El presidente peruano Pedro Castillo llega a su primer año de gobierno sobreviviendo a dos intentos de destitución desde el Congreso y rodeado por una multitud de escándalos políticos, que le han conducido a investigaciones judiciales por presunta corrupción, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia dentro de su círculo más cercano de colaboradores, que incluye a sus sobrinos y cuñada.

Y son esas causas judiciales las que probablemente lo llevarían a otro posible proceso de remoción desde el Parlamento.

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Aunado a esta difícil situación política, las condiciones económicas del país, afectado también por la ola inflacionaria global y los propios conflictos sociales internos, componen un escenario aún más complejo para Castillo, quien es desaprobado en su gestión por 74% de los peruanos, según encuestas.

Dentro de la larga cadena de escándalos desde que asumió el poder, Castillo ya tiene cinco investigaciones abiertas por la Fiscalía de la Nación en las que, según algunos de los involucrados interrogados por los fiscales, el presidente funge como la cabeza de una presunta organización criminal dispuesta a aprovecharse del aparato del Estado para conseguir contratos y beneficios ilegales.

Uno de los miembros clave de esta red sería el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, capturado el pasado fin de semana tras casi cuatro meses prófugo y que se entregó a los fiscales bajo la figura de “colaborador eficaz” ante la justicia. Según la prensa local, en sus primeras declaraciones Pacheco afirmó que el mismo Castillo ayudó a mantenerlo en su clandestinidad a través del actual secretario de Palacio, Beder Camacho. Y más grave aún, habría indicado que se cobraban 20.000 dólares por los ascensos a General dentro de la Policía Nacional de Perú.

Este nuevo eslabón en la crisis política ya ha despertado nuevamente pedidos de renuncia o destitución de Castillo de parte de sectores de la oposición en el Congreso y algunos gremios y organizaciones civiles, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La firma de análisis de riesgo Eurasia Group indicó a sus clientes el pasado fin de semana que la nueva investigación de la Fiscalía contra Castillo daría nuevos bríos a los intentos del Parlamento de destituirlo.

“La remoción de Castillo es muy probable, pero el momento preciso y el procedimiento para ello dependerá del apoyo en el Congreso a este fin”, señala Eurasia, que también destaca que, al igual que el Presidente, los congresistas fueron elegidos en 2021 para un período constitucional de cinco años y que en el seno de los legisladores se teme que iniciar un proceso de destitución presidencial conduzca a unas elecciones generales que también los desalojaría a ellos del poder.

Según la encuestadora Ipsos, a mediados de julio 42% de los peruanos apoyaba decididamente la destitución de Castillo, mientras que 17% podría meditar al respecto y respaldarla. Solo 24% de las personas rechaza remover al presidente del cargo y 14% podría estar en desacuerdo con ello.

En esto debe tenerse presente que la vicepresidenta, Dina Boluarte, podría ser inhabilitada también por el Congreso, pues está enfrentando un proceso sancionatorio por presuntas irregularidades administrativas.

Si esto y la destitución de Castillo se consuman, se le abrirán las puertas de la Presidencia de Perú a la jefe del Parlamento (la recién electa Lady Camones), en un escenario de poca claridad legal sobre un llamado a elecciones generales o comicios presidenciales únicamente, y con un rechazo de 79% de los ciudadanos a la gestión del Congreso.

Problemas sin respuestas

La politóloga peruana Katherine Zegarra, magister de la Universidad de Salamanca en España, define como “desgobierno” el principal rasgo de la administración de Castillo en este primer año.

“Hemos tenido una altísima rotación de ministros del Gabinete, tanto que ha supuesto un récord incluso para un ambiente político que ha estado acostumbrado a la inestabilidad”, explica. Han sido casi 60 los ministros que ha tenido Castillo en sus cuatro gabinetes en apenas 12 meses, en un poder Ejecutivo de 18 despachos ministeriales.

Y también destaca Zegarra que en la labor de gobierno “tampoco se ha llevado a cabo ninguna política pública importante. Más bien lo que se ha visto es la degradación de algunos servicios públicos que habían estado siendo positivos, y algunos retrocesos como tener una educación universitaria de calidad o mejor transporte público”.

Según Ipsos, 80% de las personas está insatisfecha con el control de la inflación, 81% la lucha contra la delincuencia, 78% la reducción de la pobreza, 77% la lucha contra la corrupción y 70% la promoción de la inversión y el empleo.

A la par de la crisis política, corre un entorno económico muy complejo donde la inflación anualizada ya alcanza 8,81%, donde el Banco Central redujo a 3,1% el crecimiento de la economía, y donde la actividad minera, motor de la economía peruana, se ha reducido por la multiplicación de conflictos sociales que afectan o paralizan la producción de metales y otros rubros mineros.

Luis Benavente, director ejecutivo de la Consultora Vox Populi, también apunta hacia la inestabilidad en el seno del Ejecutivo. “Es lo más distintivo, la más completa inestabilidad política y económica, que usualmente suelen ser estimulados por la oposición, pero en este caso ha sido el oficialismo y el presidente Castillo”, afirma.

A su juicio, esto ha ocurrido por las designaciones de ministros y colaboradores de reputación poco halagüeña. “La designación de ministros cuestionados, vinculados a organizaciones de fachada de Sendero Luminoso, luego con la designación de funcionarios cuestionados por procesos judiciales por causas como apología al terrorismo. La inestabilidad ha sido crónica”.

Por su parte Katherine Zegarra observa que “es difícil que los peruanos tengan una perspectiva de futuro positiva”, ya que “tanto desde el Poder Ejecutivo como el Legislativo se presentan instituciones deslegitimadas y con poca aprobación ciudadana, en tan poco tiempo”.

Eurasia señala que “cualquier movimiento de los congresistas por permanecer en sus cargos en ausencia de Castillo y la vicepresidenta Boluarte, se toparía con mucho rechazo de la opinión pública”. La firma recuerda que en las encuestas 65% de los peruanos respalda que se llame a elecciones generales anticipadas.

“Ahora con la entrega de Bruno Pacheco, y que estuviese relacionado con presuntos casos de corrupción, se señala nuevamente que este es el final de Castillo. Pero lamentablemente es muy complicado saberlo porque también depende del Parlamento, que está fragmentado y la oposición no se pone de acuerdo. Es una situación compleja”, concluye Zegarra.

Ahí surge una gran interrogante sobre cómo puede conducirse la crisis política. “El corto plazo es de mucha inestabilidad, y la (eventual) caída del presidente Castillo dará paso a una nueva etapa en la política peruana que es una incógnita”, apunta Benavente.

Y añade que “no es promisorio lo que espera al país, hay una incertidumbre muy grande y las posibilidades de lograr una estabilidad política aceptable son pequeñas”. Advierte que “Perú está en un momento de poca esperanza, de expectativas que no son muy favorables a la vista”.

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