QUITO — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles en medio de protestas contra el incremento de los precios de los combustibles y que el sábado se tornaron particularmente violentas en Quito, cuando manifestantes encapuchados atacaron una televisora, un diario, vehículos particulares y bloquearon casi toda la capital del país.

Moreno anunció la imposición de un toque de queda a partir de las tres de la tarde de Ecuador que las fuerzas armadas se encargaran de cumplir, una medida anunciada unas horas después de que los manifestantes se apoderaran de diversos sectores de la capital y realizaran los ataques, que también afectaron las oficinas de la Contraloría.

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El toque de queda “facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Pobladores de Calderón, un pueblo cerca de la capital, capturaron a decenas de policías y militares y los llevaron a los camerinos del estadio local. Previamente fueron desarmados y obligados a quitarse las botas. Oficiales y dirigentes negocian su liberación.

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron blanco de los ataques, mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

Las escenas de bloqueos con llantas, palos y montículos de tierra, que al inicio del día eran esporádicas, se generalizaron y aumentaron en violencia en toda la ciudad impidiendo el paso a vehículos particulares con agresiones con palos y piedras.

En otras áreas de la ciudad grupos de manifestantes se movilizaban en camionetas o a pie, con banderas y en medio de gritos de protesta.

El toque de queda fue inicialmente aplicado en Quito a partir de las tres de la tarde, pero luego el mandatario emitió un decreto para ampliarlo a todo el país y aplicarlo diario desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

Moreno acusó a grupos de narcotraficantes y a seguidores del expresidente Rafael Correa de estar detrás de los actos violentos.

“Ventajosamente los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas”, dijo.

En los últimos días, grupos indígenas habían encabezado las protestas más recientes, pero no se había llegado a estos niveles de protesta.

El presidente ha hecho varios llamados al diálogo y tras un rechazo inicial, líderes indígenas dijeron que estaban dispuestos a hacerlo, aunque la posibilidad de sentarse a la mesa se vio opacada por los hechos violentos del sábado.

En medio de una manifestación, se desprendió un grupo de encapuchados que rompieron las puertas de la Contraloría del Estado, que custodia la documentación para procesar actos de corrupción. Los alzados destruyeron oficinas y documentos a su paso y provocaron incendios en varios pisos.

En el edificio, que está a mitad de camino entre la Asamblea y el sitio donde están apostados los manifestantes indígenas, están los documentos de respaldo de las investigaciones de corrupción, buena parte de ellas a ex altos funcionarios del gobierno de Correa (2007-2017).

La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló en su cuenta de Twitter que fueron detenidas 30 personas que se habían apostado en la terraza de la Contraloría.

En algunos sectores altos de la capital incluso se reportaron cortes del servicio de agua.

El alcalde de la capital, Jorge Yunda, en declaraciones a periodistas dijo que los manifestantes tienen derecho a protestar, “pero no vamos a permitir que se vaya más allá de una protesta”.

En medio de la situación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en un mensaje en Twitter, aseveró que “luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenin (Moreno)”.

Las protestas se caracterizaron hace casi dos semanas por mítines y manifestaciones en el sector centro norte de la capital, donde los manifestantes atacaron con piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos.

Miles de indígenas se mantienen concentrados en las instalaciones de la Casa de la Cultura y universidades cercanas desde donde han salido a protestas diarias.

Con una deuda de 64.000 millones de dólares y un déficit anual de 10.000 millones, el presidente Moreno ha decidido aumentar los impuestos, flexibilizar las leyes laborales y recortar el gasto público para poder obtener más de 4.000 millones de dólares en financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional.

Como parte de ese plan, Moreno eliminó un subsidio al precio de los combustibles el 2 de octubre, lo que hizo que la gasolina se elevara. El pánico y la especulación provocaron un alza enorme en los precios, y los costos de algunos productos -las papayas y las tarifas de los autobuses rurales, por ejemplo- se duplicaron o más.

Los pobladores indígenas de Ecuador, destrozados por la pobreza y desatendidos por los programas gubernamentales, estaban furiosos. Durante la semana pasada, miles de shuar, saraguro, quechua y otras etnias indígenas llegaron a Quito desde lo profundo de la Amazonía y desde los poblados en los Andes ecuatorianos.

A pesar de la difícil situación, Moreno ha dicho que no puede reanudar los subsidios a los combustibles. El país está en bancarrota y ceder ante los manifestantes sería una derrota en el esfuerzo del presidente por revertir las políticas de su predecesor y exmentor, Rafael Correa.

FUENTE: Con información de AP

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