Abogados de la presa política del régimen, Rocío San Miguel, denuncian que el tribunal de Terrorismo pretende hacer la audiencia preliminar sin sus abogados
La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con medios independientes en Caracas en 2019.
AFP/ARCHIVOCARACAS.- La abogada Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, lleva 92 días presa por motivos políticos sin poder designar sus abogados en el proceso por presunto terrorismo, que autoridades judiciales intentarían sumir en el secretismo judicial que es contrario a la norma procesal penal, según la sus abogados asesores.
Juan González y Joel García, del equipo asesor de la directora de la ONG Control Ciudadano, informaron este 9 de mayo en la noche que el tribunal segundo de control de Terrorismo tenía previsto celebrar la audiencia preliminar para Rocío San Miguel, lo que suponía su traslado al acto procesal en el que podría nombrar a sus abogados y exponer los alegatos en su defensa, como establece la norma penal. Pero desconocen si ocurrió.
“El juzgado segundo de control de Terrorismo sabe que estamos aquí, y estamos atentos a la pretensión de realizar el acto de la audiencia preliminar”, informó González desde la sede del Palacio de Justicia, a la espera del traslado de San Miguel al tribunal desde la sede de los calabozos del Sebin, en el Helicoide.
Sin embargo, a las 10:05 pm el personal del tribunal de Terrorismo se retiró, sin que los abogados lograran tener información.
“No es de extrañar que cerca o pasada la medianoche pretendan hacerle la audiencia a Rocío San Miguel”, advirtieron a través de las redes al retirarse del juzgado sin que hasta la fecha se conozca si la audiencia se realizó.
El hecho es considerado una nueva violación del derecho a la defensa y al debido proceso de San Miguel, ambos consagrados en la Constitución y referidos también en el Código Procesal Penal.
La abogada ha permanecido tras las rejas sin poder recibir más visitas que la de su hija, entre otras limitaciones, luego de ser detenida el 9 de febrero y procesada en una investigación llena de arbitrariedades.
El Ministerio Público le formuló cargos por traición a la patria y terrorismo, entre otros delitos graves, en una investigación por supuesta conspiración que suma más de 30 detenidos, según la información fiscal.
Además, ha puesto sobre el caso el sello de secretismo judicial, lo que vulnera las normas de apertura y transparencia en el proceso penal.
El 7 de mayo pasado, el expiloto militar y preso político Alejandro González, relacionado con San Miguel, fue presentado ante el juez en la audiencia preliminar por vía telemática desde su sitio de reclusión en el Rodeo I, ubicada en una localidad en las afueras de Caracas.
En este acto, que es el de mayor importancia en el proceso por cuanto el acusado presenta las pruebas para demostrar su inocencia, tampoco se le permitió a González designar sus abogados para ejercer debidamente su defensa. Su equipo se enteró del acto horas más tarde.
El expiloto fue imputado por la fiscalía al servicio del régimen como presunto responsable de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación en el caso de una supuesta conspiración.
Tanto San Miguel como González tienen defensores públicos asignados por el tribunal, pero no han ejercido sus funciones, reclaman reiteradamente los abogados.
Una vez realizada la audiencia, el juez determinará si hay suficiente evidencia o no para llevar a juicio a un acusado.
FUENTE: Con información de redes sociales, Diario Las Américas
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