Maikel Moreno, el presidente del TSJ que no debió ser

Moreno fue elegido de manera unánime por sus 31 colegas, pese a que enfrentó dos procesos judiciales por homicidio a finales de los años 80 y principios de los 90, tiempo en el que laboró en la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); y a que fue destituido de su cargo de juez por órdenes del organismo que ahora encabeza.

El nuevo presidente del TSJ es sin embargo uno de quienes más conoce el Poder Judicial, pues ingresó a él en 1994 como alguacil, según figura en el currículo que el organismo tiene publicado en su sitio web, pero apenas estuvo unos ocho meses en ese cargo.

Con el arribo del chavismo Moreno regresó a los juzgados, pero esta vez como juez de Control, primero en Delta Amacuro y después de los sucesos del 11 de abril de 2002 terminó en Caracas. Precisamente durante los hechos que provocaron la salida temporal del fallecido Hugo Chávez del poder, el ya abogado se dio a conocer nacionalmente al ser el defensor del entonces concejal oficialista Richard Peñalver y de los demás sujetos captados en televisión disparando hacia la marcha opositora que ese día trató de llegar al Palacio de Miraflores.

Su actuación a favor de los llamados “Pistoleros de Puente Llaguno” le valió su designación como uno de los jueces antiterroristas y por ello tuvo en sus manos el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Meses después fue nombrado magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, donde logró hacerse con ese cargo de manera titular, pero aquí se vio interrumpida su meteórica carrera y el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ ordenó a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por incurrir en un error inexcusable, al favorecer a los asesinos de una abogada.

Tras verse forzado a colgar la toga y dejar el mazo, Moreno fue rescatado por el entonces canciller Nicolás Maduro, de quien se dice que es compadre; y éste lo nombró como cónsul en Roma o ministro consejero en la Embajada en Trinidad y Tobago. Sin embargo, el flamante presidente del TSJ siempre quiso regresar al Poder Judicial y por ello en 2010 intentó, sin éxito, que la Asamblea Nacional lo nombrara magistrado; y volvió a intentarlo en 2014, cuando logró a pesar de las objeciones que desde la Fiscalía, Contraloría y Defensoría formularon debido a sus antecedentes.

Su arribo al máximo juzgado no sentó bien en un principio y no podía ser distinto, pues varios de quienes impulsaron su destitución estaban en ese organismo (Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales u Octavio Sisco Riccardi). El desagrado por su nombramiento lo dejó en claro el entonces presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Emiro García Rosas, quien durante su discurso de orden en el acto de apertura judicial de 2015 afirmó: “Propugnemos un sistema disciplinario más rígido para los jueces que para los demás funcionarios, porque un juez sancionado por razones graves, si regresa al cargo, no puede motivar para la obediencia, ya ha perdido autoridad moral (…) La contraloría social debe impedir que un mal ciudadano sea juez, ni el abogado malo, ni el escandaloso, ni el licencioso, ni el violento, ni el vociferante, ni el vicioso, ni el indiscreto ni mucho menos el corrupto. Un juez debe ser, en primer lugar, una buena persona, en el mejor sentido de la expresión”.

Su accionar

Desde que llegó al máximo juzgado Moreno ha dictado sentencias polémicas como la que avaló la condena a casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López o la que negó a España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía sí estaba en el país; además ha avalado el cierre de denuncias contra altos funcionarios como los diputados Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Asimismo excolegas suyos, como la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras, lo señalaron de presionarlos para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional aún controlada por el chavismo designar a sus sucesores.

"Él (Moreno) me dijo: ‘Esto es una orden’ y que no era una cuestión de ‘pedir una jubilación’ y me advirtió que me seguiría presionando, porque era un trabajo que le dieron. Yo respondí: ‘Me están presionando y coaccionando, esto no puede pasar en la casa de la justicia’”, relató la exfuncionaria ante la Comisión especial que el Parlamento designó el año pasado para estudiar esos nombramientos.

No obstante los señalamientos en el TSJ y en el Poder Judicial hay quienes defienden al elegido. “Él por ejemplo le puso un parao (freno) a la Fiscalía”, señaló un juez que saludó la elección. A principios de 2016 Moreno ordenó a los jueces penales, de los que era el jefe, resistir cualquier presión de la Fiscalía.

“El fiscal del Ministerio Público presentará la acusación, pero no por esa simple razón el tribunal deberá admitirla”, dijo, en un acto frente a la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, según reseñó en su oportunidad el diario “Últimas Noticias”.

Pese al revuelo que la elección generó en las redes sociales, dentro del TSJ la misma ha sido recibida como una bocanada de aire fresco. “La gestión de Gladys Gutiérrez (la ya expresidenta) fue muy mala para nosotros, los funcionarios, pues no atendió nuestras solicitudes de mejoras socioeconómicas ni ninguna otra, por eso aquí ya la llamaban el óxido”, señaló un trabajador del máximo juzgado, quien pidió el anonimato.

Sin embargo, vistos nexos con el oficialismo, en particular con el presidente Maduro; y sus fallos no habría que esperar ningún cambio en la actitud del máximo juzgado en su actual conflicto con la AN.