de eso, a la fecha no se ha informado sobre acciones efectivas del gobierno de Pedro Sánchez que apunten hacia la liberación de sus connacionales en poder del régimen venezolano. Los familiares de los presos políticos han señalado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cercano al chavismo, no ha movido sus nexos en pro de sus compatriotas.
En ese contexto, el Partido Popular (PP) y Vox denunciaron el olvido del presidente Sánchez hacia los presos políticos. Reprocharon que el ejecutivo español no tome medidas para defender a sus ciudadanos.
El 2 de septiembre, el PP dijo que, al menos, tres españoles (sin otra nacionalidad), están recluidos en cárceles venezolanas y cuestionó que el gobierno de Sánchez no haya avanzado en sus liberaciones.Vox acusó a Sánchez de ser "cómplice" de la dictadura de Maduro y de abandonar a sus compatriotas para no incomodar a sus aliados. El partido subrayó: "El gobierno español debería velar por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo".
María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas de Valencia College en Florida, señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que el silencio de Rodríguez Zapatero es llamativo, dado que ha sido mediador para la liberación de presos políticos venezolanos.
“Al menos debería haber alguna presión porque es el gobierno del Partido Socialista Español (PSOE). Si fuese que estuviera el PP o VoX sería otra cosa. Para mí, no es tanto que Rodríguez Zapatero no tenga influencia, pero hay que tener en cuenta que España está pasando por un problema tremendo de corrupción en el PSOE y de abuso de poder, tráfico de influencia y enriquecimiento”, señala.
Puerta añade que la imagen de Rodríguez Zapatero no es buena dentro ni fuera de España. La analista asevera que, quizás haya algún tipo de negociación, pero el régimen de Maduro no quiere entregar a presos con perfiles como el de la activista Rocío San Miguel, una de las presas con nacionalidad venezolana-española.
“No hay nada en contra de ella, simplemente la tienen como una rehén. Todos los presos políticos son rehenes y por eso los expedientes no tienen sustento”, puntualiza Puerta.
La investigadora explica que, dada la categorización de rehenes, el régimen chavista retiene a estos detenidos para un fin concreto. En ese sentido, señala el ejemplo de cuando se dio el intercambio del empresario colombiano Alex Saab, actualmente ministro de Maduro, por 10 presos estadounidenses en diciembre de 2023.
Añade que el preso político es un adversario ideológico y político. “El objetivo de mantenerlos en la cárcel es tener cómo negociar en caso de ser necesario, administrar su situación y esperar para cuando les resulten útiles”, indica.
María Isabel Puerta enfatiza también que la situación de los presos políticos en Venezuela es empleada para atemorizar a la población, “que es lo que hacen los gobiernos (regímenes) autoritarios”.La investigadora cree además que, en medio de las amenazas del presidente Donald Trump a Maduro, “cualquier conexión” con el régimen chavista no es conveniente y de allí la posición española.
Indiferencia de Sánchez
“El gobierno de Pedro Sánchez exhibe con orgullo sus leyes de memoria y los decretos que reparten pasaportes a nietos y bisnietos de españoles. Esa generosidad, que se vende como justicia histórica, contrasta de manera brutal con la indiferencia hacia los vivos que hoy agonizan tras los barrotes de Maduro”, señaló el dirigente opositor Julio Borges en un artículo publicado en El Debate, el pasado 11 de septiembre.
Agregó que, a estos ciudadanos, reconocidos en el Registro Civil y perseguidos en Venezuela, “nadie los defiende con la misma pasión”.Borges sostuvo que Sánchez opta por la diplomacia de la complacencia. “Su gobierno presume de exigir en comunicados europeos lo que en Caracas silencia. Se escuda en declaraciones conjuntas y notas diplomáticas que no salvan vidas ni devuelven la libertad”, señaló.
Procesados por terrorismo
Dentro de los venezolanos con nacionalidad española detenidos por el régimen están las presas políticas Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández y Ángela Expósito.
En un reportaje difundido por Antena 3, el pasado 8 de septiembre, se señaló que San Miguel, Fernando Noya, Alejandro González, Andrés Martínez y José Basoa tienen en común que son españoles y permanecen encarcelados en Venezuela acusados de terrorismo y de conspiración para acabar con el régimen de Maduro, incluso de cooperar con la CIA.
Sus familiares dicen que son inocentes."Vergonzoso lo que está haciendo Rodríguez Zapatero, que hace de intermediario con el régimen para algunas liberaciones, pero no por los españoles", señaló Verónica, hermana de Fernando Noya. Este preso está recluido en la cárcel el Rodeo I, a cuatro kilómetros de Caracas.
Añadió que a su hermano se le acusa de terrorista, mercenario y de otros delitos de los que no tienen certeza, porque no tienen acceso al expediente: "No nos han permitido tener un abogado de nuestra confianza. A él le impusieron un defensor público, es decir, quien lo acusa lo defiende".Yajaira, hermana del militar Alejandro González, indicó que no ha habido juicio ni sus abogados han podido presentarse: "Le pusieron una defensa pública que en un año y medio no ha ido a verle".
González, exesposo de Rocío San Miguel, fue comandante de la Aviación militar venezolana."Es una vergüenza. No se está haciendo nada desde España. Hemos ido a la sede del PSOE, hemos ido al Parlamento Europeo, hemos ido a la Corte Penal Internacional, por parte del gobierno no hemos recibido ni una sola llamada", aseguró Yajaira González.
Añadió que su anciano padre, que es el único de la familia que está en Venezuela, es humillado cuando visita a su hijo y que Alejandro González ha perdido 20 kilos.
Protesta ante embajada
El pasado 15 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos acudió a la sede de la embajada de España en Caracas, donde solicitó al gobierno de Pedro Sánchez que cese su omisión ante los perseguidos por disentir del régimen de Nicolás Maduro y que denuncie el aislamiento prolongado y las desapariciones forzadas en Venezuela.
Durante la protesta, que se replicó en la sede diplomática española en otros países, pidieron también que España "actúe como un canal humanitario y diplomático para impulsar la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución contra los familiares".Abogaron por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de los detenidos por razones políticas. Esto con el objetivo de garantizar las visitas en todos los centros de reclusión, el acceso a medicinas, servicios médicos y alimentos, el acceso a los abogados de confianza; y que se otorguen libertades plenas.
FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, Antena3, El Debate, Europa Press, Foro Penal
