Grupo de expertos independientes de Naciones Unidas afirma en su informe que persiste la persecución y detenciones arbitrarias de opositores en Venezuela
Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.
CORTESÍAGINEBRA.- En un nuevo informe sobre Venezuela, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU señaló que las autoridades judiciales del régimen de Maduro facilitaron y encubrieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como parte de una política de Estado para asediar a la oposición.
A un año de haber presentado su reporte de violaciones en 2024, el grupo de expertos reiteró que existe una práctica “sistemática” del régimen venezolano de realizar represión y persecución al mismo tiempo contra opositores, disidentes y de personas catalogadas como tales.
En ese año, el informe de la Misión dio cuenta de la “brutal represión” en las protestas poselectorales que dejaron 25 muertos, centenares de heridos y detenidos, en el contexto del fraude electoral del 28 de julio de 2024.
Los hechos recogidos y documentados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, fueron considerados como “en una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país”, según el reporte presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 9 de septiembre de ese año.
El informe presentado este viernes recoge de nuevo casos de violaciones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y falta de atención médica de personas encarceladas por ser críticas del régimen, lo que ha causado muertes en muchos casos.
Destaca actos de violencia sexual contra mujeres detenidas, entre ellas adolescentes, y que incluyen a ciudadanas de 29 países.
La Misión considera que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, y que las autoridades del sistema judicial habrían permitido.
El informe indica directamente que las autoridades han contribuido de manera esencial a la concreción de esta política de Estado con actos deliberados que facilitaron las violaciones y garantizaron su encubrimiento, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales.
Resalta que estos hechos por el régimen de Venezuela constituyen una amenaza para los derechos humanos y la democracia en la región.
FUENTE: Con información de ohchr.org; Monitoreamos
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