Otorgar "ciudadanía de honor" al escritor Sergio Ramírez crea polémica

Su obra y aporte a la literatura no tienen discusión. Ramírez Mercado ha recibido grandes reconocimientos como el premio Alfaguara de Novela en 1998, el premio Iberoamericano de Letras "José Donoso" en 2011, y el Premio Cervantes 2017; sin embargo no se puede ignorar que su paso por la política ha dejado luto, dolor y heridas que permanecen abiertas para miles de nicaragüenses, revividas ahora, con la propuesta de otorgarle la ciudadanía de honor a Ramírez Mercado.

El escritor, hoy crítico de quien fuera su amigo, gobernó junto a Daniel Ortega y los nueve comandantes de la “revolución sandinista”, dirigida desde Cuba y apoyada por la Unión Soviética. Fue miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional (1979-1984) y posteriormente vicepresidente de Nicaragua (1984-1990).

Se separó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1994, fundó el partido Movimiento de Renovador Sandinista (MRS), hoy Unamos, y en 1996 fue candidato presidencial de esa agrupación. Tras perder las elecciones abandonó la política y desde entonces se dedica a la literatura que le ha dado buenos frutos.

Acusado por Ortega

Ortega, con el que Ramírez gobernó con mano dura durante 11 años, lo persigue y le ha dictado cárcel a través de la Fiscalía -instrumento represivo del régimen- bajo el argumento de “incitar al odio y la violencia”.

En junio, la Fiscalía lo citó para declarar en el caso de "lavado de dinero" contra la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. El régimen sandinista acusa a Ramírez de que su Fundación Luisa Mercado recibió fondos de la Fundación Chamorro.

El escritor se encuentra en el exilio en Costa Rica. La historia de crímenes cometidos por la “revolución sandinista” ha recobrado notoriedad luego de que seis expresidentes en Costa Rica han propuesto otorgarle la ciudadanía de honor al escritor. Dos expresidentes retiraron su apoyo más tarde ante el polémico pasado político de Ramírez.

Grupos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica se oponen a que le otorguen la distinción argumentado crímenes de lesa humanidad y el robo de propiedades.

Durante el primer régimen sandinista hubo fusilamientos públicos contra oficiales de la Guardia Nacional tras el derrocamiento de la dictadura somocista, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, crímenes contra opositores como el del líder empresarial Jorge Salazar en 1981, exilio de miles de nicaragüenses, destierro de sacerdotes, torturas a presos políticos, exterminio de comunidades misquitas a través del operativo militar Navidad Roja, confiscaciones, robo de propiedades y censura a la prensa.

Uno de los casos más conocidos son las ejecuciones a presos políticos en la Cárcel La Pólvora, en Granada. El caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1983 ante la falta de acceso a la justicia del régimen sandinista. Hasta hoy familiares desconocen donde quedaron los restos de sus deudos.

Historial de crímenes

Fue una época de crímenes y represión que desembocó en una nueva guerra civil para el país. Miles de campesinos se alzaron en armas para luchar contra el nuevo gobierno y que había instaurado una nueva dictadura, la del “proletariado”.

Miles de nicaragüenses murieron en esa nueva guerra, los jóvenes eran reclutados y obligados a “defender” la “revolución” a través de la Ley del “Servicio Militar Patriótico” promulgada en 1983. La persecución se intensificó en las zonas rurales debido al apoyo que daban el ejército irregular conocido como la “Contra” que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos.

Conscientes del apoyo a la Contra, el régimen sandinista ejecutó un operativo militar conocido como la “Navidad Roja” en 1982, fue un acto de exterminio que consistió en desalojar violentamente de sus tierras ancestrales a 42 comunidades Misquitas que habitaban en la ribera del río Coco, en la Costa Caribe, fronterizo con Honduras. El fin del operativo era restarle base social a la Contra.

Las viviendas fueron incendiadas, los cultivos arrasados y los animales sacrificados, decenas de misquitos fueron asesinados, los sobrevivientes fueron reasentados por la fuerza, un hecho considerado crimen de lesa humanidad.

Casi dos años más tarde, La Junta de Reconstrucción Nacional integrada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Rafael Córdova Rivas, aprobó un decreto de “Amnistía a los Misquitos” por la Navidad Roja, pese a que fue el sandinismo arrasó con esa comunidad.

La Biblioteca del expresidente Enrique Bolaños, recoge testimonios de sobrevivientes como el del padre José Wolf, sacerdote norteamericano que trabajaba con los misquitos. En un fragmento de su testimonio, dado en Boston, dijo: “Ese 23 de diciembre de 1982 fui testigo ocular de la desaparición de 23 personas, y para no dejar huellas las fusilaron en el río Coco”.

Añadió que “después de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el río y los familiares a recuperar los cadáveres para darles cristiana sepultura”, de acuerdo con el testimonio.

Pero la represión no se limitaba a los Misquitos, el país entero fue sometido a vigilancia, represión y encarcelamientos a todo aquel que la dictadura considerara contrarrevolucionario. El desgaste de la guerra, el descontento de la población y la pobreza a la que el sandinismo había llevado al país, contribuyeron a la salida del régimen tras “Acuerdos de Paz”, que concluyó con elecciones y en las que el sandinismo perdió el poder.

En los dos meses del periodo de transición de gobierno, el régimen sandinista se aprobó una nueva Amnistía "amplia e incondicional" para evitar ser enjuiciados por los crímenes cometidos. También aprobaron las leyes conocidas como La Piñata.

“Una gran mayoría de las propiedades, que según la ley pertenecían al Estado: casas, terrenos urbanos, tierras agrícolas, dineros congelados en los bancos, fábricas enteras, otros bienes y valores, etcétera, pasaron de la noche a la mañana a manos particulares de los cuadros sandinistas y sus allegados, violentando la Constitución y el Código Penal de la República que penaba actos como este en el capítulo titulado ‘Malversación de caudales públicos’”, dice el análisis publicado por la Biblioteca del expresidente Enrique Bolaños (2001-2006).

Corrupción

También se robaron casas lujosas en exclusivos residenciales como “Las Colinas y Los Robles, empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, empresas comercializadoras de carne y de banano y empresas financieras”, revela la revista Magazine.

La ley fue promulgada por “Sergio Ramírez Mercado, presidente de la República por la Ley. Publicado en la Gaceta No. 53 del 15 de marzo de 1990)”, 20 días después de la pérdida del poder, revela el Diario La Gaceta Oficial.

Ramírez en abril de 2010, le dijo al diario La Prensa en que él era “la cabeza del Gobierno. Yo manejaba el poder Ejecutivo y todo el trámite de las leyes”, tras ser consultado sobre su cuota de responsabilidad en el proceso conocido como La Piñata.

El nuevo gobierno de Violeta Barrios encontró las arcas del Estado vacías.

La negativa

Noemí Pavón es una de las nicaragüenses exiliadas en Costa Rica se opone a la ciudadanía de honor para el escritor y exvicepresidente.

“Hay evidencia histórica, fotos, documentos y testimonio de víctimas, sobre las acciones sanguinarias y represoras de las que fue parte Sergio Ramírez Mercado como miembro de la dirección del FSLN, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y vicepresidente Nicaragua durante 11 años”, dijo Pavón.

“4,845 propiedades de estadounidenses y más de 3 mil empresas agrícolas e industriales y nos obligaron a pagarlas en un periodo de 50 años que terminaremos de pagar en 2035”, afirmó.

El acto de rapiña tiene un costo para los nicaragüenses de 2.200 millones de dólares al país.

Para Christiam Martínez exiliado, Ramírez, los galardones recibidos por el escritor no lo eximen de responsabilidad por los crímenes y abusos que se cometieron durante el primer régimen sandinista. A su juicio también es responsable de los abusos y las ejecuciones extrajudiciales que en esa época se cometieron y a los que el sandinismo se refería como “ajusticiamiento”, apuntó Martínez.

Los crímenes y robos han permanecido en la impunidad debido a las "amnistías". La última ola de crímenes del régimen de Daniel Ortega cometidos durante las protestas de abril de 2018, permanecen en la impunidad. El sandinismo se aprobó una nueva "amnistía".

@FloresJudith7
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