MADRID.- La región de las Américas vivió un 2019 marcado por las protestas en distintos países contra la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, pero también por dos grandes crisis migratorias, la de Venezuela y la del Triángulo Norte centroamericano, frente a las que los dirigentes adoptaron posturas cada vez más intolerantes y autoritarias, según denunció Amnistía Internacional en su último informe.

Mientras millones de ciudadanos se echaban a las calles en Chile, Bolivia, Ecuador o Venezuela, entre otros, y otros muchos se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, en varios países de la región se optó por restringir el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo lo cual constituye "un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional", lamentó la organización.

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La respuesta frente a los movimientos de protesta para exigir rendición de cuentas y respeto por los Derechos Humanos en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, fue en general mediante tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban, denunció el informe.

Como resultado de dicha represión, se registraron al menos 210 muertos en el contexto de protestas en la región, 83 de ellas en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras, según documentó Amnistía.

En concreto, denunció la represión "especialmente severa" en Venezuela, donde las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro "cometieron crímenes de Derecho Internacional y graves violaciones de Derechos Humanos", entre ellas ejecuciones extrajudiciales, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En el caso de Chile, añade, el Ejército y la Policía también "hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más".

Para la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, "el año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los Derechos Humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país".

Pero por otra parte, añade, "también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva". "Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar", valora Guevara Rosas.

Asesinato de defensores de DDHH

Por otra parte, Latinoamérica volvió a ser en 2019 la región más peligrosa para defensores de Derechos Humanos, de derechos de la tierra o el medioambiente, ya que se vieron expuestos a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso.

Colombia vuelve a ser una vez más el país más letal para los defensores de los Derechos Humanos, con al menos 106 asesinatos, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país.

En el caso de México, fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 asesinados. Además, registró una cifra récord de homicidios, más de 35.500, ante la continuación por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de "fallidas estrategias de seguridad" que ya se han usado en el pasado, entre las que resalta la creación de una Guardia Nacional militarizada y la aprobación de una "alarmante" ley sobre el uso de la fuerza.

Agresividad ante las migraciones

Otro de los fenómenos que marcó el año 2019 en las Américas fue el de las migraciones. Unos 4,8 millones de venezolanos han abandonado su país para escapar de la crisis política, económica y social que atraviesa, "una cifra sin precedentes" en el continente. Frente a este éxodo, lamenta Amnistía, Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.

En lo que se refiere a Estados Unidos, siguió siendo el país de destino para cientos de miles de personas, en su mayoría centroamericanos, pero el Gobierno de Donald Trump optó por hacer "un uso indebido del sistema de justicia" para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia y adoptó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo, "incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del Derecho Internacional".

En este sentido, Amnistía denuncia que Washington ha obligado a decenas de miles de personas a esperar en peligrosas condiciones en México a que se resuelvan sus solicitudes de asilo, además de obligar a Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar una serie de acuerdos de "tercer país seguro". Gracias a ello, está incluyendo a la fuerza a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo en programas secretos de deportación acelerada que les privan de su derecho a asistencia letrada.

FUENTE: Con información de Europa Press

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