El Movimiento Democracia e Inclusión además de la dimisión de las autoridades comiciales propusieron un cronograma que se puede realizar en 10 meses
MDI propone un cronograma electoral a realizarse a finales de este año o principio del otro. (Europa Press)
EUROPA PRESSCARACAS.- Representantes del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), que encabeza el expreso político venezolano Nicmer Evans, acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas (centro) con el fin de consignar una carta en la que piden la renuncia de los rectores del organismo comicial y proponen un cronograma para la consulta popular presidencial.
El politólogo Evans, antiguo aliado del chavismo, afirmó que el cronograma podría desarrollarse en 10 mesesy que debe iniciarse con la renuncia de los cinco rectores principales empezando por la máxima autoridad, Elvis Amoroso y sus respectivos suplentes, para que la Asamblea Nacional proceda a la escogencia de un cuerpo independiente, mediante una amplia convocatoria y proceso transparente.
Acompañado por el ingeniero Ángel Godoy y el dirigente estudiantil Inyer Bellorín, miembros de MDI, Evans aseguró que, si se atiende la solicitud, el proceso electoral puede darse en 10 meses o durante el primer trimestre de 2027.
Otro punto que el MDI considera fundamental de cara a nuevos comicios es la inscripción y actualización masiva del Registro Electoral, para incorporar a nuevos votantes dentro y fuera del país y renovar datos como la residencia.
Asimismo, plantean la depuración de los circuitos electorales, así como la adecuación de los centros electorales del país en cantidad y ubicación.
Godoy enfatizó que deben ser los venezolanos los que determinen cómo será la transición democrática en Venezuela.
Desde la Asamblea Nacional no hay señales de renovación del CNE, mientras se lleva a cabo con lentitud la escogencia de un nuevo fiscal general de la República y un nuevo Defensor del Pueblo.
Transparencia Venezuela publicó en su página oficial el informe: Las reformas necesarias para celebrar elecciones en un proceso de transición política en el cual propone la creación de un Estatuto Electoral Especial de carácter transitorio para corregir las distorsiones acumuladas en las últimas décadas y garantizar un primer ciclo electoral confiable.
No se trata de sustituir el marco legal vigente, sino que serían normas con prevalencia temporal para garantizar condiciones mínimas de legalidad, imparcialidad y verificabilidad en unas elecciones en Venezuela orientadas a la transición política.
Reinstitucionalizar el CNE y garantizar su autonomía frente a intereses políticos, es una de las reformas que considera la organización se debe implementar.
Advierte que el CNE ha estado sujeto a controles partidistas, opacidad en la toma de decisiones y falta de independencia funcional.
También que se redefina el proceso de selección de rectores con criterios de transparencia, control ciudadano y evaluación de credenciales, así como la eliminación de mecanismos que favorezcan la captura política del organismo.
Además, fortalecer el carácter colegiado del organismo electoral, garantizar la publicación de sus decisiones y establecer una política comunicacional independiente que permita acceso oportuno a la información.
El objetivo es transformar no solo la estructura del CNE, sino su cultura institucional, marcada por la opacidad y la discrecionalidad.
Transparencia Venezuela determina que es crítica la situación del Registro Electoral por la exclusión de votantes en el exterior.
De acuerdo con el informe, para las elecciones presidenciales de 2024, apenas 69.211 venezolanos en el extranjero estaban habilitados para votar, lo que representa solo 1,4% del universo potencial de la diáspora, estimada en casi 8 millones de personas.
Esta brecha responde a restricciones legales y administrativas, como la exigencia de residencia legal en el país de acogida, así como a limitaciones operativas del sistema consular.
Transparencia Venezuela recomienda eliminar trabas normativas, ampliar los mecanismos de inscripción en el exterior y garantizar el carácter continuo del registro electoral, de modo que los ciudadanos puedan actualizar sus datos durante todo el año.
Además, la implementación de auditorías independientes y la publicación completa de la data del padrón electoral para fortalecer la transparencia.
La organización sostiene que es necesario reforzar los mecanismos de control y sanción en el sistema electoral, particularmente en lo relacionado con el financiamiento de campañas y el uso de recursos públicos.
Las sanciones actuales son insuficientes y muchas infracciones no generan consecuencias efectivas, lo que contribuye a la desigualdad en la competencia electoral.
Entre las recomendaciones se incluyen la creación de procedimientos sancionatorios expeditos, con decisiones en plazos cortos, y la tipificación clara de conductas que afecten la integridad del proceso.
Insta a garantizar la publicación oportuna de resultados detallados y el acceso a la información en todas las etapas del proceso electoral, desde la postulación de candidaturas hasta la totalización de votos.
Estas medidas buscan asegurar que las elecciones en Venezuela sean verificables tanto para actores políticos como para observadores nacionales e internacionales.
Transparencia Venezuela insiste en que las reformas no pueden limitarse a ajustes parciales ni a la aplicación rutinaria de la legislación vigente, ya que el sistema arrastra déficits acumulados que requieren una respuesta excepcional.
En este sentido, el Estatuto Electoral Especial se plantea como un instrumento temporal, con reglas claras y previamente definidas, que permita corregir las distorsiones sin generar una excepcionalidad indefinida.
El documento subraya que este estatuto debe ser un conjunto de normas de un amplio acuerdo político y contar con desarrollo legislativo posterior, para evitar improvisaciones o modificaciones discrecionales de las reglas del juego electoral.
Además, advierte que cualquier proceso de transición debe garantizar estabilidad normativa, ya que cambios improvisados pueden afectar la confianza del electorado.
Por último, recomienda recuperar la integridad electoral en Venezuela pasa por reconstruir la confianza pública en el sistema, lo que requiere no solo reformas legales, sino también cambios institucionales y culturales.
Para Transparencia Venezuela, unas elecciones en Venezuela que aspiren a ser reconocidas como libres y democráticas deben cumplir con estándares mínimos de inclusión, transparencia e imparcialidad, actualmente ausentes.
FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo y Transparencia Venezuela
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