Las empresas deberán destinar para las pensiones hasta 15% del total de los pagos a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones
Sesión de la Asamblea Nacional (AN) "chavista".
AP / Matias DelacroixCARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes un nuevo tributo que recaerá en las empresas para destinarlo al sistema de pensiones, que está pulverizado por causa de años de inflación.
"Queda aprobado por unanimidad, en consecuencia, se declara sancionada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista y se remite al Ejecutivo nacional para su promulgación", señaló el jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
La ley establece que la "contribución especial" de las empresas "que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial".
La ley, que consta de 13 artículos, señala que "el presidente o presidenta de la República establecerá anualmente el porcentaje correspondiente de la contribución especial, de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica".
El chavismo atribuye la precariedad de las asignaciones mensuales destinadas a los más de cinco millones de pensionados del país a los efectos generados por las sanciones financieras que EEUU ha aplicado para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. El régimen de Maduro culpa a las sanciones de la crisis económica que experimenta el país caribeño, pero no explica el porqué la industria petrolera, otrora una de las más prósperas de Latinoamérica, está en el foso.
Expertos coinciden en que años de malas políticas petroleras, falta de mantenimiento y corrupción acabaron con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El principal ingreso de Venezuela es la venta de petróleo.
Venezuela ha sido castigada en los últimos años por una inflación crónica y por la constante depreciación de la moneda local desplazada por una dolarización informal que marca la mayoría de las operaciones.
Analistas ven esta nueva ley como un instrumento que alienta la voracidad fiscal sobre el sector empresarial, en el contexto de congelación del salario mínimo, que fue aumentado por última vez en 2022, y que ha impactado significativamente el consumo.
El salario mínimo es equivalente en la actualidad a menos de $4 y es tomado como referencia para el pago de las pensiones en Venezuela.
El "ingreso mínimo integral", como lo ha llamado el gobernante que buscará un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio, consta del salario mínimo de $3.50, unos $40 de un bono de alimentación y ahora otros $90 del denominado "Bono de Guerra Económica".
Venezuela ha sido castigada en los últimos años por una inflación crónica -Maduro proyectó en 60% el alza de precios para este año- y por la constante depreciación de la moneda local desplazada por una dolarización informal que marca la mayoría de las operaciones.
FUENTE: Con información de AFP
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