Hay que tener la sangre muy fría y vivir ausente de piedad, para observar día tras día a Carmen Teresa Navas una humilde madre de 81 años buscar desesperadamente a su hijo Víctor Hugo Quero en todas las prisiones del país, mientras ellos, los jefes de las cárceles en Venezuela, y los jefes de la fiscalía, la defensoría del pueblo y miembros del alto poder Ejecutivo actuaban como espectadores a conciencia de que bajo su responsabilidad él había fallecido.
Hacía mucho que ellos lo habían enterrado en lo que ha sido una vergonzosa zona privada para sepultar a quienes mueren en sus manos. Ambos, por ejemplo, son ahora vecinos del general Raúl Isaías Baduel, fallecido igualmente en prisión.
Nótese el detalle de la previsión de un régimen que habilita una zona especial para sepultar a sus víctimas presas.
Fueron 16 meses de búsqueda incansable y solo una semana el tiempo en que ella siguió viva luego de confirmar la muerte de su hijo.
El país se estremeció en total empatía con Carmen Teresa apenas le confirmaron lo que todo el mundo temía -porque del régimen siempre se debe esperar lo peor- y se sacudió de indignación con el corazón estrujado de dolor al verla fallecer una semana después.
Víctor Hugo, de 51 años de oficio comerciante, había sido detenido por efectivos de la DGCIM el 1 de enero de 2025 quienes, con su limitado trabajo de inteligencia, y su abultado desprecio por la vida de los humildes y por la ley, se lo llevaron sin orden judicial, lo lanzaron en una mazmorra y no hay por qué dudar que comenzaron a torturarlo. La sospecha generalizada es que los perspicaces efectivos lo confundieron con un espía extranjero. El pecado del criollo Víctor Hugo, fue tener tez clara.
El caso de Carmen Teresa y su hijo es una radiografía de la injusta tragedia que sufren los detenidos por sospecha.
Se ha ido armando una masa de víctimas de desaparición forzada con unas autoridades que lo hacen de manera cotidiana sintiéndose bajo el amparo de la impunidad.
La muerte de Carmen Teresa es el más reciente capítulo de una crueldad institucional. Y nada indica que sea el último.
Los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez -avispados los chicos- se percataron de cómo el país enmudeció de indignación. Y de que la noticia de la muerte de Carmen Teresa colmó de rabia a los venezolanos, tanto, que los corruptos o fanáticos del oficialismo guardaron silencio, creo que más por prudencia que por vergüenza.
La estrategia inmediata de los Rodríguez fue anunciar la liberación de 300 presos políticos. Una cifra, como si lanzaran pelotitas de bingo. Un número -si lo cumplen- que dejará en libertad a quienes los Rodríguez odien menos. O a quienes más conmuevan a una Venezuela que puede explotar de ira.
Esta tragedia es un patrón denunciado desde hace años por organismos internacionales. Hechos acumulados en informes que registran desapariciones forzadas como mecanismo de control político y castigo psicológico.
Esta vez fueron a más: le ocultaron deliberadamente a una madre durante 16 meses el destino de su hijo.
El caso condensó denuncias repetidas ante organismos internacionales de derechos humanos en los últimos años.
Recordemos que Amnistía Internacional sostuvo en julio de 2025 que en Venezuela las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y denunció a las autoridades locales.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares a favor de Carmen Teresa y su hijo el 18 de abril pasado.
También, luego de conocerse los hechos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas opinó formalmente sobre el caso y exigió “una investigación pronta exhaustiva, independiente e imparcial” sobre la desaparición y muerte de Víctor Hugo Quero Navas, insistiendo en la necesidad de pruebas forenses independientes y de la restitución digna del cuerpo a la familia.
Localmente la ONG Foro Penal viene denunciando que se trata de una mecánica repetida y advirtió que todavía hay por lo menos 11 personas que permanecen en paradero desconocido. Es un accionar repetido donde los detenidos son incomunicados y usualmente torturados en tribunales, las prisiones niegan información y los organismos públicos se contradicen entre sí mientras los mantienen desaparecidos.
La crueldad para ellos no tiene límites. Así operaron hasta el último momento cuando lograron su objetivo: mataron a Víctor Hugo y después a Carmen Teresa.
Por eso el sepelio de Carmen Teresa fue algo más que un entierro. La ceremonia derivó en una expresión de indignación contra el aparato represivo y la negligencia del Poder Ejecutivo que pisotea las leyes y actúa con impunidad arrollando indefensos detenidos.