Es una legión de necesitados que denota desde personas con necesidades económicas hasta otras con problemas sociales, incluso drogadicción o condiciones mentales en algunos casos.
“Son 9,000 personas que experimentan la falta de vivienda o que anteriormente estuvieron sin hogar”, señaló Victoria L. Mallette, directora ejecutiva de la agencia condal, durante una conferencia telemática.
La gran mayoría de esas personas “cuenta con algún tipo de alojamiento”, señaló la funcionaria.
Aproximadamente 2,700 personas se encuentran en refugios repartidos por el condado de Miami-Dade, incluyendo viviendas de emergencia y/o alojamiento temporal, muchas de las cuales reciben algún tipo de financiamiento. Además, otras 5,000 personas viven en viviendas igualmente subvencionadas por el fondo común.
Vale recordar que Miami-Dade contabiliza casi tres millones de habitantes, por lo que la cifra de 9.000 apenas representa el 0.3% de la población, pero la grave crisis de vivienda asequible podría incrementar la cifra.
No obstante, según el último conteo, realizado en enero, hay unas 858 personas que no están albergadas por diferentes razones. Se trata de “personas que experimentan la falta de vivienda sin refugio, viviendo en la calle, en automóviles, en parques o en edificios abandonados”, apuntó la funcionaria.
Fondos
En 1992, la Comisión del Condado de Miami-Dade adoptó el impuesto del 1% sobre alimentos y bebidas, comúnmente conocido como el “impuesto para las personas sin hogar”.
La Legislatura de Florida aprobó este gravamen adicional para ayudar al Miami-Dade County Homeless Trust. Se aplica a las ventas de alimentos y bebidas en restaurantes que sirven alcohol y que tienen ingresos brutos anuales superiores a 400,000 dólares.
“Ya sea un residente o un turista, se trata de un impuesto del 1%, es decir, un centavo por cada dólar gastado en ese establecimiento”, enfatizó Mallette.
Así, “el 85% de los ingresos de ese impuesto sobre alimentos y bebidas va al Homeless Trust, y el 15% se destina a la construcción y operación de centros para víctimas de violencia doméstica”, añadió.
Según registros públicos, el monto varía cada año dependiendo de las ventas en bares y restaurantes, pero la recaudación típica oscila entre 20 y 30 millones de dólares anuales.
De hecho, el fondo común es compartido con varias organizaciones, como Camillus House y Rescue Mission, que, junto a las contribuciones limitadas del Gobierno federal, el Estado de Florida y privadas proveen las ayudas mínimas.
Experiencias
Basta recorrer las calles aledañas a Camillus House, una de las casas de acogida para necesitados, que se nutre precisamente del fondo de fidecomiso condal; para notar que donde antes pernoctaban cuatro o cinco, hoy hay más de 10 aparentemente sintecho.
Unos acuden a comer al comedor, otros cuentan con una cama y ducha en el albergue, pero algunos prefieren deambular por las calles para no tener que cumplir con reglas y horarios.
Mario, 52 años, es uno de ellos. Prefiere andar por las calles de Miami, con su mochila a cuestas y una bolsa llena de cosas en la mano, en busca de alguien que le dé un par de dólares, algo que comer o un lugar donde pasar la noche.
Visiblemente abrumado, incoherente por momentos, el hombre se mueve de un sitio a otro de la ciudad en los trollies que ofrecen transporte gratuito a la población.
“No me gusta el albergue porque cierran la puerta a las 7p.m. y piden estar allí antes para poder dormir, como si yo fuera un niño”, reclamó.
A la pegunta, cómo podemos convencer al necesitado para acudir al refugio, la directora ejecutiva del Homeless Trust explicó: “Debe haber ciertas reglas y límites para poder mantener la seguridad de todos. Si una persona tiene un trabajo o alguna responsabilidad, el refugio puede hacer excepciones, siempre que se proporcione prueba de empleo o de algún tipo de compromiso u horario. No intentamos dictar cómo deben vivir sus vidas, pero sí necesitan cumplir con los servicios ofrecidos”.
En otras palabras, “Si alguien falta tres, cuatro, cinco o seis noches consecutivas para dormir, no está bien porque sabemos que hay personas desesperadas por tener esa cama. Necesitamos que nos informen por qué no está durmiendo en esa cama. Tenemos una ocupación muy alta y cada cama es valiosa”.
Herramientas
Una mujer, que camina por Coral Way y habla sola, arrastra un carrito lleno de pertenencias en busca de un lugar donde acampar. No hay duda de que algún problema mental tiene. ¿Puede la policía hacer lo posible por ayudarla, incluso recogerla?
La ley de Florida sobre personas sin hogar Unauthorized Public Camping and Public Sleeping está en vigor desde el 1 de octubre de 2024 y prohíbe a personas sin hogar dormir en espacios públicos, como aceras, calles, parques o edificaciones abandonadas.
Además, exige que las municipalidades hagan cumplir la norma y fomenta trasladar a las personas sin hogar a refugios o áreas designadas.
Esta ley permite a las autoridades locales utilizar ciertas herramientas para “alertar de inmediato al equipo comunitario. Así, dependiendo del nivel de preocupación o de la queja, el equipo se despliega de inmediato hacia la persona en cuestión”.
Si la municipalidad no hace cumplir la prohibición, los residentes o dueños de negocios pueden demandar al gobierno local.
Sobre personas que deambulan ‘hablando solas’, existe la ley estatal Baker Act que permite a la policía, médicos o jueces optar por una evaluación psiquiátrica cuando una persona parece tener una enfermedad mental y/o representa un peligro para sí misma o para otros.
“Un oficial puede detener temporalmente a la persona y llevarla a un centro de evaluación si observa que la persona parece tener una enfermedad mental, está en riesgo grave o existe peligro de que se haga daño o haga daño a otros”, explicó el abogado Luis Martínez.
“En ese caso, la persona puede ser llevada a un centro de salud mental para una evaluación de hasta 72 horas”, especificó.
“Lo que la policía no puede hacer es detener a alguien por estar hablando solo o parecer extraño”, apuntó.
En el condado de Miami-Dade existen equipos de respuesta a crisis de salud mental, que pueden acudir para evaluar y ayudar a personas sin necesidad de arrestarlas.
En esos casos, el ciudadano debe contactar la policía, por ejemplo, el 911 si cree que hay peligro inmediato o llamar al 211 o al 3056314211 para reportar el caso.
Entretanto, preocupa la inequidad social. La brecha entre la clase alta y la baja aumenta, y eso es precisamente lo que sucede en los países menos favorecidos.
“La economía crece y genera empleos, pero son empleos que pagan poco. Hay que atraer industrias que paguen mejores salarios y para ello tenemos que invertir dinero para mejorar la infraestructura urbana: transporte público, mejoras a la red de alcantarillado y desagüe y amenaza de la subida del nivel de mar”, reclamó el exalcalde condal Alex Penelas (1996-2004) en una entrevista hace cinco años.