Maduro rechaza acusaciones por crímenes de lesa humanidad

Según un comunicado divulgado por el régimen venezolano, que no aporta detalles, existirían “vínculos probados de la fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”.

Sostiene que el caso es una "agresión mediática" cargado de "falacias" y cuestiones geopolíticas. Además, adjuntó información que considera suficiente para "probar" que el proceso iniciado en su contra ante la corte en 2018 es político y no tiene fundamento jurídico.

En ese sentido, el escrito también destaca presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía en el marco del proceso, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía del TPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra el régimen.

La CPI investiga presuntos atropellos cometidos durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017 que dejaron unos 100 muertos.

El régimen venezolano insiste en que los atropellos a los derechos humanos fueron "castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial", aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio.

Las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad tienen hasta el 7 de marzo para aportar testimonios. El 31 de ese mes, el fiscal Karim Khan debe presentar un informe en respuesta a los alegatos del Estado venezolano. A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso.

La CPI y Venezuela firmaron en 2021 un acuerdo en el que Caracas se comprometió a tomar medidas para que el organismo pudiera trabajar. En marzo de 2022, los investigadores abrieron una oficina en la capital venezolana. Un mes después, Khan rechazó aplazar la investigación.

Métodos de torturas con ayuda de Cuba

El Instituto Casla entregó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un detallado informe correspondiente a los casos registrados durante el año 2021, donde se deja en evidencia que la cadena de mando, encabezada por Maduro, conoce de lo que ocurre dentro de estos calabozos.

El informe publicado por la directora del Instituto Casla y activista de los Derechos Humanos en Venezuela, Tamara Suju, asegura que en 2021, se contabilizaron 18 nuevos casos de "personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, en el contexto de la represión sistemática que el Estado venezolano lleva a cabo contra la población civil y contra oficiales de la fuerza armada que se han manifestado de alguna manera en contra de la opresión".

Una vez más el informe muestra cómo el régimen, con el apoyo de sus aliados de Cuba, ha ido modificando y mejorando los métodos de torturas, haciéndolos más efectivos para sus cometidos y más violentos para las víctimas.

A través de una serie de ilustraciones que Suju mostró durante su presentación ante la OEA, se pudo observar cómo los prisioneros son sometidos a crueles procedimientos, durante un tiempo prolongado, dejando secuelas tanto físicas como mentales.

Para Suju es claro el mensaje. "Esta cadena criminal no puede de ninguna manera zafarse de la justicia de la Corte Penal Internacional ni los tribunales federales norteamericanos, porque en EEUU, los principales responsables están acusados de tráfico de drogas. Es un entramado criminal internacional que además de reprimir a venezolanos tienen múltiples facetas de negocios en el exterior. Esto es un horror, lo que sucede en Venezuela no es un caso de dos rehenes, son 25 millones de rehenes de la peor tiranía que tiene el continente", sentenció la experta.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP