La fiscalía general de México dejó atrás de manera oficial el móvil que planteó originalmente en 2014 para explicar la desaparición de 43 estudiantes, dijo este jueves uno de los representantes de las víctimas, después de analizar el Informe del Caso Iguala.
El documento de más de 400 páginas, hecho público el miércoles, es el primer compendio elaborado por la Procuraduría General de la República de cómo ocurrieron los hechos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y sobre las investigaciones.
"Desde nuestra perspectiva hay una rectificación importante en algunos de temas que se nos habían presentado como explicación de los hechos, especialmente en cuanto a la motivación de los estudiantes para ir a Iguala", dijo a Radio Fórmula el subdirector del centro de derechos humanos Prodh, Santiago Aguirre.
Los estudiantes fueron atacados a tiros y detenidos por policías aliados a un grupo criminal en Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital, en el estado de Guerrero, después de tomar varios autobuses para usarlos en manifestaciones.
La primera versión oficial decía que habían sido perseguidos por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, porque pensó que iban a sabotear un acto de su esposa. Esa noche hubo seis muertos, además de los 43 desaparecidos.
"El informe de la PGR descarta por completo esta motivación de ir a sabotear un evento político", dijo Aguirre.
Según dice el texto, "los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones (autobuses) y llevárselos de regreso a esa institución; situación que presuntamente motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos a actuar en su contra", con apoyo de policías corruptos.
El informe, conocido también como el Libro Blanco, resume los puntos centrales de una investigación que está contenida hasta ahora en 202 tomos y 14 anexos y sigue sin poder determinar cuál fue el destino de los estudiantes.
El subdirector del centro Prodh, que acompaña a las familias en su búsqueda de justicia, consideró que se hacen "rectificaciones", pero al mismo tiempo se reitera la hipótesis de que fueron incinerados en el basurero de Cocula, cerca de Iguala.
Tanto un grupo expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un prestigioso equipo de peritos argentinos independientes descartaron esa posibilidad.
Además, los expertos pidieron investigar si en uno de los autobuses había un cargamento de droga sin que lo supieran los estudiantes porque eso explicaría la magnitud y nivel de coordinación que hubo en el ataque.
En la introducción del documento, la fiscal general, Arely Gómez, afirma que "la investigación está abierta".
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