Siete aspirantes presidenciales que se organizaban para competir contra Ortega permanecen encarcelados. Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, fueron detenidos, junto a otros 32 opositores, en los meses previos a la jornada electoral.
Con ese escenario, para la mayoría de los nicaragüenses la suerte está echada. No se esperan sorpresas. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen el camino despejado para permanecer en el poder con lo que consolidarían su dinastía en el país apoyado por las armas del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares.
Entre los encarcelados también están líderes de la empresa privada, que estuvieron aliados con Ortega durante 11 años, antes del estallido social de abril de 2018.
Ortega les acusa de lavado de dinero y de “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, consignados en la llamada Ley de Soberanía.
En total suman 160 los presos políticos en el país, la mayoría en el contexto de las protestas de abril.
Sanciones
La Ley Renacer fue aprobada con apoyo de republicanos y demócratas, 387 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Representantes. En agosto fue aprobada en el Senado y las enmiendas realizadas el 1 de noviembre.
"Estamos siendo testigos del peor asalto autoritario a la democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece liderar este esfuerzo en el Congreso para que el régimen de Ortega-Murillo sepa que habrá grandes consecuencias para la pseudocoronación de su dictadura dinástica", declaró el senador demócrata Bob Menéndez, patrocinador de la iniciativa.
Por otra parte, el senador republicano Marco Rubio, copatrocinador de la ley, calificó las elecciones en Nicaragua como una farsa.
“Antes los falsos comicios presidenciales en Nicaragua, el Congreso de Estados Unidos envía un fuerte mensaje en contra del régimen corrupto y autoritario de Ortega y Murillo en su intento de subvertir la voluntad del pueblo nicaragüense”, apuntó Rubio.
La ley adoptada establece una serie de medidas para abordar la corrupción, los abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres en Nicaragua.
La legislación requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y del Caribe, las sanciones selectivas de Estados Unidos a funcionarios y personas involucradas en las violaciones antes mencionadas.
Igualmente, la norma amplía la supervisión de préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
En ese sentido, Estados Unidos anunció que trabaja en la revisión del acuerdo comercial, tal como lo informó la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala.
La alta funcionaria dijo que el Gobierno estadounidense revisa los componentes para evitar que beneficien al gobierno Ortega Murillo. “Trabajamos con otros socios (países) de la región. Sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva”, dijo Mendrala en declaraciones a la Voz de América.
De ser expulsada Nicaragua del acuerdo mercantil DR-Cafta, el país perdería miles de trabajos y el acceso a aranceles preferenciales.
División de la oposición
A la crisis en Nicaragua se suma la división en la oposición. La lucha por el liderazgo se sitúa entre la oposición mediática dirigida por el sandinismo disidente que busca omitir su pasado con Ortega, y los que no comulgan con esas corrientes de la izquierda.
Pero ni con la oposición dividida, el encarcelamiento de los aspirantes presidenciales y el exilio de miles de nicaragüenses, Ortega logra alcanzar la aceptación de los nicaragüenses. Los últimos sondeos indican que está perdiendo hasta su base “leal”.
En febrero los sondeos de la encuestadora Cid Gallup indicaban que más del 60% de los nicaragüenses no comulgaba con ninguna opción política. Mientras, el FSLN tenía un 25% de aprobación en el país.
Aún con mano de hierro, Ortega va en caída libre. El último sondeo divulgado por CID Gallup en octubre, revela que solo un 8% de los ciudadanos simpatiza con el FSLN, y que el 77% no tiene ninguna preferencia partidaria. El 65% de esa masa que no tiene afinidad por ninguna opción política, hubiese votado por quien encabezara la oposición.
Derechos humanos
Previo a las elecciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe sobre la crisis en Nicaragua titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, ante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe expuesto por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que el gobernante sandinista “tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control, vigilancia y la represión a la ciudadanía que ejerce desde las instituciones de seguridad estatales”.
El representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, pidió al régimen frenar la represión. “La gente de Nicaragua sabe que cualquier esperanza de que las elecciones del 7 de noviembre sean libres y justas se ha ido. Me duele decir eso, pero con la decisión del gobierno de Ortega-Murillo de prohibir al último partido de oposición genuino [participar en] el calendario electoral del domingo pierde toda credibilidad y no es más que una farsa”, afirmó.
El régimen, a través de su representante Michael Campbell, rechazó el informe y llamó “golpistas” a miembros de la OEA, así llama Ortega y su esposa a los que denuncian los abusos de la dictadura.
A Estados Unidos se han sumado otros países que han declarado que las elecciones en Nicaragua “han perdido toda credibilidad” debido a la exclusión de partidos opositores.
Un total de 4.450.000 ciudadanos puedan votar en Nicaragua en las elecciones del 7 de noviembre, pero la oposición apuesta que en los comicios se impondrá el abstencionismo.
@FloresJudith7
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