“La migración inversa no es un retorno voluntario, es el reflejo de una crisis que deja a miles en el limbo. Es un flujo de regreso forzado”, según experto
Un migrante venezolano llega para tomar una lancha con destino a Colombia en Miramar, cerca de Palenque, Panamá.
MARTIN BERNETTI | AFPCIUDAD DE PANAMÁ — Los migrantes que llegan a Costa Rica desde Nicaragua, tras pasar los países del norte centroamericano, son enviados en bus al refugio CATEM (Centro de Atención Temporal para Migrantes, en donde se alojan personas migrantes) 360 km al sur de San José, en la frontera con Panamá.
De ahí abordan otro bus que cruza Panamá hasta dos centros para migrantes, Lajas Blancas y San Vicente, en el Darién, a 260 km de la capital panameña. Desde esa zona viajarían en vuelos humanitarios, pero hasta ahora no ha habido ninguno.
Muchos han cruzado México y Centroamérica a pie y en autobús tras no poder cumplir su cometido de llegar a EEUU por la política migratoria emprendida por la administración de Donald Trump.
“La migración inversa no es un retorno voluntario, sino el reflejo de una crisis mayor que ha dejado a miles en el limbo. Es un flujo de retorno forzado”, afirmó a la AFP Diego Chaves, analista del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.
No será el final del camino para muchos, sino un nuevo ciclo de precariedad y movilidad forzada, opinó Chaves, quien advirtió que urge una “estrategia regional” para atender “a quienes hoy están atrapados en este proceso”.
En un pueblito del Caribe panameño, el venezolano Luis Montilla aguarda para pagar una lancha en su camino de regreso tras no lograr entrar a Estados Unidos. Prefiere dormir en la playa a la intemperie, a estar encerrado en albergues de migrantes: “No somos animales”, dice.
Montilla, de 28 años, y otro medio centenar de venezolanos están varados en la localidad costera de Miramar, en la provincia de Colón, mientras familiares les envían los $260 que cobra a cada uno el lanchero por llevarlos a la frontera con Colombia para luego seguir rumbo a su país u otro destino.
Ni Montilla ni los otros quisieron acogerse al plan anunciado esta semana por Costa Rica y Panamá, que envían a los migrantes, en buses que ellos deben pagar, a refugios en remotas zonas fronterizas.
“Te tienen ahí como si fueras un delincuente, estás preso. La gente prefiere caminar”, afirma Víctor Díaz, de 19 años. Como cientos en el último mes, Díaz prefiere el peligro del mar a volver a cruzar la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia.
“Los migrantes son criminalizados” y los albergues en Costa Rica y Panamá “son centros de detención”, aseguró a la AFP la abogada Gabriela Oviedo, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Custodiados por policías, en esos centros los migrantes duermen en barracones, tienen comida y servicios básicos. También son sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales.
Oviedo, coordinadora de Movilidad Humana de la oficina de Centroamérica y México de CEJIL, sostiene que “los migrantes no tienen acceso a defensa ni asesoría legal” y no debería haber niños encerrados.
Más de 2,200 migrantes llegaron a Panamá en febrero en flujo inverso, según el conteo del gobierno de Panamá, muchos de los cuales recientemente hicieron el viaje al revés: rumbo al norte.
Muchos regresan al sur endeudados, acreencias que subirán porque deben pagar los buses -unos $120 desde la frontera con Nicaragua a Lajas Blancas- y las lanchas. Y eso es solo una parte del trayecto. El retorno involucra más recursos financieros, para muchos un drama social.
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE AFP
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