MIAMI – Un sombrío panorama se cierne sobre Nicaragua de cara a los próximos comicios presidenciales. El régimen activó la "guillotina" que preparó por meses en la oficialista Asamblea Nacional.

La semana concluyó en Nicaragua con acciones represivas del régimen contra opositores y desafiantes hacia la comunidad internacional. Despojo de sus personerías jurídicas a dos partidos políticos, ha levantado una acusación por presunto lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, confiscó equipos de televisión a un medio comunicación, detuvo temporalmente a periodistas y lanzó advertencias al embajador de Washington en Managua.

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Chamorro´, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), fue citada el viernes por el régimen de Daniel Ortega al Ministerio Público (MP), y en la víspera ante el ministerio de Gobernación para responder ante los presuntos delitos por los que le acusan.

"Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua, ese es el hombre que está muerto de horror, porque (sabe que) nosotros unidos vamos a derrotarlos en la próximas elecciones", afirmó la opositora, tras ser interrogada durante más de tres horas por funcionarios de la Fiscalía (Ministerio Público) en Managua.

A su hermano, Carlos Fernando Chamorro, propietario de tres medios de comunicación, el régimen allanó sus oficinas y le volvió a confiscar los equipos. La primera vez fue a finales de 2018.

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Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, e hija de la expresidenta de Nicaragua.

Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, e hija de la expresidenta de Nicaragua.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por Daniel Ortega, despojó de su personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador (PC), con lo que de hecho inhabilita la participación de un sector de la oposición en las próximas elecciones presidenciales.

Tras decapitar al PRD, Ortega apareció de noche como es su costumbre, en un acto para conmemorar el natalicio de Augusto César Sandino, el ícono del Frente Sandinista (FSLN), donde aprovechó para acusar al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, de presionar a los partidos políticos de oposición para imponer candidatos.

“A ellos si les gusta meterse en todos lados y querer decidir por los de casa. Aquí el embajador yanqui anda en todos lados vendiendo a sus candidatos como si él fuera nicaragüense. Aquí que no se meta el embajador yanqui, postulando candidatos y presionando a los partidos políticos para que se acepte el candidato que quieren los yanquis, cree que estamos en los tiempos de ocupación, que se olvide el embajador yanqui, Nicaragua es de Sandino”, dijo el caudillo sandinista sin mencionar el nombre del embajador de Washington en Managua.

“Nicaragua es un pueblo que merece respeto, esto va con el embajador yanqui y otros embajadores”, sentenció Ortega acompañado de su consuegro, el jefe de la Policía, Francisco Díaz, y el jefe del Ejército, Julio César Avilés.

Díaz y Avilés enfrentan sanciones de Estados Unidos por su participación en los crímenes y la represión perpetrados durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018. Avilés se negó a desarmar a los paramilitares organizados por el régimen, pese al mandato de la Constitución impide más cuerpos armados que no sean el Ejército y la Policía.

La cancelación de personerías

El PRD que dirige el pastor evangélico Saturnino Cerrato, fue impugnado por un grupo de supuestos pastores bajo el argumento que la alianza que realizó con la Coalición Nacional por aliarse con personas que no son “compatibles” con los “principios cristianos” que promueve esa organización.

“Ante tales hechos impugnamos las reformas realizadas por el PRD como la suscripción de cualquier tipo de alianzas con personas que son contrarios a los valores del partido”, argumentó ante el CSE el grupo evangélico.

El PRD hizo alianza con la Coalición Nacional que aglutina a sandinistas disidentes que gobernaron con Ortega durante el primer régimen sandinista, y a movimientos de izquierda que defienden el “derecho al aborto terapéutico” y la agenda de la diversidad sexual, una alianza que se firmó en medio de “ocultamiento” de información.

Según Cerrato, la impugnación es engañosa porque aseguró a los medios de comunicación que no conocen a los “pastores” y no pertenecen a su partido, sino a la “comisión de paz” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El engaño

El PRD mantuvo conversaciones con otro sector de la oposición, la Alianza Ciudadana por la Libertad para firmar un acuerdo de unidad electoral, pero esa alianza no se concretó debido a que los estatutos del PRD establecen que solo una convención partidaria puede aprobar alianzas.

Los representantes del partido omitieron esa información durante las negociaciones y solo se conoció hasta después que se venció el término de suscripción de alianzas establecidos por el CSE. La convención del PRD se realizó el sábado 15 de mayo, tres días después del cierre de inscripción en el CSE. Tras su convención, el PRD firmó alianzas con la Coalición Nacional, pero tres días más tarde el CSE le canceló la personería jurídica.

El presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo César Aguirre, recibió la notificación del CSE de cancelación de personería jurídica el 19 de mayo.

El Partido Conservador (PC) determinó en una sesión que no participarían en los comicios presidenciales convocados por los recién nombrados magistrados electorales por no existir condiciones y respaldó en un comunicado las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acerca de que las reformas electorales le “dan absoluta ventaja al partido oficialista en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo y transparente”.

La decisión del PC de no participar fue notificada el pasado 12 de mayo al tribunal electoral, siete días más tarde los nuevos magistrados le notifican al PC la cancelación de su personería jurídica.

Ortega a través de la Asamblea Nacional confirmó los nuevos magistrados del CSE que son militantes del FSLN y aliados del sandinismo, y aprobó una “reforma electoral” que inhabilita a candidatos de la oposición que participaron en las protestas antigubernamentales de 2018.

Ambos partidos introdujeron un recurso de revisión ante el CSE.

https://twitter.com/PcPartido/status/1395124710652928008

Antes de eso, el gobernante sandinista aprobó una serie de herramientas que constituyen el cuerpo represivo “legal” que inhabilita candidatos.

“No pueden ser inscritos como candidatos quienes no llenen las ´calidades´, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, o la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta”, dice el artículo 81 de la recién aprobada reforma a la ley Electoral.

Radicalización del régimen

Y mientras más de un centenar de presos políticos permanecen en las cárceles, y los últimos crímenes cometidos por el sandinismo permanecen en la impunidad, la incertidumbre se apodera de los nicaragüenses ante un escenario de radicalización de la dictadura.

Eduardo Amador McCoy, profesional nicaragüense, sostiene que en Nicaragua no hay condiciones para participar en las elecciones.

Algunos candidatos han hablado de “concesiones” y de salidas “dignas” al dictador, como Cristiana Chamorro, precandidata presidencial e hija de la expresidenta Violeta Barrios. Mientras el académico Arturo Cruz, es visto como el precandidato del aterrizaje suave para la salida de Ortega.

“Daniel Ortega no ha pensado jamás en aterrizajes suaves, en negociar su salida, jamás ha pensado en perder un ápice del poder que ha conquistado con balas y sangre”, afirmó Amador.

“Esta es una ilusión, un fenómeno sociológico que alguien piense que puede venir de la nada y que va a haber un milagro en la política, que va a despertar la conciencia. El pueblo está muy lastimado porque hace tres años perdimos a casi 400 nicaragüenses sino más con los desaparecidos y los que no se lleva cuenta, y la impunidad es campante, el olvido de las cúpulas políticas por esos crímenes, tenemos 130 presos políticos y no se menciona en ninguno de los puntos de discusión de la oposición. Lo que veo es una tiranía más represiva e índices de migración al exilio y, por otro lado, más obediencia y una oposición de cúpula más domesticada”, acotó Amador

Para el exembajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros, el desenlace de las personerías jurídicas estaba en el horizonte desde hace tiempo. A su juicio es evidente que, a Daniel Ortega, los elementos de la Coalición Nacional que aglutina al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), era el blanco de la medida.

Para Matamoros hay un debilitamiento evidente del régimen. Quiere disminuir el voto del electorado de la oposición.

Otros analistas sostienen que Ortega busca fragmentar más a la oposición, promueve un canibalismo contra uno de los grupos opositores como la Alianza Ciudadana por la Libertad. Los ataques entre la oposición y el desánimo de los votantes expectantes, produciría abstención.

Para Matamoros, las últimas movidas del régimen tienen un triple impacto. “Esto es el resultado de falta de experiencia política. Estamos en base a una realidad política, de relaciones de fuerza y Daniel Ortega no va a dejar de utilizar las relaciones de poder simplemente en base a las intenciones. Aquí se trata de un proceso donde todo el país está siendo afectado, esta cuestionado el proceso electoral, está como una explosión y donde la nube de la bomba atómica que se ha lanzado aún no se ha despejado”.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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