La ONG FundaRedes destacó que los más afectados por la minería descontrolada en Venezuela son los pueblos indígenas
En Venezuela, militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y mineros ilegales chocaron durante un desalojo de la Parque Nacional Yapacana. Foto de archivo.
AFPCARACAS. - La ONG FundaRedes documenta 44 personas asesinadas en Venezuela en el contexto de la minería ilegal. En el boletín “Grupos Armados y Estado (régimen) venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas”. La organización señaló que los asesinatos registrados desde 2019 hasta la fecha se dieron a “manos de grupos armados irregulares, tanto de origen colombiano como venezolano; así como por miembros de la Fuerza Armada”.
De acuerdo con el informe correspondiente a este mes de noviembre, de las 44 muertes violentas, 20 víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11 casos) y Bolívar (9 casos), en el sur del país.
FundaRedes destacó que los más afectados por la extracción minera descontrolada en Venezuela son los pueblos indígenas. Indicó que si bien el Arco Minero se presenta con un marco de legalidad, en la zona confluyen varias situaciones delictivas: contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales.
La organización puntualizó que en los últimos años denunció el recrudecimiento de la violencia en territorios habitados por pueblos indígenas "que ha impactado aún más en la frágil supervivencia social y cultural de estos venezolanos que se han visto obligados a soportar los abusos oficiales y a convivir con la presencia de organizaciones armadas".
La ONG se refirió también a los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y civiles durante el desalojo de una mina en el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas (sur del país) que dejó la cifra oficial de tres fallecidos y varios heridos.
"Esto también ocurrió por responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional que incursionaron de manera violenta en el Parque Nacional Yapacana, según testimonios, y causaron daños, abusos y mayor vulnerabilidad con el argumento de erradicar los campamentos de minería ilegal pero afectando a todos por igual, sobre todo a los indígenas. A pesar de las denuncias, los militares que participaron en la operación fueron condecorados", se señaló en el informe.
Según registró FundaRedes, "la pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional y cuerpos policiales".
Asimismo, indicaron que sea por acción u omisión, el régimen venezolano "ha demostrado que incumple su obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de los pueblos indígenas asentados en territorios ancestrales que deberían ser zonas protegidas no expuestas a actividades de extracción minera ni devastación ambiental".
El director de FundaRedes, Javier Tarazona, está detenido desde julio de 2021 luego de sus constantes denuncias sobre la situación fronteriza, la actuación militar y la presencia de grupos armados en Venezuela.
Amnistía Internacional pide su liberación e indica que el proceso penal contra el defensor y principal vocero de la ONG "está plagado de irregularidades, como dilación de investigación, obstaculización de acceso al expediente y obstaculización en el ejercicio del derecho a la defensa".
@snederr
FUENTE: FundaRedes / Redacción Diario Las Américas
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