MIAMI - El 1 de diciembre de 2019 el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, daba a conocer el inicio del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, con el fin de buscar soluciones a la grave crisis política, que explotó el 18 de abril de 2018 ante el hastío de la galopante corrupción de la dictadura de Daniel Ortega, el enriquecimiento ilícito, el fraude electoral que viene cometiendo desde 2008, los crímenes, la represión y la falta de libertades públicas.
Con el desarrollo de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que fue convocada por el secretario general de la OEA, daba inicio el uso de ese instrumento con el que se esperaba autorizar la suspensión de Nicaragua de ese organismo, y ello daba una esperanza a la mayoría de los nicaragüenses que quieren una salida cívica a la crisis política que atraviesa el país después de dos guerras, una contra la dictadura de Somoza y la otra contra la 1ra dictadura sandinista (1979-1990), que dejó decenas de miles de muertos, centenares de mutilados, y pobreza, Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio, solo después de Haití.
El origen del proceso de la Carta Democrática Interamericana se dio debido a la brutal respuesta del régimen a las multitudinarias protestas en Nicaragua. Informes preliminares de organismos internacionales de derechos humanos documentaron al menos los crímenes de 325 nicaragüenses, en su mayoría jóvenes que quieren un cambio, fueron literalmente ejecutados por francotiradores a la vista del mundo con disparos en la cabeza, ojos, cuello, tórax y abdomen. El interés era asesinarlos para crear pánico en la población.
A esa crisis se suma el exilio de más de 100.000 nicaragüenses; centenares de personas fueron encarceladas, sometidas a crueles torturas, violadas y sodomizadas con fusiles.
Hoy todavía existen 150 presos políticos, incluyendo los 36 que han sido secuestrados en la última ola de arrestos a partir de finales de mayo.
Ante los claros hechos de violencia y horror, ese 1 de diciembre de 2019, Almagro ante el consejo permanente decía que estaba que claro de que en #Nicaragua no hay estado de derecho, que el uso de la fuerza del régimen es desmedido, que existe represión, que hay presos políticos, que el pluralismo político se asfixió, no hay separación de poderes, y que por esos hechos invocaban la Carta Democrática.
Cuánta razón tenía desde 2019 Almagro, al afirmar que el pluralismo político se asfixió en Nicaragua. Casi dos años más tarde y en un año electoral lo estamos viendo desde finales de mayo con siete aspirantes presidenciales presos, mientras una candidata a la vicepresidencia fue inhibida de participar y hoy se enfrenta al aparato represivo judicial por llamar al voto masivo para salir de la dictadura, algo sin precedentes.
Los siete aspirantes y la candidata son juzgados por presunto lavado de dinero y traición a la patria, a través de un paquete de Leyes que Ortega aprobó en la Asamblea Nacional a finales de 2020, para reprimir a la oposición, leyes que aplica a través del sistema judicial al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega a través de la represión con el respaldo de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, el sostén de su poder, ha logrado neutralizar a la oposición. Canceló a través del CSE integrado por militantes sandinistas y aliados, la personería jurídica a tres partidos políticos. Una de las líderes políticas fue despojada de la ciudadanía nicaragüense que por derecho le corresponde por ser hija de un ciudadano nicaragüense. Ortega despoja de su ciudadanía a nicaragüenses, pero da refugio a prófugos de la justicia por corrupción y los protege otorgándoles la ciudadanía nicaragüense para evitar su extradición, casos claros son los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes y más recientemente Salvador Sánchez Cerén. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de nacionales.
Y en el fraudulento escenario electoral, el dictador sandinista se postula por octava ocasión para un cuarto mandato consecutivo y un quinto mandato presidencial, esto sin incluir los primeros cinco años de la primera dictadura sandinista, dirigida desde Cuba, periodo en el que coordinó la Junta de Reconstrucción Nacional. Es decir, que Daniel Ortega lleva ya 25 años en el poder, y todo indica que lograra imponerse para otros 5 años más. Cabe mencionar que durante los 16 años de gobiernos electos democráticamente “gobernó desde abajo” provocando asonadas, vandalismo y muerte, preparando el retorno del sandinismo al poder.
No es suficiente
Pero para Ortega eso no parece ser suficiente, su intención es clara, instaurar una dinastía, un proyecto en el que trabaja desde que retomó el poder en enero de 2017. Su esposa se postula para un segundo mandato consecutivo y manejan el país como su hacienda personal, mientras los nicaragüenses luchan por sobrevivir.
Este breve escenario expone lo que ha vivido Nicaragua en más de 40 años de sandinismo, pero lo vivido en los últimos 15 años, confirma lo que explicaba el secretario Almagro en diciembre de 2019, es que existen todos los elementos para aplicar la carta Democrática Interamericana que en su
artículo 20 establece que: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático… el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
Si las gestiones diplomáticas realizadas bajo del artículo 20 no producen resultados adecuados, el artículo 21 puede ser impuesto, el cual dice que la OEA puede tomar “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”.
En Nicaragua no existe estado de derecho, las instituciones del Estado son controladas por Ortega, y existiendo esas condiciones la comunidad internacional no toma acciones contundentes. ¿Los nicaragüenses nos preguntamos qué pasa? Todo parece indicar que existe indolencia ante las claras violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con la complicidad del Ejército y la Policía.
La historia deja claro que los crímenes no deben quedar en la impunidad, que los responsables deben enfrentar la justicia, que las familias tienen derecho de saber el paradero de los desaparecidos, que las Amnistías propician más luto y dolor. Nicaragua lo sabe muy bien. La historia de la década de los 80 con la primera dictadura sandinista se repite con la actual. Los crímenes cometidos en los 80 por el sandinismo y posteriormente perdonados durante una Amnistía permiten que responsables como Ortega continúen en la política.
Ortega se recetó una nueva amnistía en 2019, se perdonó los crímenes de abril. Hoy se prepara continuar en el poder y entablar un diálogo para legitimar el fraude electoral de noviembre próximo y mitigar el impacto de posibles sanciones. La pregunta es ¿Cuál será la respuesta de la comunidad internacional? Porque dos años después de iniciado el proceso en 2019, no hay una respuesta a la crisis en Nicaragua. Les dejo esa inquietud.
En noviembre habrá una marcha en CUBA contra la dictadura, eso nos da esperanza, el temor contra la tiranía se ha perdido, da esperanza para Nic. Porque desestabilizándose Cuba, responsable de la política de represión y terrorismo en la región, se creará un efecto domino. Hay fe en eso.
@FloresJudith7
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