CARACAS/ESPECIAL. – El evento electoral organizado por Nicolás Maduro, programado para el 6 de diciembre, tiene como propósito el surgimiento de una estructura que funja como Parlamento o Asamblea Nacional que estaría ampliamente dominada por el chavismo.
Estos comicios, a los que no acudirá la clase política aglutinada en torno al actual presidente del Parlamento y presidente interino de la República Juan Guaidó, solo servirá para darle a la oposición que negocia con el chavismo en torno a la llamada Mesa de Diálogo Nacional, pequeñas cuotas de poder que no amenazarán la hegemonía de la cúpula que se mantiene en control del poder en el país.
En el evento parlamentario del 6 de diciembre participarán -como ocurrió en 2018- los partidos opositores Avanzada Progresista. Cambiemos, Soluciones, Movimiento al Socialismo y Esperanza por el Cambio; así como los desertores de fuerzas políticas a los que el Supremo chavista les “premió” nombrándoles directiva de partidos como Acción democrática y Voluntad Popular.
Sin embargo, el nuevo ecosistema de partidos políticos de oposición que el régimen de Nicolás Maduro ha construido tiene muy pocas oportunidades de amenazar el control casi absoluto que tendrá el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUVE) en las próximas elecciones.
Para este proceso electoral el chavismo modificó sustancialmente el sistema de adjudicación de cargos e incrementó inconstitucionalmente en 66% la cantidad de diputados que integran al Parlamento.
En los informes realizados por el Observatorio Electoral Venezolano, Asamblea de Educación y Súmate se explica que los cambios acordados por la nueva oposición y el chavismo buscaban, en caso de que Guaidó decidiera participar en las elecciones parlamentarias, sub representar a los partidos que lo apoyaron, sobre representando al chavismo y garantizando un mínimo de cuotas parlamentarias a los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional.
Según el análisis de escenarios de Súmate sin la participación de la oposición agrupada en torno a Guaidó el efecto de sobre representación del sistema de adjudicación de cargos provocará que el PSUV pueda llegar a controlar hasta 239 cargos de los 277 que están en disputa.
Es conveniente recordar que el TSJ y el CNE acordaron aumentar de 167 a 277 la cantidad de integrantes del Parlamento venezolano. Al sumársele 110 nuevos curules los cargos se distribuyen de la siguiente manera:
- Se pasa de 113 a 130 diputados nominales, electos por nombre y apellido en las mismas 87 circunscripciones de 2015.
- Se pasa de 51 a 96 diputados por listas Estadales. Distribuidos en las 24 entidades Federales. Electos por Método d’ hondt simple en listas estadales que asignan entre 3 y 10 Diputados.
- Se crea una “lista de adjudicación nacional” que asignará 48 diputados nacionales electos por método d’ hondt simple, agrupando los votos obtenidos por los partidos nacionales en las listas estadales.
- Los 3 escaños indígenas se escogerán en una fecha distinta al 6 de diciembre, a través de mecanismo a mano alzada en una primera fase de un proceso de selección en segundo grado.
Según advirtieron en su momento los técnicos del Observatorio Electoral Venezolano y de la Asamblea de Educación estos cambios están precedidos por varias violaciones a la ley, las tres más relevantes son:
- Las cifras de proyección poblacional fueron manipuladas discrecionalmente para Intentar justificar la distribución no proporcional de los escaños en las diversas entidades, favoreciendo la sobre-representación de los estados más pequeños.
- Los escaños por la lista regional, que incrementaron de 51 a 96, así como los 17 diputados adicionales que se escogerán vía nominal para pasar de 113 a 130, se asignaron discrecionalmente con el objetivo de sobre-representar a los estados con menor población y a sub-representar a los estados donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos.
- 7 de los 17 nuevos diputados nominales (41,2%) fueron asignados a circunscripciones donde el índice poblacional no justifica el incremento (pocos electores), afectando todavía más la ya sesgada distribución de las circunscripciones y cargos nominales a elegir en cada una.
Según el análisis de Súmate en el actual escenario, con el PSUV compitiendo contra algunas coaliciones minoritarias del chavismo y de la oposición que hace vida en la Mesa de Diálogo Nacional, junto a los partidos intervenidos por el TSJ, es evidente que el partido de gobierno obtendrá mucho más de los tres cuartas partes del nuevo Parlamento que han planeado.
Asumiendo que el comportamiento electoral sea similar a lo que se observó durante el evento presidencial celebrado en el año 2018, el PSUV capitalizando 59.7% de los votos nacionales pudiese obtener 239 curules (86,3%) de la próxima Asamblea Nacional.
Estos 239 diputados se distribuirían de la siguiente manera: 128 diputados nominales, 79 diputados por listas regionales y 29 diputados por la lista nacional. Adicionalmente deben incorporarse los 3 diputados indígenas a causa del particular proceso para su selección, ampliamente controlado por factores afines al gobierno de Nicolás Maduro.
¿Puede el PSUV capitalizar 59.7% de los votos el 6 de diciembre?
Según el más reciente estudio de la firma Consultores 21 apenas 22% de los ciudadanos están dispuestos a votar en las elecciones parlamentarias. De este grupo, una amplia mayoría se identifica con la llamada revolución bolivariana.
El estudio de Consultores 21 concluye que 61% de quienes se dicen chavistas están dispuestos a votar, al igual que 17% de los ciudadanos que se califican como independientes y 12% de quienes aseguran ser opositores.
La oposición tradicional sigue fragmentada
La decisión de no participar en el evento del 6 de diciembre no ha servido para unificar a los tres principales bloques opositores del país. Dejando a un lado a los partidos y liderazgos políticos que integran la Mesa de Diálogo Nacional, la oposición tradicional se divide en tres grupos muy bien definidos
El Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó que centra sus objetivos en la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y en la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional. La principal apuesta de este sector es que la precarización del país, junto a las sanciones internacionales fracturen a la coalición gobernante para que los militares decidan apartar a Nicolás Maduro del poder. Este grupo basa toda su legitimidad en la consulta popular que debe realizarse entre el 7 y 12 de diciembre.
Por otra parte, se encuentran los sectores liderados por Henrique Capriles Radonski -conformado por diputados de la actual Asamblea Nacional, empresarios, académicos y ONG- que sostienen que la estrategia desplegada entre 2019 y 2020 no ha logrado fracturar a la coalición gobernante, lo que provoca que, pese a las sanciones internacionales y la precarización del país el estatus quo se afianzara en el poder. Por esta razón proponen rechazar la continuidad del gobierno interino y buscar alternativas que permitan pactar con el chavismo la reinstitucionalización del país.
Por último, el tercer grupo, con menor impacto nacional e internacional, es el liderado por María Corina Machado, que apuesta a la aplicación del TIAR y del principio de derecho internacional llamado Responsabilidad de Proteger (R2P) para que una coalición internacional separe a Maduro del poder, y restituya la democracia en el país.
@Puzkas