CARACAS.- El parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, debatió este martes las condiciones para una eventual transición política en el país caribeño en el marco de la juramentación de Nicolás Maduro por un segundo mandato, que califican de inconstitucional.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Cámara), Juan Guaidó, expresó durante la discusión del anteproyecto de ley de transición que ese instrumento buscará "ejecutar políticamente" un cambio de Gobierno que "sea efectivo en la solución de los problemas de la gente", dijo.

Remarcó que los diputados persiguen no solo "llenar el vacío" que dejará la "usurpación" de Maduro como presidente, sino cesarla.

Para ello, indicó, es necesario reunir a todos los sectores del país a partir del 10 de enero, cuando el dictador venezolano jurará para un nuevo periodo de seis años luego de haber obtenido la victoria en unos comicios fraudulentos.

Según Guaidó, la transferencia de competencias al Parlamento, declarado en desacato por el Supremo, se hará efectiva a medida que se pueda "rescatar la soberanía popular".

Para ello insistió en la necesidad del apoyo y respaldo de todos los sectores para lograr "las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la constitución".

"Por eso le hablamos a los militares, a la base política del (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela, por eso le hablamos al pueblo de Venezuela porque necesitamos de su participación", dijo el jefe de la Cámara.

Guaidó reiteró que el Parlamento no juramentará a Maduro el próximo 10 de enero y reiteró que el Legislativo cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, la Iglesia católica y el pueblo venezolano "para juntos lograr el respeto al estado de derecho, los derechos humanos y restituir el orden constitucional".

En mayo pasado Maduro ganó con casi el 70 % de los votos en una contienda en la que no participó el grueso de la oposición por considerar que no estaban dadas las condiciones para que la competencia fuera justa y transparente, entre otras cosas, por la inhabilitación política de sus principales dirigentes.

Varios gobiernos de América y Europa han advertido que no reconocerán al régimen de Maduro, señalado ya por algunos como un régimen dictatorial bajo el cual el país petrolero entró en su peor crisis económica.

Crearán fondo para repatriar capitales ligados a delitos

El Parlamento aprobó este martes crear un fondo en el que se resguarde el capital público ligado a delitos y corrupción y que sería repatriado una vez se produzca un cambio de gobierno en el país suramericano.

Los diputados acordaron, en la primera discusión del año, "solicitar la cooperación internacional para la creación" de este fondo y crear también un registro público a fin de que estos capitales sean manejados "con transparencia".

La Cámara asegura que estos activos serán "asegurados y posteriormente devueltos al territorio nacional con el objeto de financiar políticas públicas que ayuden a solucionar de forma prioritaria la severa crisis humanitaria".

El acuerdo sostiene que Venezuela "ha sido gravemente perjudicada por hechos de corrupción en los últimos veinte años" y cita estimaciones según las cuales una tercera parte de los ingresos de la nación devenidos de la industria petrolera están comprometidos por actos de corrupción.

Otros hechos como la adjudicación irregular de contratos a la compañía Odebrecht, supuestos manejos incorrectos de partidas en el régimen y la malversación de divisas que maneja exclusivamente el Estado también han causado daños patrimoniales que el Legislativo espera recuperar.

"Será necesario el desarrollo posterior del marco normativo para institucionalizar el proceso de recuperación de activos y la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos obtenidos", indica la declaración.

Los diputados piden a los países donde existan capitales ligados a estos hechos que los sometan a medidas cautelares "y que las mismas se mantengan hasta que sea restablecido el Estado de Derecho en Venezuela".

Piden también que en el extranjero se desconozca la legitimidad de autoridades nombradas por el régimen de Nicolás Maduro que pretendan recuperar activos producto de la corrupción.

El Supremo declaró a la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta las decisiones del Legislativo.

FUENTE: EFE

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