CARACAS.-Mientras la corrupción devora las arcas del Estado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro limita los aumentos de salarios de la administración pública y privada.
Según la organización Transparencia Venezuela en la última década se han registrado 220 casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela (PDVSA) que comprometen más de 68.000 millones de dólares.
A estos casos se suma la última trama de corrupción que provocó la pérdida de 3.200 millones de dólares a través de operaciones fraudulentas de ventas de petróleo y operaciones con criptomonedas.
Si se hace un lado la recientemente trama de corrupción descubierta en torno al círculo de poder el exministro Tareck El Aissami el caso de corrupción más emblemático -del que se tiene conocimiento y evidencia- se trata de la demanda que PDVSA presentó en Florida en contra de decenas de empresas vinculadas al sector petrolero. Entre los 40 demandados están la compañía rusa Lukoil y la suiza Glencore, presuntamente involucradas en una conspiración que se mantuvo durante una década, que consistía en la obtención de información privilegiada en tiempo real sobre los procesos de licitación a través de la clonación de computadoras en PDVSA, con un servidor espejo que presuntamente se encontraba en Miami.
En el centro de la presunta red de corrupción se encuentran dos ex operadores de la estatal petrolera: Francisco Morillo y Leonardo Baquero, quienes, junto con los otros integrantes de la conspiración, presuntamente “pagaron sobornos a empleados de PDVSA”, para defraudar a la empresa estatal y obtener los contratos, señala uno de los documentos presentados en el tribunal. En este caso se trata de un desfalco por 10.000 millones de dólares.
La corrupción crece, pero los salarios se pulverizan
Mientras la corrupción aumenta, la burbuja de la recuperación económica parece llevar a su fin. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el país puede estar entrando en un nuevo “ciclo recesivo” luego de registrarse una significativa caída de la actividad económica en el primer trimestre del 2023.
Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima que el PIB de Venezuela crecerá 3,6% durante este año, mientras que la inflación cerrará en 400%.
Sobre la inflación el IIES recordó que lo estimado de 400% para el cierre de año superaría el 276% de inflación alcanzado en 2022. "El incremento de la emisión de dinero, en un contexto de poca credibilidad en la moneda local, se tradujo en un deterioro de las expectativas inflacionarias y, como es natural, terminó depreciando el tipo de cambio y con ello incrementando las presiones inflacionarias", se lee en el informe.
En medio de la desaceleración de la economía, Maduro anunció el aumento de los bonos y pagos extraordinarios que complementan el salario de los venezolanos. En concreto, un trabajador de la administración pública devengará al final del mes de mayo de 2023 un bono como compensación por “la guerra económica” contra Venezuela equivalente a 30 dólares y un cestaticket (bono sin incidencia salarial en pasivos laborales) equivalente a 45 dólares, dejando el salario mensual básico en apenas 5 dólares.
En total, un trabajador del gobierno venezolano puede aspirar a recibir como pago mensual entre 35 y 65 dólares, porque el bono por la guerra económica no es universal, sino asignado discrecionalmente.
Por otra parte, los jubilados y pensionados apenas recibirán 25 dólares mensuales.
Economistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS sostienen que el mejor indicador de que el gobierno no tiene recursos para aumentar el salario es la tasa de inflación, porque se mantiene la práctica de “imprimir dinero” para cubrir la parte de los aumentos que no pueden financiarse con ingresos fiscales.
Una burla
Los integrantes de la Plataforma Unitaria rechazaron los anuncios de Maduro argumentando que el jefe del Estado “se burló de los trabajadores en cadena de radio y televisión, después de meses de lucha en la calle y ante el justo reclamo de los venezolanos, el régimen ignoró las necesidades de millones de ciudadanos que hoy sobreviven con un salario de cinco dólares”.
Según el comunicado, “Maduro dejó embarcados a los trabajadores del país. Ni un solo bolívar de aumento en el salario integral. Solo se limitó a anunciar un ajuste en los bonos, que no son salarios, y que además siguen siendo montos insuficientes: 30 dólares para el llamado bono de guerra económica y 40 dólares de cestaticket que no es ni 10% del costo de la canasta básica alimentaria que hoy ronda los 500 dólares.
Sin embargo, para el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, aún existen recursos para aumentar el salario mínimo porque las "exportaciones petroleras el año pasado aumentaron (…) Calculamos que se podría aumentar entre 100 y 150 dólares mensuales. Plata hay para un aumento razonable. Un aumento de sueldo entre 100 y 150 dólares se podría financiar”.
Guerra sostiene que Maduro declaró en bancarrota al país al pagar cinco dólares de salario mínimo. El economista recuerda que Venezuela “entre los años 1999 y 2013, antes de las sanciones, recibió por exportaciones petroleras 950.000 millones de dólares y que al mismo tiempo aumentó su deuda externa de 30.000 millones en 1999 a 120.000 millones de dólares en 2013”, momento en que llegó al poder el madurismo.
No obstante, el gobierno venezolano tiene otros cálculos, al punto que sigue buscando recursos a través de China.
Según la agencia de noticias Bloomberg “funcionarios de alto rango de China y colaboradores cercanos a Maduro se reunieron en Caracas el mes pasado para discutir la reestructuración de la línea de crédito de larga data de Venezuela y discutir áreas potenciales para renovar la colaboración, como las telecomunicaciones y el petróleo”.
