jueves 2  de  febrero 2023
Puerto Rico

Petición de la defensa podría dar vuelco en caso por presunta corrupción

El proceso en el que se relacionan a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, un banquero y un exagente federal ha trascendido el interés de los medios en la Isla del Encanto

Por REDACCIÓN

La designación de un comisionado especial que se encargue de revisar las piezas que el Gobierno estadounidense presentó cuando dio las órdenes de allanamiento para tres decenas de cuentas de comunicación electrónica así como del teléfono celular de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, en el proceso donde la relacionan en un caso de presunta corrupción con un exagente federal y un banquero, es lo más reciente que se conoce de este suceso que ha trascendido las fronteras de los medios de comunicación en Puerto Rico.

Según un reporte del portal Noticel, de puerto Rico, firmado por el periodista Oscar J. Serrano, la radicación del documento, el viernes 11 de noviembre, se presentaría previo a la primera conferencia donde se analice el status del caso programada para el martes 15, ante el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach.

Los abogados a cargo de la defensa solicitaron la designación de un comisionado especial, para revisar los miles de piezas de evidencia que el Gobierno de EEUU recopiló durante distintas órdenes de allanamiento a 31 cuentas de comunicación electrónica de sus clientes y el teléfono celular de la exgobernadora. Los letrados exhortaron al juez Arias Marxuach a tomar como referencia el desarrollo en el caso entre el Departamento de Justicia de EEUU y el expresidente Donald Trump.

En el caso de la intervención de los agentes de FBI en la residencia del expresidente Trump, después del allanamiento a Mar a Lago, una jueza de distrito designó a un Comisionado Especial, en vez de mantener los documentos bajo secretismo oficial.

Según lo reseñan medios de prensa puertorriqueños, una encuesta política preparada por la firma británica C|T Group habría sido el eje del proceso judicial que enfrentan en el Tribunal para el Distrito Federal de Puerto Rico, la exgobernadora Vázquez, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente federal Mark Rosini, bajo cargos de conspiración y soborno, así lo refiere un reporte publicado en la edición digital del diario puertorriqueño Metro, bajo la firma de la periodista Aiola Virella.

Unos $315.000 habría sido el monto de la contratación de la firma para el mencionado estudio político, refiere el artículo que se estima en la acusación federal.

El documento, que dio paso a la acusación, apunta a mensajes de texto y otras comunicaciones entre los acusados y terceras personas que establecerían que la ayuda política a la entonces gobernadora se daba a cambio de que destituyeran al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly. En su lugar, se le pedía que nombrara a alguien recomendado por Herrera-Velutini, según alega la fiscalía federal.

Toda esta fase de lo que se presenta como una conspiración habría ocurrido entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020, Vázquez designó a Víctor Rodríguez Bonilla como nuevo jefe de Instituciones Financieras, tras solicitar la renuncia de Joyner Kelly en marzo de ese año. El designado había sido asesor de Bancrédito, el banco que presidía Herrera-Velutini en Puerto Rico.

Sin embargo - refiere el artículo publicado en Metro- en una entrevista concedida a Metro por la abogada Lilly Ann Sánchez, que representa a Herrera-Velutini, la letrada negó las alegaciones de la fiscalía y sostuvo que durante el juicio se presentaría una prueba que aún no ha salido a la luz pública y que espera un jurado pueda aquilatar de forma imparcial.

La encuesta que trabajó C|T Group y que pagó Herrera Velutini tiene fecha de abril del 2020. Sánchez dijo en entrevista con Metro que se trata de un estudio que su cliente ordenó para conocer el ambiente político de Puerto Rico en distintos asuntos y medir a seis candidatos a la gobernación.

Sobre la encuesta, Sánchez afirmó que ya había sido ampliamente publicada y la compartió con Metro.

Acerca de las acusaciones, Herrera Velutini se declaró no culpable frente a un tribunal federal de Puerto Rico. Informaciones compartidas por diversos medios de prensa sostienen que esta acción fue la respuesta a la fianza fijada en un millón de dólares por la jueza federal de distrito Giselle López Soler.

Los hechos alegados

Presuntamente la investigación se inició a nivel federal durante las elecciones de 2019 en Puerto Rico. La entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced dirigía su campaña de reelección de la que Herrera Velutini era donante.

Metro sostiene que “cuando la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico se enteró de transacciones sospechosas en 2019 entre el banquero internacional y la campaña de Vázquez, el FBI lanzó una investigación formal, aunque no surgieron detalles hasta mayo de 2022, cuando un portavoz de las autoridades federales confirmó que había arrestos en curso”

Las autoridades alegan que la campaña de Vázquez “aceptó donaciones a cambio de favores políticos -el despido del comisario George Joyner- y que Herrera Velutini tendría su elección para uno nuevo”.

Un gran jurado impuso siete cargos contra Herrera Velutini, entre ellos conspiración, soborno y fraude electrónico de servicios honestos.

No obstante, la jueza López Soler permitió que el banquero viviera en Nueva York bajo supervisión, aunque también podrá viajar al Reino Unido para asuntos oficiales, sujeto a la aprobación del tribunal.

En el trasfondo de los presuntos actos aparece involucrado Mark Rossini, un ex agente del FBI, en supuesta alianza con Herrera durante la alegada trama de sobornos.

AP News informó que Rossini pagó 300.000 dólares a consultores políticos para apoyar la campaña de Vázquez.

Lo más reciente de caso

La defensa también ha pedido una orden judicial para recuperar el material incautado; y que se ordene al gobierno que deje de usar el material privilegiado para cualquier propósito, incluyendo prepararse para juicio.

Por su parte la fiscalía amenazó con invocar procesos especiales debido a la existencia de evidencia supuestamente clasificada como secreta por motivos de seguridad nacional.

En medio de este proceso en que se sugiere trasfondo político, hasta el momento no se ha fijado una fecha específica para el juicio.

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