Michelle Bachelet afirma que el régimen de Ortega sigue violando los DDHH

La crisis en Nicaragua estalló en abril de 2018 con unas protestas que comenzaron por una polémica reforma de la seguridad social y que crecieron hasta reclamar la democratización del país. Más de 300 personas murieron y decenas fueron detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó procesar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.

"Desde la presentación de mi último informe, en septiembre de 2019, las violaciones de Derechos Humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo", resumió Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 43º periodo de sesiones. Desde el 1 de agosto, la Oficina Regional en Panamá ha podido entrevistar a 221 hombres y 174 mujeres, "víctimas y testigos de violaciones de los Derechos Humanos".

Bachelet afirmó que "defensores de los Derechos Humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas por la Ley de Amnistía, familiares de personas todavía detenidas en relación con las protestas y de víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos sufren repetidos actos de intimidación y acoso" por parte de policías al servicio del régimen o elementos pro Ortega.

Bachelet, además recordó que la dictadura de Ortega niega el derecho "a la protesta pacífica".

"Es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse" y, cuando se manifiestan, aunque sea durante celebraciones religiosas, "la Policía los dispersa abruptamente o elementos pro 'gubernamentales' los atacan violentamente".

Asimismo, recalcó las "detenciones arbitrarias". Desde el 1 de agosto, el equipo de Bachelet documentó al menos 108 "detenciones arbitrarias de hasta 48 horas". Los arrestados fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

Con todo ello, reiteró su llamamiento a "reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes".

Tras las protestas de abril de 2018, Ortega ofreció un diálogo nacional a la oposición que permitió liberar a algunos presos políticos pero que se suspendió porque las partes se acusaron mutuamente de incumplir los primeros acuerdos.

Bachelet quiso realizar un llamamiento específico a la dictadura de Ortega para "implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por su oficina y otros mecanismos internacionales y regionales".

"En particular, reitero la recomendación de que permita el acceso de mi oficina al país", solicitó.

Balance sobre el éxodo obligado por la dictadura

En esta coyuntura, "hasta el 31 de diciembre de 2019 más de 98.000 nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro".

"Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso", contó Bachelet en su intervención.

No obstante, apuntó que "en 2019 la economía se contrajo en un 5,7 por ciento y la inflación y el desempleo formal aumentaron", al tiempo que resaltó que el régimen de Ortega "mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para el combate de la pobreza".

Por otro lado, expresó la preocupación de la ONU por los homicidios de campesinos -al menos 14 en 2019, todos ellos en el norte de Nicaragua- y por la situación de los pueblos indígenas que "han denunciado la presencia de colonos en sus tierras, amenazando sus territorios y recursos".

Asimismo, lamentó que "el derecho a la libertad de opinión y expresión de quienes comparten noticias u opiniones contrarias" al régimen "continúa siendo vulnerado". Por lo cual lamentó que muchos periodistas y medios de comunicación se autocensuran para no perder pautas publicitarias de la tiranía.

Además, recalcó las amenazas que han sufrido los profesionales de la comunicación así como los robos y daños a equipos e instalaciones, por informar la verdad de lo que sucede en el país centroamericano.

A este respecto, recordó que "las instalaciones de 'Esta Semana', 'Confidencial', y 100% Noticias continúan confiscadas", aunque aplaudió "la entrega de los insumos al diario 'La Prensa', después de haber sido retenidos en aduanas por 75 semanas".

FUENTE: Con información de Europa Press