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@Marinellys

ROMA.- La imagen de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, de rodillas con las manos levantadas, rodeado de policías armados en Nicaragua, le ha dado la vuelta al mundo. Es una señal clara de que el régimen sandinista de Daniel Ortega ha intensificado el hostigamiento que sufre la Iglesia en ese país.

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Se trata del Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, conocido por su verbo crítico contra los abusos de poder de Ortega. Desde el jueves 04 de agosto, el clérigo permanece “encerrado” por orden del dictador, en la sede de la Curia, junto a otros cinco sacerdotes.

Es la “crisis de persecución religiosa” que vive la Iglesia en Nicaragua y que el pasado 25 de julio advirtió el abogado Álvaro Leiva Sánchez, secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), a través de una “carta informe” que envió al Papa Francisco a la Ciudad del Vaticano.

“Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Y desde 2018 hasta hoy, el suyo retumba en el lacerado corazón de la grey católica de Nicaragua”. Escribió en la comunicación el abogado nicaragüense, parafraseando al escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, en un intento de llamar la atención del Pontífice acerca de la “escalada” de la “agresión antirreligiosa” del régimen Ortega-Murillo.

Es la cuarta carta que el defensor de los derechos humanos envía al Pontífice, tanto por correo electrónico como por DHL, y asegura que nunca ha recibido respuesta, “ni siquiera para darme el acuse de recibo” (las anteriores las envió el 01 de septiembre de 2020, el 05 de julio 2021 y el 05 de noviembre 2021).

Pero, no se da por vencido y en esta ocasión no solo ruega una vez más la intervención del Papa de origen latinoamericano, sino que además presentó un informe de 16 páginas con una descripción de los hechos que evidencian “el actual agravamiento de la crisis represiva en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua”, que “sufre cárcel, persecución y exilio”.

Álvaro Leiva Sánchez explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que la situación es tan grave que “hemos considerado necesario remitirle esta nueva misiva a Su Santidad, con copia al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa sede, a fin de que enfoquen su atención hacia Nicaragua, en estas circunstancias tan difíciles de persecución, asedio, encarcelamiento, en contra de nuestros sacerdotes y obispos”.

Con la misiva, el defensor de los derechos humanos exiliado en Costa Rica hizo además “una petición de considerar, bajo los procedimientos del derecho canónico, la excomunión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que ambos han hecho uso público de un sincretismo religioso suigéneris a conveniencia, según las circunstancias políticas, y que han llevado a la población a un estado de confusión, que validan la práctica de la brujería e inducen al pueblo nicaragüense a vivir en pecado”.

Pero asegura que lo peor está por venir, pues el pasado 04 de mayo “ordenaron a los diputados la aprobación de un informe en el que se acusa a la iglesia nicaragüense de participar en ‘un golpe de estado’ y de expresarse con ‘odio y saña’ en contra de los simpatizantes del régimen. El texto legislativo recomienda juzgar a los religiosos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018 -cuando hubo un estallido social que exigía el fin del mandato del exguerrillero sandinista-, y confiscar los bienes de la Iglesia”, advierte el abogado.

En la carta, Leiva describe con precisión las acciones represivas de la dictadura contra el sector clerical católico: “A manera de ejemplo -al momento de redactar esta carta-, traigo a su atención lo ocurrido a la iglesia San Juan Bautista, en la ciudad de Masaya, templo que es, desde el 15 de mayo de este año, blanco de permanente asedio policial y paramilitar, lo que ha significado, para el párroco de ese templo, el sacerdote Harving Padilla, mantenerse en el interior del edificio”.

También narró que el 18 de mayo, el sacerdote Uriel Vallejos, de la parroquia Divina Misericordia, ubicada en la ciudad de Sébaco, denunció en sus redes sociales que, en el marco de una visita a la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, “agentes de la Policía Nacional tomaron fotografías y esperaron que saliera. Pidieron documentos al conductor y me exigieron presentar mis documentos personales, a lo cual me opuse porque no conducía”.

Recordó que monseñor Rolando Álvarez, denunció “que efectivos policiales le dieron seguimiento personal -invadiendo, por la noche, la vivienda de una sobrina a quien visitó-, y que se refugió, el 20 de mayo, en la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, donde permanece bajo ilegal asedio policial”.

Y el 20 de mayo, completando cuatro jornadas continuas de agresión anticlerical, “la empresa Claro, operadora de telefonía celular y televisión por cable informó, mediante un comunicado, que por orden de la dictadura debía retirar de su oferta al Canal 51”, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Asimismo, el vocero de ANPDH denunció que “el sacerdote Manuel Salvador García fue violentamente detenido, en su vivienda, ubicada en la ciudad de Carazo, en el departamento de Jinotepe. García, de 57 años, párroco de la iglesia El Calvario de la ciudad de Nandaime, del departamento de Granada, es uno de los más destacados críticos de la dictadura”.

Explicó que antes de su “injustificada detención”, el sacerdote fue víctima de “insultos y amenazas” por parte de simpatizantes del régimen, quienes rodearon su templo y “los enfrentó, verbalmente, blandiendo un machete”. Hoy el sacerdote García se encuentra en prisión, enfrentando una condena de dos años de cárcel, por el delito de amenaza con arma.

Por otra parte, “en un lapso de 24 horas, dos estaciones de televisión católicas fueron sacadas del aire, por la dictadura. Se trata de los canales TV Merced y Católico San José, cuyas señales fueron silenciadas, respectivamente, el 26 y el 27 de junio”.

El 29 de junio, “la dictadura revocó la personería jurídica de la Asociación Misioneras de la Caridad -el grupo de religiosas fundado por santa Madre Teresa de Calcuta-. Además, ordenó su expulsión de territorio nicaragüense, por lo cual, las 18 religiosas optaron por recorrer los casi 150 kilómetros, entre Managua y el sureño puesto fronterizo de Peñas Blancas -bajo fuerte vigilancia policial, durante todo el trayecto-, en procura de la necesaria protección, en Costa Rica”.

Y como si no bastase, el 14 de julio, “efectivos policiales ocuparon las instalaciones del Seminario Menor de Nuestra Señora de Asunción, los mismo que del colegio privado Padre Adolfo Kolping, ambas ubicadas en la occidental ciudad de Masaya”.

El abogado Leiva Sánchez, informó que junto a la carta envió además el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) sobre la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y sus consecuencias, actualizado al 20 de mayo de 2022.

Las agresiones a la Iglesia Católica de Nicaragua no son nuevas, sin embargo, poco se habla de este país que sucumbe ante el terror líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Una dictadura de extrema izquierda “que tiene una irrebatible similitud, por ejemplo, con la sanguinaria dictadura militar de catadura nazi que, durante más de una década en Argentina torturó, desapareció, asesinó, a miles de opositores -régimen que usted conoció, personalmente, como sacerdote- “, explica Leiva al papa Francisco.

Leiva Sánchez concluyó la comunicación “rogando la gracia de una audiencia”, “para renovar mis fuerzas, para llenar nuevamente de fe este corazón que a veces se siente vacío por la desesperanza y la tristeza, ante tanto dolor, injusticia e impunidad que, como pesada cruz agobia a mis hermanos nicaragüenses”.

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