Nicaragua: elecciones sin credibilidad democrática

Después de la aprobación esta semana por la Asamblea Nacional de la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y de la aprobación de reformas a la Ley Electoral de Nicaragua, las reacciones han sido las siguientes:

• Todos los sectores de oposición, sin exclusión alguna, y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), han considerado que las reformas y la elección de nuevos magistrados impiden de manera absoluta tener unas próximas elecciones creíblemente democráticas.
• La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha emitido un comunicado en el cual señala: “La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”.
• A su vez, la Comisión de la Unión Europea señaló en una declaración que “Desafortunadamente, ambas decisiones se quedan cortas de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2011 y de la reciente resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos”.
• Finalmente, “Los Estados Unidos están profundamente preocupados que el Gobierno de Nicaragua bajo Daniel Ortega ha rechazado el llamado de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional -incluyendo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas- para fomentar confianza en el proceso electoral con reformas significativas que permitan elecciones libres y justas en noviembre”.
• El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó el 6 de mayo un calendario electoral que al dar solamente 5 días para la constitución de Alianzas Electorales, impide la unificación de la oposición.
• Finalmente, se mantiene el ambiente de represión y violación a los Derechos Humanos, incluyendo más de un centenar de presos políticos. Es un Estado de Sitio de facto, que impide el derecho de reunión y movilización de la oposición. En ese contexto, la situación de Nicaragua depende aún más de la presión de la comunidad internacional.