NUEVA YORK.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución el miércoles para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales y expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país.

La resolución fue aprobada por 26 países. Siete se abstuvieron.

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La resolución también expresa “su grave preocupación” ante el hecho de que Nicaragua haya “ignorado” los intentos del Consejo Permanente de la OEA de comprometer al régimen nicaragüense en “la celebración de elecciones libres y justas”.

Nicaragua prevé celebrar elecciones el 7 de noviembre.

Estados Unidos y otros países han declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “han perdido toda credibilidad” debido a la exclusión de partidos opositores en el proceso electoral y al encarcelamiento de varios líderes opositores que pretendían disputarle el poder al dictador Daniel Ortega. En el juego electoral quedan partidos minoritarios y una alianza oficialista encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado.

La Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia. Estados Unidos también ha dictado sanciones contra funcionarios y allegados a Ortega.

Michael Campbell, un alto funcionario nicaragüense, dijo al principio de la reunión el miércoles que su país no participaría porque la OEA interfiere de “forma grosera” en los asuntos internos de Nicaragua y agrede directamente “la soberanía nacional de Nicaragua”.

“Nuestro país jamás ha aceptado, no acepta, ni aceptará actos que degraden su libertad, que como Estado independiente ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de 200 años”, dijo Campbell.

El funcionario agregó que no hay ni un solo candidato detenido ni ningún “inocente procesado”.

“Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional”, dijo Campbell.

FUENTE: Con información de AP

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