CARACAS.- Un estudiante fue atropellado este jueves por un camión y otro murió de un tiro en la cara, lo que aumentó a 73 el número de víctimas mortales en más de dos meses de protestas contra el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
CARACAS.- Un estudiante fue atropellado este jueves por un camión y otro murió de un tiro en la cara, lo que aumentó a 73 el número de víctimas mortales en más de dos meses de protestas contra el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Mientras, Maduro condecoró a varios soldados heridos durante las protestas, exaltando su conducta para enfrentar las manifestaciones, que calificó de "arremetida violenta" de la oposición.
La Fiscalía General confirmó la muerte de un estudiante de 21 años en la Universidad Pedagógica en la localidad de Rubio, en el estado andino de Táchira, horas después de que otro muchacho de 20 años fuera arrollado por un camión en una manifestación en la ciudad de Maracaibo, en el occidente del país.
El Ministerio Público dijo que comisionó a un fiscal de Táchira para que asuma la investigación del caso del estudiante que resultó herido en el rostro en la protesta en Rubio.
En Maracaibo, la protesta tuvo un final cruento cuando un camión atravesó una barrera de estudiantes, dejando un muerto y dos heridos en los alrededores de la Universidad Rafael Belloso (Urbe).
Versiones de prensa indicaron que los manifestantes detuvieron al chofer después del accidente e incendiaron el vehículo.
En un acto en el Ministerio de Defensa en Caracas este jueves, Maduro entregó un reconocimiento a un grupo de soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada), que han enfrentado las protestas y cuya actuación ha sido objeto de denuncias de violaciones de derechos humanos.
Dijo que la Fuerza Armada Nacional es para la paz y lo ha demostrado durante las operaciones para enfrentar la "arremetida violenta" de la oposición desde comienzos de abril.
Agregó que en Venezuela se declaró una "insurgencia armada general" con llamados a rebelión de diputados opositores que se amparan en la inmunidad parlamentaria y enviando como "carne de cañón" a jóvenes captados, pagados y envenados de odio, a quienes les dan armas y drogas.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 4 de abril, después de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Congreso) acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de perpetrar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones.
Las manifestaciones continuaron este jueves con la movilización de diputados opositores en el Metro de Caracas para denunciar la presunta ilegalidad de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro para reformar la Carta Magna.
Pese al abierto rechazo opositor hacia la Constituyente, el TSJ avaló con un nuevo fallo la convocatoria a la elección de los 545 miembros de esa Asamblea, prevista para el 30 de julio.
Mientras, la fiscal general, Luisa Ortega, presentó una nueva acción legal contra la Asamblea Constituyente.
La fiscal ya había intentado otros recursos ante el TSJ contra la Constituyente, los cuales fueron rechazados. La nueva acción agrega una petición para anular las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir a los miembros de esa Asamblea.
En Washington, Human Rights Watch (HRW) denunció que el Gobierno de Maduro oculta y legitima los abusos que cometen las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones opositoras.
"Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
FUENTE: dpa

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