Una semana después de que el huracán María —con categoría 5 y vientos de 155 millas por hora— azotó la isla, dejó al menos 16 muertos y una destrucción total, en Estados Unidos afloraron críticas al papel de la administración Trump frente al desastre.
Algunos medios sostienen que la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha sido “anémica”. Además, los llamados desde la desolada isla no parecen haber ganado la atención de los medios más importantes sino solo muchos días después. Según la organización de análisis Media Mathers, ABC, CBS y Fox News los pasó por alto; CNN y NBC los mencionaron de pasada).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, rechazó tajantemente la acusación de lentitud. “La respuesta federal ha sido todo menos lenta”. Y enfatizó que se habían enviado miles de millones en ayuda federal.
En realidad, hay datos que avalan la versión oficial.
Aviones y barcos con alimentos, agua, catres y generadores, en cantidades inmensas, han estado llegando a Puerto Rico, informó FEMA. Más de 2.500 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados a Puerto Rico y las Islas Vírgenes; les acompañan 10,000 empleados federales y 700 funcionarios de FEMA. La Guardia Costera y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajan para reabrir más puertos en dichas islas.
Todo esto está bien. Muy bien. Pero lo cierto es que es poco. Y demora demasiado.
Urge la ayuda
“Necesitamos prevenir una crisis humanitaria”, declaró a la CNN el gobernador Ricardo Rosselló.
Precisamente, se trata de un tipo especial de situación en la que existen necesidades masivas de ayuda en un grado muy superior a lo habitual, y que, de no distribuirse con la suficiente celeridad, proporción y rapidez, puede desembocar en una catástrofe para un número indeterminado de personas.
Irma Méndez reside en el área hotelera de San Juan, frente al Hospital de Niños San Jorge. Ocupa un apartamento en el piso 6 del edificio de 12 pisos y no ha bajado de allí pues su padecimiento cardíaco le impediría subir por la escalera. “El viento chocaba contra las ventanas y me daba pavor escucharlo. Tipo película”, me cuenta. “Cuando pasó el huracán todo estaba en amarillo: la arena cubría el paisaje”.
Le pregunto cómo ve la situación en este momento. “Mi temor son las enfermedades, porque hay escasez de agua y la basura se acumula”, me previene. Con todo, trata de ser objetiva. “Estamos mal, pero no tanto”. Y amplía. “Mi hijo me llama llorando desde las Carolinas, preocupado por los asaltos y lo que la prensa publica en Estados Unidos. Pero, en realidad, la vida retorna poco a poco. Me dicen que ya hay negocios que abrieron; algunos restaurantes también. Quieren abrir las escuelas la semana próxima, aunque en verdad no sé cómo”.
Roselló insiste en la inminencia de una crisis humanitaria. Y urgió al Congreso a que apruebe un paquete de ayuda proporcional a los daños.
Siete congresistas demócratas —entre ellos cuatro puertorriqueños de la Cámara de Representantes— solicitaron la suspensión de leyes de cabotaje. Esta exige que la mercancía que entra a la isla sea solo por barcos de bandera y tripulación estadounidenses. “La destrucción en Puerto Rico es devastadora, y necesitamos todas las herramientas a nuestra disposición para ayudar a recuperar y reconstruir”, indicó José Serrano, representante de Nueva York.
¿Condonarán la deuda?
Por estos días representantes de los partidos Republicano y Demócrata llevan a cabo conversaciones intensas. Quieren proponer un paquete grande ayuda e, incluso, condonar la deuda de Puerto Rico, que asciende a $70.000 millones.
El martes el vicepresidente Mike Pence se reunió con el senador republicano Marco Rubio (Florida), recién llegado de la isla —donde realizó un recorrido para conocer los daños— y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para discutir el tema de la ayuda.
El mismo día, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto al presidente de España, Mariano Rajoy, el presidente Trump anunció que visitaría la isla el martes de la siguiente semana. Señaló que está en camino una “masiva ayuda”, que incluye recursos federales de todo tipo, y asistencia de las fuerzas militares para ayudar en el largo proceso de reconstrucción.
Anteriormente Trump había aprobado una dispensa de seis meses para que la isla no tuviera que costear parte de la asistencia inicial que provee FEMA. Así, el gobierno federal asumirá el 100% del costo de la remoción de escombros y medidas de protección de emergencia.
El gobernador Rosselló, quizá con la intención de que se le tome en serio, no se detuvo en azuzar el fantasma de un éxodo masivo, si no llega la ayuda esperada. “Si no queremos provocar una situación de crisis humanitaria en los Estados Unidos, tenemos que actuar. Si queremos evitar un éxodo masivo, tenemos que actuar”, alertó.
Pero en verdad el éxodo masivo se está produciendo desde hace una década a causa de la crisis económica crónica y la falta de esperanzas. Puerto Rico se queda sin habitantes, sobre todo de gente joven.
Irma Méndez tiene una oficina legal que se ocupa del cierre de hipotecas. (Mal momento para el negocio. ¿Quién querría comprar una propiedad ahora?). Me confiesa: “La mayoría se quiere ir. Y, pensándolo bien, es lo mejor, en el caso de la gente mayor y los niños. Hasta se dice que van rebajar los pasajes, one way, a $50, como para estimular a que la gente se vaya”.
“Espero viajar a Miami con mi familia este fin de semana. Conmigo se va una hija y un nieto. Desde allá me ocuparé de la oficina. Y cuando las cosas se recuperen un poco, volveré”.
Una cosa es cierta: con ayuda o sin ella, y a pesar de los esfuerzos por la reconstrucción, será difícil retener a los boricuas en una isla devastada. El éxodo puede ser de categoría 5.
