CARACAS.- Las organizaciones defensoras de derechos humanos Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), exigieron a través de un comunicado que se garantice el derecho constitucional de los venezolanos a manifestarse de forma pacífica, al tiempo que denunciaron el avance de la política de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro en las recientes protestas que han sucedido en el país.
En el texto, el OVCS y Provea pidieron el "pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que estable que "los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales pidieron la "libertad plena" para los detenidos "arbitrariamente" durante las protestas y que se lleven a cabo "de manera expedita y oportuna" las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes antes las denuncias sobre tratos crueles inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos en las manifestaciones.
Exigieron además que se de "respuesta oportuna y satisfactoria" al pedimento de servicios básicos por parte de los manifestantes y el cese de las irregularidades en la distribución de combustible.
Adicionalmente, pidieron al régimen que atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, en lo que relativo a la libertad de asociación y reunión pacífica.
En el comunicado, el OVCS y Provea afirman que las protestas se han ido incrementando a lo largo del año en Venezuela.
"Hasta agosto se documentaron cerca de 6.000 acciones. De esta cifra, más de 80% fueron manifestaciones motivadas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), ubicando las carencias socioeconómicas en el epicentro de las movilizaciones y acciones de calle de los ciudadanos", afirmaron en el documento.
Relataron que el pasado 25 de septiembre vecinos de Urachiche, municipio rural del estado Yaracuy, iniciaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros. Desde ese día inició una jornada de protestas vecinales en los pueblos y municipios de esa entidad que se prolongó por más de cinco días continuos.
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El régimen chavista viola flagrantemente cada día los derechos humanos de los venezolanos.
AP/ARIANA CUBILLOS
Progresivamente, las protestas se extendieron por otros pueblos y caseríos del interior del país. Hasta el lunes 28 de septiembre se habían reportado más de 190 manifestaciones pacíficas, relacionadas a reclamos de servicios públicos y rechazando la escasez e irregularidades con en la venta y distribución de combustible. Estas manifestaciones han sido protagonizadas fundamentalmente por familias, y con una amplia participación de mujeres.
Denunciaron que la respuesta del Estado venezolano a estas manifestaciones ha sido la represión y criminalización.
Es así como el pasado 26 de septiembre, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), grupo élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en coordinación con la policía del estado Yaracuy y civiles armados, reprimieron a manifestantes en la ciudad de Chivacoa, municipio Bruzual de Yaracuy, utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas. Esta situación dejó un saldo de al menos 30 personas detenidas, numerosos heridos y denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en viviendas de los manifestantes o que están ubicadas en las inmediaciones de los lugares donde se escenificaron las protestas.
Este patrón de represión se repitió en los estados Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre, donde también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), afirmaron las ONG venezolanas.
Aseveraron que esto confirma que bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal como los denunciaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en sus más recientes informes sobre Venezuela, donde esta última instancia confirma la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
El OVCS y Provea lamentaron que, ante el inminente aumento de las protestas pacíficas en las regiones, "la respuesta de quienes ostentan el poder en Venezuela sea la represión y actúen con indolencia ante los justos reclamos de la población".
"El Estado está obligado a respetar el derecho a la protesta pacífica en virtud del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", señalaron.
FUENTE: Nota de Prensa
