El fallecimiento de Víctor Quero y la exhumación de sus restos arrojan sombras en una investigación que debe respetar principios internacionales, según experta
La muerte Víctor Quero Navas, preso político, ha sido deplorada a escala nacional e internacional
Cortesía de @Clippve en X.CARACAS.- De la muerte del preso político Víctor Quero Navas en Venezuela, bajo custodia del Estado, no existe ninguna certeza ni tampoco la aparente disposición de las autoridades judiciales de realizar la investigación en forma transparente ni bajo los parámetros internacionales. Esto, a casi dos semanas de haber sido reconocida e informada oficialmente por el Servicio Penitenciario el 7 de mayo.
La data del deceso de Quero y la exhumación de sus restos arrojan más sombras a la oscura historia de su desaparición forzada y de su final, que ha sido deplorada por organizaciones políticas y de derechos humanos nacionales e internacionales por igual.
“El derecho a conocer la verdad en un caso de desaparición forzada no es un derecho solo de la víctima y de su familia, en este caso su madre, sino de toda la sociedad”, afirma la defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora ejecutiva de la ONG Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 del Caracazo (COFAVIC), para quien la muerte del preso político es un caso “emblemático”.
“El caso de Quero, que ha llegado a la opinión pública de manera masiva, plantea en definitiva esa necesidad de la familia y de la sociedad de obtener información confiable, y por eso es que un estándar inembargable en los casos de investigación de desaparición forzada es que la identificación científica sea confiable”, puntualiza.
Víctor Quero Navas, de 51 años de edad, fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una plaza del centro de Caracas en enero de 2025, durante la represión del régimen de Maduro en el contexto de las protestas postelectorales (julio 2024). Fue señalado e imputado por cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo, según reportes recientes de abogados.
Su caso fue ocultado por las autoridades judiciales del régimen a su madre Carmen Navas, de 82 años de edad, quien recorrió cárceles y despachos oficiales durante más de un año, y en todos esos casos se le negó la información que es obligatoria por parte de organismos del Estado.
Apenas el 7 de mayo pasado, Navas y los venezolanos se enteraron, mediante un comunicado oficial, que Quero estuvo detenido desde el 3 de enero de 2025 en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, y que falleció el 24 de julio de ese año por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria, tromboembolismo pulmonar”, según el despacho, y que fue enterrado el 30 de julio de 2025 “en cumplimiento de los protocolos de ley”.
La desaparición forzada y muerte de Quero no es la primera que ocurre bajo custodia del Estado en los últimos 25 años de chavismo. “Es un patrón criminal”, señalan abogados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe, actualizado en este mes de mayo, registró 18 detenidos fallecidos a lo largo de un año (2025-2026), aunque otras fuentes señalan mayor número de casos. Pero, el de este preso político es el primero que expone con crudeza las irregularidades, contradicciones y perversidad de un sistema que no da signos de cambio tras la captura de Maduro, según abogados.
Mientras, la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Rodríguez, hermano de la jefa encargada del régimen de Venezuela, apuró la aprobación de una ley que aumenta a 32 el número de magistrados del Supremo como parte de una reforma judicial.
Según Ortega, el caso de Quero “deja unas entidades que permanecen abiertas” y que aún no se cierran. Una de ellas la exhumación de los restos.
“Según la información pública disponible no hay suficientes elementos que puedan determinar que se han utilizado sistemas confiables, no solo para el Estado, sino también para la víctima y la sociedad en su momento”.
“No solo hay que ir hacia la vía de la identificación que es un paso muy importante, sino también la documentación de las causas de muerte, las lesiones, las fechas de ocurrencia los hechos. Todos esos temas en desaparición forzada están en una nebulosa”, sostuvo la abogada.
Ortega, quien como líder de COFAVIC participó en 140 exhumaciones de restos de más de 2,000 víctimas del llamado Caracazo (febrero 1989), advirtió la necesidad de atender los principios internacionales en estos procedimientos clave para esclarecer los hechos durante una investigación.
“Allí tiene que haber una participación efectiva de los familiares y de sus representantes legales que puedan tener la posibilidad permanente durante todo el proceso, como eje central, de no solo dar la identificación del cuerpo, que no solo se identifica visualmente, sino que debe ser identificado por huellas dactilares, por odontología forense, por antropología forense, por ADN, por radiología”, aseguró.
“Lo que hay que buscar son las certezas y la verdad dentro del marco de las unidades”, añadió.
Pero esto no se hizo, según la información suministrada por las autoridades.
Si bien el Servicio Penitenciario informó en su comunicado que Quero murió el 24 de julio de 2025, la fotografía oficial de la lápida en la que reposan supuestamente los restos de Quero indica que falleció el 27 de julio. Una muestra de contradicción.
Además, en el procedimiento de exhumación realizado el 9 de mayo, no estuvo presente la madre de Quero ni fue convocado el Servicio de Medicatura Forense, como lo ordena la ley, ni la policía de investigación criminal CICPC. Solamente actuó la Unidad de Criminalística del Ministerio Público, por orden del fiscal Larry Davoe.
Entre otras irregularidades que ensombrecen el caso, se informó que el Servicio Penitenciario argumentó que Quero no portaba documentos de identificación y en el transcurso del tiempo aparentemente no buscó la identidad en la oficina de identificación SAIME, como lo establecen los protocolos básicos de custodia y registro penitenciario.
Sin embargo, en la lápida, cuya fecha de colocación no fue precisada, se exponer la identidad completa y fecha de nacimiento de Quero.
“Una identificación no debe basarse en métodos inseguros o insuficientes. De eso no hay duda, es un principio central para los casos de desaparición forzada”, resaltó.
Ortega sostuvo que se impone una investigación imparcial que conduzca hacia la verdad de los hechos, como parte de la responsabilidad estatal, pero no al menos solo con las mismas autoridades que intervienen en el esclarecimiento del suceso.
“No debería participar un equipo que tenga comprometida, incluso por mera presunción, su participación en los hechos. El Estado obviamente puede disponer de un equipo que califique como independiente, pero es muy importante que los familiares de las víctimas y sus representantes tengan la posibilidad de determinar y designar un equipo diferente”, expresó.
La experta basó su afirmación en lo ocurrido durante la investigación sobre el Caracazo.
“En el caso de las Fosas Comunes del Caracazo, estando todavía el presidente Carlos Andrés Pérez en Miraflores y toda la situación que originó en ese momento los hechos, la fiscalía general, a través de su director de Derechos Humanos, el Padre Olaso, nombró un equipo internacional, el de mayor nivel en el mundo, que fue el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Asociación Americana para la Ciencia. Estos vinieron a Venezuela y estuvieron presentes en el inicio del proceso”, indicó.
Este paso fundamental de transparencia en la investigación, según Ortega, es la hoja de ruta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las Naciones Unidas determinan.
“Todos estos métodos que son aceptados mundialmente como las huellas dactilares, la odontología forense, la antropología forense, el ADN, la radiología, todo esto tiene que ser visto y tiene que ser identificado plenamente por científicos de confianza de la parte más afectada, que en este caso es la familia de Quero”.
Para Ortega, todos los casos de desaparición forzada, como el de Quero, son “una burla a la dignidad, son tremendamente dolorosos y en definitiva son una práctica de terrorismo de Estado”.
Y se refirió no solo a los casos de presos políticos recientes, sino también a otros un poco más antiguos como el de Hugo Marino, quien permanece desaparecido desde 2019, además de otros del pasado que pesan aún sobre el Estado venezolano.
“Hay familiares de víctimas del Caracazo que llevan 37 años sin tener información del Estado; no saben si sus hijos fueron asesinados ni cómo ocurrió, ni pudieron enterrarlos”, recordó. Y puntualizó.
“Lamentablemente en Venezuela los crímenes de desaparición forzada no han sido atendidos debidamente. Pero sin duda en esta última década hay un agravamiento de lo que es el hostigamiento, la criminalización, la persecución, y sobre todo la falta de cumplimiento de mínimos estándares con las víctimas. Y es un derecho recibir información y participar en todos estos procesos”.
FUENTE: Entrevista a la abogada Liliana Ortega, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de COFAVIC
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