La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los periodistas de Diario de Cuba Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez, Adriana Zamora García y sus familias, por considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia".

En el caso de Zamora García, las medidas cautelares alcanzan a su esposo, Ernesto Carralero Burgos, también periodista de DDC.

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En su resolución 19/2019, con fecha 4 de abril, la CIDH responde a una solicitud del Centro de Información Legal Cubalex, que denunció "amenazas, persecución, intimidación y asedio" a estos periodistas durante sus labores.

La CIDH pide al Estado que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal" de los periodistas. Además, que vigile las acciones de sus agentes represivos, "de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional (…)en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros".

Asimismo, exige a La Habana adoptar "las medidas necesarias" para que los beneficiarios de las medidas cautelares "puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia".

La CIDH precisa que esto incluye "investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar", para así "evitar su repetición".

El organismo detalló en su resolución los actos de que han sido víctimas los periodistas.

Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez Álvarez han sufrido de varias detenciones de hasta 72 horas, allanamientos de sus viviendas y confiscaciones de sus equipos de trabajo.

Ambos han sido amenazados con penas de cárcel por supuestos "delitos" relacionados con su trabajo en Diario de Cuba, como "usurpación de capacidad legal", "difusión de noticias falsas" y "propaganda enemiga", entre otros.

Ninguno de los dos ha podido recuperar sus equipos de trabajo. A Osmel Ramírez las autoridades le impiden viajar al exterior desde noviembre de 2017. En ambos casos sus familiares han sido presionados para intentar que convenzan a los periodistas de abandonar su trabajo.

Adriana Zamora y Ernesto Carralero soportaron numerosas presiones durante el embarazo de ella.

La policía política llegó a amenazar la vida de la periodista y la de su bebé, y consiguió dejar a la pareja sin vivienda cuando Zamora se encontraba hospitalizada para dar a luz.

Los dos han sido interrogados en varias ocasiones por su trabajo en DDC y la Seguridad del Estado busca ahora conseguir que abandonen el país.

A Carralero los agentes del régimen le han "advertido" que buscarán encausarlo por "peligrosidad predelictiva", que podría "tener un accidente" o "algún desconocido podría golpearlo cuando salga a realizar su trabajo periodístico".

En cualquier caso —le han dicho las autoridades—, no verá crecer a su hijo. Por otra parte, le han revelado que el plan es llevar también a prisión a Zamora.

La CIDH considera estas amenazas "de especial seriedad".

Para valorar la gravedad de la situación, la Comisión dice haber tenido en cuenta que su Relatoría Especial de Libertad de Expresión "ha expresado su preocupación por la persecución sufrida por los periodistas en Cuba, refiriéndose especialmente a las limitaciones y obstaculización al derecho de la libertad de expresión, incluyendo la criminalización de la crítica, la censura y bloqueo de información, vigilancias así como múltiples actos de hostigamiento y amenazas para amedrentar aquellos que expresen ideas críticas contra el Gobierno".

La Relatoría, indicó la CIDH, ha señalado que "en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, utilizando medidas represivas tales como 'arrestos e interrogatorios humillantes —en particular a mujeres periodistas—; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas".

Las amenazas, consideró la CIDH, "frecuentemente se reflejan en una persecución selectiva con abrir procesos penales a las y los periodistas bajo la figura penal de 'usurpación de funciones' y 'usurpación de capacidad legal'".

En cuanto a la situación de "urgencia" en que se encuentran los periodistas, la CIDH alertó que "los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, en vista de que guardaría relación con la actividad periodística que realizan" los beneficiarios, y que "resulta necesario de manera inmediata adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal".

La Comisión solicitó al Gobierno cubano que informe sobre las acciones adoptadas para proteger la integridad física y la vida de los periodistas. La Habana no suele responder a este tipo de reclamos.

FUENTE: Publicado originalmente en Diario de Cuba

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