Renovar misión de derechos humanos, una petición para la ONU

"Si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que todavía se cometen, (en Venezuela). Podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias", señalaron en un comunicado conjunto.

Las ONG firmantes, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), resaltaron que la misión de la ONU es necesaria por la falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte del régimen de Nicolás Maduro, así como por las condiciones estructurales de impunidad o la falta de mecanismos internos de reparación.

"Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato", expresaron.

"Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones", sumaron. "Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones", sumaron.

Las ONG argumentaron que, en vista a las elecciones presidenciales de 2024, así como las legislativas y regionales de 2025, la misión puede tener un "papel clave" para disuadir la represión del régimen, que en los últimos períodos electorales "ha alcanzado niveles máximos".

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció este mecanismo para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, cuando se produjo una oleada de manifestaciones de calle en contra del régimen.

En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará del 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funciona como un mecanismo de represión en lugar de ser garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar cometiendo abusos.

Las organizaciones dijeron que la falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del régimen, de eludir el escrutinio internacional.

Asimismo, las ONG advirtieron que el régimen está "adoptando una estrategia de aparente colaboración" con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que "no es genuina". Recordaron que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En ese sentido, en la actualización oral del informe de su oficina, en julio pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.

Remarcaron que las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Explicaron que las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por el régimen no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño.

FUENTE: Con información de Europa Press / Examenonuvenezuela.com