MIAMI – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo a través de un comunicado que "Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles”, tras la detención domiciliar de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, acusada por el régimen de Daniel Ortega de presunto “lavado de dinero”, realizado a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

El sábado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua, el precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, que permanece en las celdas de Auxilio Judicial, el organismo de la sancionada Policía del régimen sandinista. La Policía enfrenta sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de abril de 2018.

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A través de un comunicado la Policía confirmó la detención del académico que alega que Cruz es investigado "por contar con fuertes indicios que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de ocnformidad con la Ley número 1055 Ley de defensa de los detechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, por lo cual, dentro de los términos de ley, será ptresentado ante autoridad judicial competente", dice el comunicado.

Con la detención de Cruz, son dos los precandidatos detenidos.

El plazo otorgado por la OEA al régimen de Daniel Ortega para realizar reformas electorales venció el 31 de mayo. Las reformas realizadas por el Parlamento nicaragüense controlado por Ortega, se han convertido en una “guillotina” contra la oposición porque afianzan una política de represión e inhibiciones contra precandidatos presidenciales.

“Este nuevo atentado a la democracia, verificado, imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país”, dijo Almagro.

La residencia de Chamorro fue allanada y luego le fue dictado “arresto domiciliar”. Mientras el poder judicial del régimen emitió una sentencia en la que inhabilita a la aspirante “por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”, dice el documento.

"Acciones como ésta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, dijo el representante del organismo regional.

El secretario general de la OEA dijo que la utilización del ministerio Público, el manejo politizado de justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte.

Las acciones de Ortega deslegitiman el proceso electoral que inició en mayo y que concluirá con la elección de presidente, vicepresidente y diputados nacionales el próximo 7 de noviembre.

“Ninguna de las reformas que hizo Ortega satisface los criterios que planteo la OEA y el Consejo Permanente, por lo tanto, no ha cumplido con ninguna de esas condiciones”, afirmó el analista político y exembajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros.

Añadió que el secretario Almagro deberá presentar “un informe al Consejo Permanente y habrá probablemente una Resolución denunciando esta situación. Está en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que contempla pasos bien específicos que van desde el nombramiento de una ´misión de buenos oficios´ a una decisión del Consejo Permanente en base al informe de Almagro que conlleve a la convocatoria de una asamblea extraordinaria de la OEA con los cancilleres de la región”, puntualizó.

Pero esa hipótesis por ahora no se observa viable, de acuerdo con el experto, debido a las convulsiones que sacuden a la región.

“Hay una crisis que reviste una urgencia importantísima para la organización como el caso de Colombia, las elecciones de Perú, la situación creada por la pandemia. La OEA está demostrando que no puede manejar más de una situación de crisis”, señaló Matamoros.

A lo anterior se suma, la crisis ya existente con Venezuela que ha propiciado el éxodo de unos 6 millones de venezolanos y contribuye a la crisis regional.

“Si bien el régimen (de Ortega) ha violado las disposiciones que ameritan la convocatoria de una reunión de cancilleres y que en el marco de la Carta Democrática se le apliquen sanciones como la suspensión del país [de la organización], no hay los votos por ahora para aplicar esa resolución”, acotó.

Partiendo de ese escenario, el experto sostiene que quedaría a discrecionalidad de los países en el ámbito bilateral, tomar acciones con relación a la crisis nicaragüense.

“El formalismo de la comunidad internacional ha asfixiado también la voluntad, la capacidad de acción de la oposición nicaragüense porque han creado expectativa que no han cumplido por lo tanto aquí ha habido una especie de engaño colectivo. Los nicaragüenses esperando la reacción de la comunidad internacional y el gobierno de Daniel Ortega que creo se está metiendo en un callejón sin salida partiendo de una estrategia cuyo resultado van a ser potencialmente desastroso para el país”, valoró.

Matamoros se refiere a las sanciones que podría enfrentar Nicaragua debido a las acciones antidemocráticas de Ortega que dan un caldo de cultivo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley “Reforzar la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021”, conocido como RENACER, que promueve más acciones de presión para que el régimen sandinista permita elecciones libres, justas y transparentes.

La propuesta de Ley que ya fue presentada en ambas cámaras legislativas en el Congreso estadounidense exigiría sanciones específicas con el propósito de lograr avances en los comicios de noviembre, sanciones que serían coordinadas con Canadá y la Unión Europea. Además, persigue restringir los préstamos en los organismos financieros internacionales, y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos.

Las acciones de Ortega también ponen en riesgo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, vigente desde abril de 2006, que otorga beneficios a través de exoneraciones de impuestos y facilita la generación de empleos en la nación centroamericana.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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