La activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, lleva 86 días presa en El Helicoide
La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con medios independientes en Caracas en 2019.
AFP/ARCHIVOCARACAS.- La activista de derechos humanos, Rocío San Miguel cumple sus 58 años este lunes, por lo que pasará su cumpleaños presa en El Helicoide y aún sin contar con defensores privados, tras su detención el pasado 9 de febrero por parte del régimen de Nicolás Maduro, que la vincula, sin pruebas, con una supuesta conspiración para atentar contra Maduro y la soberanía de Venezuela.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, lleva 86 días presa. Fue acusada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. El abogado Joel García afirmó que San Miguel está en un estado de "indefensión", pues sus defensores privados no han podido asumir el caso y tener acceso al expediente para preparar la defensa.
"80 días han transcurrido desde la detención de Rocío San Miguel y Alejandro González, en estado de indefensión fueron acusados por el Ministerio Público y en ese mismo estado pretenden hacerles la audiencia preliminar para luego llevarlos a juicio. A un paredón sin defensa", escribió García en la red social X el pasado 29 de abril.
El cumpleaños 58 de San Miguel coincide con el día en que el Estado venezolano debe ofrecer un informe de cumplimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la llamada "Lista Tascón", en el que la activista se vio afectada. Rocío y su hija poseen medidas cautelares de protección por parte de la CIDH.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Caracas, cuando se disponía a tomar un vuelo comercial junto a su hija. Tres días después, el Ministerio Público acusó a la activista de DDHH y a cinco de sus familiares de estar presuntamente involucrados en tramas de conspiración contra el régimen.
Durante la audiencia de presentación la activista no contó con abogados privados, un derecho establecido en las leyes venezolanas. Días después fueron excarcelados tres de sus familiares.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab acusó a la activista de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional de Venezuela con otros países. El fiscal aseguró que San Miguel tenía en su residencial mapas cartográficos de instalaciones militares venezolanas y sus zonas de seguridad. Agregó que esa información la obtuvo San Miguel a través de colaboración militar.
Asimismo, Saab señaló que el número de teléfono de San Miguel estaba entre los de un grupo de militares que estaban detrás de una presunta operación para atentar contra Maduro.
Desde enero, el régimen ha dicho que ha descubierto varias supuestas conspiraciones en la que ha involucrado a políticos de oposición, militares, periodistas y activistas y defensores de DDHH. A los que han detenido, arbitrariamente, se les ha negado que puedan tener una libre defensa, violando así derechos universales y las leyes del país.
FUENTE: Con información de El Nacional / versionfinal.com.ve
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