MANAGUA.- Nicaragua acusó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de presentar "informaciones sesgadas y no comprobadas" sobre la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio.

En un informe, la Cancillería nicaragüense señaló a la CIDH de presentar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ese tipo de información con "la intención de crear una imagen negativa de Nicaragua".

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El propósito fundamental, denunció, es "justificar y promover inmorales sanciones económicas en contra del pueblo de Nicaragua, que impidan su acceso a los recursos financieros internacionales".

"Esa es también la apuesta de grupos políticos internos, incapaces de lograr resultados políticos por la vía democrática, institucional y constitucional, quienes, utilizando la violencia como método para atentar contra la paz (...), están esperanzados, al igual que en otros momentos de nuestra historia, en la intervención e imposición extranjera", continuó.

En su informe, titulado "Síntesis de los avances del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la restauración de la paz y armonía en Nicaragua", el Ejecutivo expresó "su compromiso invariable de continuar avanzando hacia el entendimiento, la paz y la armonía de las familias nicaragüenses".

Para lograrlo, señaló, Daniel Ortega convocó el pasado 21 de febrero a un proceso de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que dio inicio el 27 de febrero.

Desde entonces, añadió, han sostenido 35 sesiones de trabajo, acompañadas por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigos de la negociación en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.

El régimen destacó que en esas sesiones de trabajo han "avanzado, acordado y firmado" la Hoja de Ruta de la negociación que establece el consenso en la toma de decisiones, la periodicidad de las reuniones y confidencialidad de la negociación, la agenda, entre otros.

También ha suscrito un acuerdo para "fortalecer" los derechos y garantías ciudadanas, y otro sobre "liberación de personas detenidas por cometer delitos en el marco del fallido golpe de Estado", con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que concilió las listas presentadas por la Alianza Cívica y el régimen, añadió.

"De las personas detenidas, 236 han sido excarceladas (libertad condicional) a la fecha y queda pendiente la liberación de 232 personas, según las cifras conciliadas", indicó el Ejecutivo.

Las partes acordaron el pasado 20 de marzo la liberación, como fecha límite el próximo 18 de junio, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.

Sobre la cantidad de detenidos, en la que el Ejecutivo reconoce 468, el Gobierno denunció la "manipulación de las cifras presentadas en distintos informes parcializados por la CIDH y que han sido utilizados para mal informar e influir en las decisiones de los Estados miembros en lo referido a la situación en Nicaragua".

El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el 3 de abril la negociación para superar la crisis sin acuerdos en temas de verdad, justicia, reparación y no repetición; democratización; el mecanismo para la implementación de los acuerdos; y hacer un llamado conjunto a la suspensión de sanciones generales contra Nicaragua.

Las partes dejaron, sin embargo, la puerta abierta para seguir las conversaciones, las que han mantenido desde entonces de forma irregular, sin acuerdos concretos.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 568 los fallecidos, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

FUENTE: Con información de EFE

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