La Ley de Pensiones y un fallo judicial sobre tarifas de aseo urbano compromete el futuro de empresas y comercios en pleno proceso electoral, según expertos
El dictador Nicolás Maduro.
APCARACAS.- En medio del tenso clima electoral, el régimen de Nicolás Maduro impulsó en la última semana dos decisiones legales relacionadas con obligaciones fiscales, consideradas “nuevas embestidas” contra las empresas privadas, porque compromete el funcionamiento de estas, lo que podría precipitar sus cierres, según estiman especialistas.
Este 7 de mayo, la Asamblea Nacional favorable al chavismo sancionó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social que impone a los negocios privados una “contribución especial” de hasta 15% del total de los pagos a los trabajadores “por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”.
Además, faculta al Ejecutivo a establecer “anualmente el porcentaje correspondiente de la contribución especial, de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica”.
Seis días antes, el Supremo facultó a las alcaldías a bloquear solicitudes de empresas y de ciudadanos que necesitan solvencias, si no cancelan antes a una compañía particular las tarifas del servicio de recolección de basura, que pueden llegar a 2.000 dólares mensuales, según las dimensiones del local.
La sentencia judicial respondió a un reclamo de una empresa de tecnología, hecho en el año 2020, contra las altas tarifas de aseo urbano y una multa con cierre temporal que impuso la alcaldía por no declarar impuestos municipales, lo que atribuyó al “bloqueo arbitrario” de su acceso al portal por parte de la autoridad.
Tanto la nueva norma de pensiones como el fallo judicial han despertado inquietud y críticas por el impacto que causará en empresas y comercios, en medio del acrecentado asedio del régimen en pleno proceso electoral.
El nuevo tributo de la ley que Maduro promulgó este 8 de mayo, estaría destinado a alimentar el precario sistema de seguridad social con el cual el Estado, envuelto en la crisis financiera ante los bajos ingresos petroleros, acumula enormes deudas desde hace décadas.
En la actualidad, la pensión que asignan a unos 5 millones de personas de la tercera edad es de casi 3 dólares al mes, equivalentes a 130 bolívares, mientras la cesta alimentaria básica llega a 1.200 dólares, con una inflación interanual que alcanzó más de 64%, según el Banco Central.
Pero aun cuando el pago de pensiones es responsabilidad del Estado por norma constitucional, el nuevo instrumento traspasa por vía impositiva la obligación a las empresas aumentando así la carga fiscal que debe cumplir para evitar multas y cierres, entre otras sanciones.
Así, la ley se suma al menos a seis férreos impuestos y otros tres aportes de obligatorio cumplimiento de las empresas, con lo que se reducen sus ganancias en medio de las dificultades económicas, según expertos.
La nueva contribución constituye “una presión fiscal que puede comprometer el 60 % de la ganancia”, en el contexto de los impuestos, señaló el economista Asdrúbal Oliveros en una entrevista radial sobre la ley, en la que no desestimó que se intente garantizar mejoras a las personas de la tercera edad.
“El tema de las pensiones es álgido y se debe enmarcar en reformas estructurales profundas. Necesita un entorno económico sano”, afirmó.
Mientras, otros economistas califican de innecesaria a la ley, dado que “patrones” y trabajadores hacen aportes para el seguro social entre 9% a 11% de los salarios mínimos, y además “las leyes no se cumplen”.
Por otra parte, la sentencia del Supremo a favor de una empresa de aseo urbano que vinculan al chavismo y que concede nuevas facultades a una alcaldía, revalida el alto costo de la prestación del servicio y las medidas de la autoridad municipal por encima de la ciudadanía.
Comerciantes protestan las “tarifas excesivas” para la cantidad de ventas de un local en cualquier municipio de Caracas, donde la empresa presta sus servicios. Y también la nueva potestad de la alcaldía.
“Estamos atrapados. Si no pagamos la tarifa no podemos poner al día la patente del local y tendríamos que cerrar”, afirma una comerciante que debe cancelar a la empresa más de 130 dólares mensuales, monto que considera exagerado.
Mientras, otros locales de la zona han cerrado por no poder cancelar.
“Hay que alertar que la amplísima potestad que el Supremo le reconoce a las alcaldías puede dar pie a interpretaciones que sugieran dictar medidas, precisamente, como el bloqueo al pago de impuestos por el impago del servicio de aseo urbano”, advirtió la ONG Acceso a la Justicia al considerar el caso.
Y agregó que la situación podría ocurrir a escala nacional, lo cual implicaría una grave situación de indefensión a la ciudadanía en general.
En 2023, en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, se reportaron numerosas protestas para denunciar las altas tarifas del servicio de aseo y elevar la queja de que la compañía trató de embargar a unos 200 comercios que no lo podían cancelar.
FUENTE: Con información de AFP, TalCual, MundoUr, Acceso a la Justicia,
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