Cuando el 13 de marzo de 1968, Fidel Castro anunció el cierre definitivo de pequeños negocios particulares, el trasfondo del ucase dictatorial era cortar de cuajo la independencia económica.
En la década de 1980 llegó una política implementada por el economista Humberto Pérez con el objetivo de elevar la calidad de vida, con ella se permitieron tímidas reformas salariales, nuevas gestiones de oferta estatal y la autorización de la comercialización privada de productos agrícolas y artesanales. Pero un furioso Fidel Castro, enarbolando al Che Guevara, el marxismo y la desviación ideológica inició su cruzada de 'rectificación de errores y tendencias negativas' que abarcaba toda la vida nacional.
El peligro latente en aquellos años, además de impedir la acumulación de dinero, era frenar los aires reformistas de la perestroika [reforma económica que antecedió a la desaparición de la antigua Unión Soviética] y la glasnost [política de apertura ideológica llevada a cabo junto a la perestroika, por el extinto líder Mijail Gorvachov] que llegaban desde el Kremlin.
Se volvió a la política de estimulación moral, a entregar medallas de calamina y diplomas de cartulina a los trabajadores destacados en sustitución del salario extra y los estímulos materiales.
En el verano de 1993 Cuba era un infierno. El hambre, apagones de doce horas diarias y enfermedades provocadas por la mala alimentación, mostraban una bestial crisis económica y social.
Se recurrió a los parches liberales. Alentar inversiones con firmas extranjeras, legalizar la tenencia de dólares y la apertura de decenas de negocios privados, que aunque cercados por impuestos draconianos, para muchos cubanos fue una oportunidad de salir del pantano.
El 31 de julio de 2006, el dictador Fidel Castro se aparta del poder por enfermedad y designa a dedo a su hermano Raúl al frente del Estado. Castro II conocía de antemano que el experimento social hacía aguas por todas partes. La productividad estaba por el suelo y el poder adquisitivo de la población era casi nulo. Entonces decidió ampliar el trabajo por cuenta propia y derogar un grupo de prohibiciones que rotulaban a Cuba como un latifundio feudal.
Tras año y medio de negociaciones secretas con funcionarios de la administración de Barack Obama, el 17 de diciembre de 2014 se acordó restablecer relaciones diplomáticas y comenzar a desmontar el embargo económico y financiero.
Al ser la Isla la domadora de la izquierda antimperialista en el continente, la autocracia verde olivo pensó que eso le abriría un hueco en la mesa de negociaciones con el Tío Sam. El plan de Castro y su séquito de generales, que sustituyeron los uniformes militares por guayaberas blancas, era fundar un capitalismo de Estado, patrocinado por Estados Unidos.
Pero Obama tenía sus propios planes. Para el mandatario estadounidense, los pequeños negocios privados junto con la ampliación de internet, eran la punta de lanza que transferiría la democracia a Cuba.
Con esos truenos, la gerontocracia criolla entró en pánico. Y comenzó el repliegue táctico. A cada piropo de la Casa Blanca dirigido a los emprendedores privados, las autoridades daban una nueva vuelta de tuerca al trabajo por cuenta propia.
El régimen no va a aceptar un Caballo de Troya. Hace seis meses, antes de que se suspendiera la entrega de 27 licencias al trabajo privado, el Estado entabló diversas batallas con taxistas privados, carretilleros y cooperativas no agropecuarias.
Por un borrador al cual tuvo acceso la agencia británica Reuters, se supo de un paquete de medidas restrictivas para aumentar el control del Estado y frenar las ganancias de los particulares.
Martí Noticias reportó que uno de los aspectos del proyecto del Gobierno, aún no divulgado, se enfocaba en sanciones penales que pueden ir de 3 a 20 años de privación de libertad o confiscación de bienes si, descubren ilegalidades en materia de contratación a empresas estatales.
Un funcionario de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria), afirma que “las nuevas medidas están dirigidas a impedir la acumulación de capitales. Se reforzarán los controles arancelarios. Y habrá mayor rigor en las inspecciones”. Y detalla algunas de las medidas que vienen en camino.
“Existía un limbo jurídico que la gente aprovechaba. Es el caso de los dueños de decenas de automóviles, yipis y camiones que alquilan a terceros. Eso se va prohibir. Solo el dueño del automóvil puede ejercer su licencia. El documento final debe aprobarse antes del 19 abril. Es un estudio multifactorial con la Fiscalía, MININT, ONAT y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tendrá nuevas funciones. Se creará un cuerpo de inspectores especializado que velará por las ganancias de dinero no declaradas”.
Según el funcionario, “se va a crear un mecanismo bancario, donde semanalmente el dueño del negocio tiene que reportar la entrada y salida de dinero. También un modelo más exhaustivo para detectar la doble contabilidad, algo habitual en el 90 por ciento de los de negocios particulares. A los que suelen comprar alimentos robados de centros turísticos o almacenes estatales, además de una multa cuantiosa (de 10.000 pesos o más), se le cancelará la licencia y se les decomisarán sus bienes”.
¿Qué persigue el régimen con esta nueva política, desestimular el trabajo privado o impedir que la gente haga dinero?, DIARIO LAS AMÉRICAS preguntó. “Las dos cosas. Miles de graduados apuestan por los negocios particulares, creando un déficit en el empleo estatal. La intención es que las ganancias de los privados no superen por cinco el salario promedio de 650 pesos mensuales que paga el Estado. Los nuevos controles imposibilitarán que se gane mucho dinero de manera legal”.
Juan Carlos, dueño de una paladar habanera, considera que “lo que viene es candela. No sé hasta qué punto sea razonable, por la situación económica actual de Cuba, llevar a cabo un ofensiva contra nosotros. Los particulares pagamos a los empleados de cinco a diez veces más de lo que gana un asalariado estatal. Yo, por ejemplo, pago el 10 por ciento de las ventas a mis trabajadores. Al finalizar la jornada, se van a casa con 30 o 40 cuc diarios. Cuando aprieten la soga, la gente comenzará a pinchar [trabajar] por la izquierda. Siempre pasa igual”.
Lo ideal en una sociedad empobrecida con una economía improductiva como la de Cuba, es que el Estado renuncie a ser el dueño de miles de empresas, dada su incapacidad de administrarlas con eficiencia; permitir que florezcan los negocios privados; cobrar impuestos razonables; que los emprendedores puedan importar directamente del extranjero y autorizar inversiones de emigrados cubanos.
Fue la fórmula que, a pesar de la falta de democracia, permitió superar la hambruna, propiciar el desarrollo y lograr prosperidad en naciones comunistas como China y Vietnam.
El régimen castrista cree lo contrario. Lo que se avizora es más Estado. Y menos negocios privados.
