PANAMÁ.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli, extraditado el lunes por EEUU a su país, reingresó este jueves a la prisión tras una hospitalización por una crisis de hipertensión, mientras sus abogados y el fiscal avanzan en la batalla ante la Corte Suprema por el caso contra el exmandatario por escuchas ilegales.

Martinelli, de 66 años, fue llevado cerca de la medianoche del lunes al estatal Hospital Santo Tomás, en la capital, debido a una subida de la presión arterial, que sufrió horas después de ser extraditado por EEUU, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.

"Estoy muy agradecido con los médicos que me han revisado. Muy profesionales, lamento que se hayan visto involucrados en un show mediático innecesario por la venganza de (Juan Carlos) Varela. Tenía un año de no tener acceso a cuidado médico especializado, gracias a todos en el Santo Tomás", escribió este jueves el expresidente (2009-2014) en Twitter.

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Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, ofrece declaraciones este 14 de junio de 2018 en las afueras del centro penitenciario El Renacer,  en los alrededores de Ciudad de Panamá.
Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, ofrece declaraciones este 14 de junio de 2018 en las afueras del centro penitenciario El Renacer, en los alrededores de Ciudad de Panamá.

Martinelli fue dado de alta y llevado a El Renacer, una prisión de mínima seguridad, después de que el magistrado de Garantías de la causa, Jerónimo Mejía, celebró dos audiencias públicas con los médicos que le atendieron, la última la noche del miércoles, en la que los galenos aseguraron que el exmandatario estaba ya estable tras la crisis de hipertensión.

Desde que se fue de Panamá en enero de 2015, cuando el Supremo abrió la primera de cerca de una decena de causas penales en su contra, Martinelli asegura ser un "perseguido político" de Varela, quien fuera su vicepresidente y niega esa acusación.

Y desde que fue entregado a Panamá por EEUU Martinelli sostiene, lo mismo que sus abogados, que "todos sus derechos han sido violados" en el proceso de extradición y culpa de ello al Gobierno, que se defiende con el argumento de que se limitó a tramitar un pedido del Órgano Judicial.

El Departamento de Estado de EEUU aprobó la extradición de Martinelli bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral, lo que significa que solo será juzgado por las escuchas, una causa por la que se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión, de acuerdo con la acusación fiscal.

El abogado querellante en el proceso, Ángel Álvarez, dijo este jueves a Efe que el retorno de Martinelli a la cárcel tras la hospitalización "no es nada nuevo, ni extraordinario, ni debe sorprender", pues el Supremo ordenó su detención provisional debido al peligro de fuga en diciembre de 2015, en una audiencia a la que el expresidente no asistió porque ya se había ido del país.

El cuadro de salud del expresidente, que padece dolencias crónicas de acuerdo con los partes médicos, ha sido el argumento de los abogados para pedir el cambio de prisión preventiva por otra medida menos severa.

El defensor Sidney Sittón confirmó este jueves a Efe que el próximo martes el pleno de la Corte Suprema celebrará una audiencia para atender el pedido de cambio de medida.

Solo el pleno de magistrados del Supremo puede decidir sobre las medidas cautelares de Martinelli, dado que es un diputado del Parlamento Centroamericano.

Ya Sittón había comentado a Efe que la defensa busca el levantamiento de la medida de detención, una pretensión que ha sido cuestionada por los querellantes con el argumento de que los problemas crónicos de salud de Martinelli no fueron impedimento para su reclusión durante un año en EEUU.

El fiscal en la causa de las escuchas ilegales, Harry Díaz, pidió por su parte al Supremo que se fije la fecha de una audiencia intermedia para presentar la acusación formal contra el expresidente por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública.

El escrito con la petición, que fue filtrado por los medios locales, tiene como fecha de recibido en la corte el miércoles.

De acuerdo con la acusación fiscal leída por el juez de Garantías el pasado lunes, para realizar las interceptaciones de las comunicaciones, unas "actividades ilícitas y violatorias de los derechos humanos, se estableció por parte de Ricardo Martinelli un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado social y democrático y de derecho".

FUENTE: EFE

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