MIAMI.- Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega, llamada por el régimen como “primera dama” y “vicepresidenta designada de Nicaragua”, ahora se convierte, según Ortega, en “copresidenta” del país. Todo ocurrió el pasado 25 de octubre, y en el aire está la duda acerca de la repercusión de la noticia.

En un inquietante movimiento de cartas de cara a unas elecciones en las que las boletas se imprimen manchadas con sangre de opositores silenciados de las más diversas formas, incluida la muerte, Murillo se convierte, oficialmente como “copresidenta”, en lo que muchos sabían de antemano: el motor y la principal cabeza de la dictadura.

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Ella, que ha sido su mano derecha, estaba sentada a su diestra y no pudo evitar sonreír. Ansiaba su candidatura y no pudo ser, así que ahora su esposo le regala, como quien regala flores y chocolates, el título de presidenta al 50%. El anuncio se hizo, además, en un acto donde, para agasajar al pueblo, se entregaron 250 autobuses rusos a 35 cooperativas de Managua.

El próximo 7 de noviembre será efectiva la copresidencia exprés de Murillo, porque sí, porque así lo ha dicho su esposo, porque el derecho constitucional no tiene valor aquí. No, ni siquiera esa misma Constitución que Ortega reformó en 2014 concibe la posibilidad de tener una copresidencia, pero el propio dictador sabe que el orden de los factores no altera el producto cuando se trata de borrar un artículo y unos por cuantos y escribir otros. Para eso hay secretarios y más tarde se hará, o no.

Dijo Ortega en un video que se puede ver en YouTube que “aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50”, y ha sido demasiado honesto, quizás sin saberlo. Ese 50 y 50 que forma un 100 como un bloque, no deja espacio en porcentaje para la voz del pueblo, no permite en su perfecto absolutismo un resquicio de libertad y juicio social auténtico.

Y agregó que su “compañera Rosario” se comunica a diario con el pueblo “sin hacer diferencias políticas”, pero aquí no ha sido honesto. Lo honesto habría sido decir “señores, aquí hay Ortega-Murillo para rato, y al que no le guste lo mandamos a callar”. Porque justamente así se llama a los dictadores en terrenos más coloquiales, los “mandacallar”.

El gesto del caudillo Daniel Ortega de ubicarla en el puesto de codictadora recalca a todas luces su mandato autoritario y la frialdad con la que opera. La “primera dama” del régimen, que tiene mucho de primera pero poco de dama, gana de esta manera una mejor ubicación en el mapa de una dictadura que insiste en la desarticulación burda y violenta de todo tipo de disidencia.

Ortega no quiere irse, no son suficientes tres mandatos consecutivos de cinco años, no son nada para él los atropellos contra la libertad de expresión, las muertes contadas y las silenciadas; aún tiene fuerza para sostener sobre su rostro la máscara del benefactor del pueblo, del revolucionario que busca el progreso.

A su trono no llegan, todavía, los reclamos de la comunidad internacional, las denuncias de corrupción, de violaciones de derechos, el polvo que levantan los pies que marchan en protesta, los gritos de los torturados, el llanto de las madres. O sí llegan, pero los ignora muy bien, los sacude con desdén e impone, en cambio, más dolor.

¿Qué se urde en los recintos de poder en Nicaragua? Ya algunos dicen que se trata del primer paso para que Ortega, como cuando Fidel Castro le pasó el cetro a su hermano Raúl, haga como que se va y deje en el poder a la que siempre lo ha tenido.

Puede verse también como una especie de poder notarial que hace Ortega para que, en caso de muerte —el hombre pronto cumple 76 años de una agitada vida— Murillo no se quede desprovista del mando. Una cuestión familiar, un asunto de nepotismo, una historia que parece marcar, como una maldición, la historia latinoamericana en el poder. Pero, sobre todas las nociones políticas o estratagemas probables, la nueva postura revela un miedo que subyace en quienes gobiernan sabiendo que no gozan de la aprobación de sus gobernados. Ya lo explicó claramente el escritor Antonio Gala: “La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer”.

Como reportó el diario La Prensa, varios expertos han planteado que la medida carece de bases legales. Murillo, de 70 años de edad, asume un puesto que no existe en una supuesta democracia que no existe y con un estado de derecho que hace mucho tiempo dejó de existir. La dictadura en Nicaragua se sienta sobre un cúmulo de mentiras, de ficciones e ideas populistas que son todo menos bondadosas con el pueblo. El entramado de artilugios se apoya en cargos y definiciones que no tienen explicación legal ni de sentido común.

El analista y sociólogo Oscar René Vargas opina que el dictador podría estar buscando la sucesión en caso de que se vea imposibilitado de ejercer el cargo. Por su parte, Haydée Castillo, analista social radicada en EEUU, dijo a ese medio que la noticia no le toma por sorpresa, pues desde 2007, cuando Ortega regresó al mando, el país ha estado bajo un poder “dinástico y nepótico”.

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