Uno de los abogados del régimen de Nicolás Maduro dijo que en algunos casos se han identificado a sospechosos y en otros no
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan junto al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
APCARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro admitió que la mayoría de los casos que fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) siguen abiertos o no se han concluido, según dijo uno de los abogados del Estado venezolano durante una audiencia en la Sala de Apelaciones del tribunal internacional celebrada este miércoles.
A la pregunta de cuál es el estatus de los 124 incidentes que fueron presentados ante la CPI, el abogado del régimen Aitor Martínez Jiménez respondió: "los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados".
Agregó que: "en relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, nueve detectives, nueve supervisores, dos oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y 31 sargentos", reseñó elnacional.com.
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la representación del régimen, añadió que en algunos casos se han identificado a los sospechosos y en otros no, porque la investigación no ha llegado a ese nivel.
"Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua", admitió.
La audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la CPI es en respuesta al recurso presentado por el régimen de Maduro en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan para continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano.
Para el abogado Mariano de Alba, asesor sénior de la organización Crisis Group, "el mismo gobierno (régimen) admite con sus documentos que la investigación de la gran mayoría de los casos está apenas en la fase preparatoria" y apuntó "por eso la investigación internacional debe continuar", escribió De Alba en su cuenta de la red social X.
Y explica: "las regulaciones de la Corte Penal Internacional requieren, al menos, investigaciones genuinas, que demuestren progreso por parte del Estado. Esto no ha sucedido en #Venezuela".
En la audiencia, la Fiscalía de la CPI señaló, por su parte, que en 47 de los casos presentados no se han identificado a los perpetradores, en tanto que 57 casos están en la fase preparatoria. Asimismo, la Fiscalía dijo que en 21 de los casos vio una caractarización jurídica inadecuada.
Sobre esto último, Emmerson argumentó que los Estados no están en la obligación de investigar la misma conducta que la Fiscalía de la CPI y señaló que en Venezuela los crímenes catalogados como de lesa humanidad están previstos como delitos ordinarios. A lo que un representante de la Fiscalía de la CPI dijo que es necesario que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta que esta instancia.
"Los procedimientos nacionales de los Estados tienen que extenderse a las afirmaciones factuales, porque si no lo hacen no podrán examinar de manera adecuada ni pronunciarse sobre la responsabilidad penal y el alcance del daño", explicó.
El representante de la Fiscalía sostuvo, además, que en Venezuela no se han investigado los elementos factuales de crímenes de lesa humanidad.
"Venezuela tuvo una posición de que no han ocurrido crímenes de lesa humanidad, que no hubo ataque contra civiles y que no hubo una política de Estado, que los hechos solo podían ser hechos aislados o abusos de oficiales públicos que actuaron para oponerse a manifestaciones violentas", resaltó.
Para De Alba, el régimen de Maduro "omite que su error está en no haber investigado si hubo políticas/directrices en organismos del Estado que hicieron posible la comisión de los crímenes durante las protestas de 2017" y consideró que "por esa inacción es que la investigación internacional debe continuar".
De Alba afirmó que luego de la audiencia "es muy probable que la Sala de Apelaciones confirme que la investigación internacional puede continuar"; sin embargo, acotó que "preocupa la confusión generada por la Fiscalía sobre si la investigación inició".
"El hecho de que la Fiscalía no haya iniciado todavía su investigación significa que es improbable que no veamos avances sustanciales en el corto e incluso mediano plazo. Esto incluye la solicitud de emisión de órdenes de detención contra presuntos responsables", advirtió.
El régimen venezolano insiste en que los abusos contra los derechos humanos han sido castigados y juzgados por su propio sistema judicial. Sin embargo, opositores y expertos sostienen que las condenas emitidas a los agentes del orden solo fueron una medida para evitar un juicio real.
La CPI expresó su preocupación de que Venezuela no parece estar investigando adecuadamente las alegaciones de crímenes de lesa humanidad. Según el tribunal, las investigaciones nacionales se centran en los perpetradores directos o de rango inferior, sin abordar los elementos contextuales de los crímenes.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de elnacional.com
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