NACIONES UNIDAS.- La misión de investigación de la ONU sobre Venezuela advirtió de la "reactivación" de la represión en los últimos meses, marcados por un aumento de la detención de personas percibidas como opositoras al régimen de Nicolás Maduro y por la restricción de derechos civiles y políticos.
La responsable de esta misión, Marta Valiñas, compareció este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para alertar de que, desde el mes de septiembre, en Venezuela ha vuelto "la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades", con el objetivo de "silenciar las voces" disidentes e inducir un "clima de temor e intimidación".
En este sentido, denunció una "nueva ola de detenciones", en gran medida vinculadas a "conspiraciones reales o ficticias" con las que, según los expertos, las autoridades buscan "amedrentar, detener y procesar" a personas contrarias al régimen. Entre los casos examinados por el grupo figura el de la activista Rocío San Miguel, que ha estado acompañado de acciones de intimidación sobre su familia.
Valiñas aseguró que las fuerzas de seguridad siguen perpetrando "graves violaciones de los Derechos Humanos", hasta el punto de que la Guardia Nacional Bolivariana habría incurrido en crímenes internacionales. La Fiscalía, por su parte, "sigue operando como parte de la maquinaria represiva del régimen para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de las voces críticas".
Todas estas medidas tienen como consecuencia que el espacio cívico y democrático sea "cada vez más frágil", en opinión de los investigadores, que expusieron el caso de María Corina Machado, triunfadora de las primarias opositoras para las próximas elecciones venezolanas pero inhabilitada por los organismos chavistas.
"Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", lamentó Valiñas en su exposición ante el Consejo.
La misión, que lamenta "profundamente" la decisión del régimen venezolano de expulsar a la misión técnica de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, recrimina también al Ejecutivo de Maduro su falta de colaboración, incidiendo en que los investigadores solicitaron "repetidamente" información y permisos para entrar en Venezuela "sin obtener respuesta".
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Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
Cortesía Control Ciudadano
Limitaciones electorales
Por otra parte, la jefa de la misión afirmó que a pesar del Acuerdo de Barbados, que estableció una serie de garantias electorales para las elecciones presidenciales de este año, persisten las detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra los políticos opositores en Venezuela.
Estas acciones demuestran las serias dificultades para ir a comicios con pleno respeto al derecho a la participación, previsto en pactos internacionales, advirtió la Misión de la ONU, que recordó que en el Acuerdo de Barbados "las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo".
También subrayó que "el 22 de octubre, se celebraron las elecciones primarias" en las que la candidata María Corina Machado resultó ganadora "por una amplia mayoría y con una alta votación".
Sin embargo, el 23 de octubre "un diputado de un partido afín al Gobierno pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral. Dos días más tarde, el Fiscal General anunció una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales, incluidos tres dirigentes nacionales (dos hombres y una mujer) por diversos delitos, tales como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir, y contra varios dirigentes regionales por delitos similares. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias".
Agregó que en enero pasado, Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano controlado por el régimen, para intrducir un recurso ante la Sala Electoral solicitando el cese de la medida que le prohibe inscribirse como candidata a las presidenciales. Pero, el TSJ le negó esa posibilidad.
"Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", dijo la misión.
FUENTE: Con información de Europa Press / lapatilla.com