Dos comisiones del Parlamento de Nicaragua recomendaron este lunes pasar al plenario, de mayoría sandinista, la polémica Ley de Seguridad Soberana, que para la oposición pone en riesgo las garantías individuales en el país.
Tanto la Comisión de Justicia como la de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, ambas controladas por el oficialismo, recomendaron al plenario aprobar esa controvertida ley propuesta por el Gobierno a finales de octubre.
"El dictamen ha sido firmado favorablemente por los integrantes de ambas Comisiones", dijo a los periodistas la presidenta de la Comisión de Justicia, la sandinista Irma Dávila.
Los diputados de la opositora Bancada Partido Liberal Independiente (Bapli) se reservaron el derecho de presentar un dictamen de minoría, para lo cual tienen un plazo de tres días, aunque eso no detiene la discusión de la iniciativa ante el pleno del Parlamento, explicó Dávila.
El Gobierno de Nicaragua pidió al Parlamento aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Soberana que, entre otros, establece como "amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones".
La iniciativa también propone, como nuevas amenazas la delincuencia organizada trasnacional e ilícitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional, todo acto de financiación de organizaciones terroristas y la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense.
En estos últimos años Nicaragua enfrenta litigios limítrofes con Costa Rica y Colombia que se ventilan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Además, la iniciativa incluye como amenazas genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima, y ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura.
Asimismo, acciones severas de impacto ambiental, catástrofes y cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad.
Las distintas acciones estarán bajo "observancia" del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, compuesto por ocho instituciones que están bajo el Poder Ejecutivo, entre ellas el Ejército, la Policía y la Procuraduría.
"Lo que persigue esta ley es darle mayor seguridad al pueblo, que es el soberano", sostuvo Dávila, para quien esa iniciativa responde "a las realidades y a las necesidades del país, porque la soberanía va más allá de la defensa del territorio".
"Hoy tenemos una nueva iniciativa más fortalecida, donde Nicaragua va a ser un referente a nivel de la región, teniendo leyes modernas (...), porque los riesgos y las amenazas son cambiantes, por lo tanto las leyes tienen que ir cambiando", alegó.
El presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, el opositor Luis Callejas, se opuso a esa iniciativa bajo el argumento de que "militariza los organismos civiles".
También porque permitirá al Ejecutivo interpretar cualquier acción como un atentado.
Además, según Callejas, crea "una confusión entre lo que es seguridad nacional y seguridad pública", no define las amenazas de la seguridad soberana, y no queda claro si el Ejército tendrá función de policía militar.
"Es una ley muy ambigua que se presta a una discrecionalidad enorme", consideró.
Expertos en el tema también han expresado su rechazo a esa iniciativa, porque, entre otras cosas, no da opciones para recurrir ante los abusos de las autoridades y es restrictiva.
Con la llamada Ley de Seguridad Soberana, el Gobierno busca sustituir la vigente Ley de Seguridad Democrática.
Los sandinistas cuentan con mayoría absoluta en el Congreso, donde se espera que la iniciativa sea discutida antes del 15 de diciembre próximo.
